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Editorial

Una decisión arbitraria y unilateral

La insólita decisión del Gobierno español, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, de vetar el nombramiento de los consellers aboca a un nuevo capítulo de la crisis institucional en Catalunya

Lunes, 21 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

La decisión del Gobierno español de vetar el nombramiento de todos los consellers del nuevo Govern designados el sábado por el president, Quim Torra, resulta insólita por las formas y por las consecuencias. Las formas resultan cuestionables en el sentido de que hay un bloqueo de facto del cumplimiento de un procedimiento reglado como es la elección de gobierno en Catalunya y su asunción de funciones tras el ejercicio formal de publicar sus nombramientos. El cuestionamiento de la idoneidad de los mismos y de la efectividad del ejercicio de las funciones de quienes no están físicamente al frente de sus carteras -bien por encontrarse en prisión, bien por estar en el extranjero- es un debate político legítimo, pero su legalidad no debería poderse suspender por medio de una decisión administrativa unilateral del poder ejecutivo, sin la garantía del judicial, y por mucho que esté pactado por una mayoría de naturaleza política como la que constituyen PP, PSOE y Ciudadanos. El escenario resultante constituye una obstrucción del autogobierno y profundiza en la crisis institucional que amenaza con hacerse crónica en el Estado. La orden, fruto del acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2017 tras la autorización del Senado, que regula la aplicación del artículo 155 establece que las medidas adoptadas para la intervención de la Generalitat “serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat resultante de la celebración de las correspondientes elecciones al Parlament”. La ingeniería administrativa ideada por el Gobierno de Mariano Rajoy impide de facto la toma de posesión de los consellers -de todos ellos-, autoproclamándose intérprete exclusivo de la “viabilidad” de los nombramientos. La improvisación ha sido tal que el propio Gobierno español tuvo que emitir una nota aclaratoria para explicar que se negaba a publicar en el Diari Oficial de la Generalitat los nombramientos de los consellers, pero que sí daba validez al decreto de creación, denominación y ámbito de competencias de los departamentos del nuevo Govern. El Gobierno español y los partidos que le apoyan pueden entender que la decisión de Torra es “una provocación”, pero su respuesta improvisada va en detrimento de los administrados y prolonga una provisionalidad que no permite poner en marcha el diálogo ofrecido por ambas partes.


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