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Urkullu felicita al nuevo Relator de la ONU que avaló la ley de abusos

Fabián Salvioli defendió la ley para víctimas de excesos policiales ante el recurso del Gobierno español en el Constitucional

H. Unzueta - Miércoles, 9 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Jonan Fernández y Fabián Salvioli, en Gasteiz.

Jonan Fernández y Fabián Salvioli, en Gasteiz.

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Jonan Fernández y Fabián Salvioli, en Gasteiz.

Donostia- La Ley vasca de abusos policiales ha recibido una inyección de legitimidad internacional con el reciente nombramiento como Relator Especial de la ONU de Fabián Salvioli. El nuevo estatus institucional del jurista argentino imprime de manera indirecta una dosis extra de validez a la norma vasca recurrida ante el Tribunal Constitucional en varios de sus puntos por el Gobierno español. Salvioli avaló el año pasado la ley y defendió su encaje en los estándares y el derecho internacionales. Su informe de defensa de esta norma está incluido en las alegaciones presentadas por el Gobierno Vasco contra el recurso de inconstitucionalidad.

El lehendakari felicitó a Salvioli a través de la redes sociales, y le agradeció “su contribución a Euskadi” al haber elaborado el informe sobre “la compatibilidad” al derecho internacional de la Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política.

El experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas mantuvo un encuentro con Iñigo Urkullu en la sede de Lehendakaritza, en Gasteiz, el 24 de abril de 2017 y, posteriormente, este presentó las conclusiones de su informe en el que apuntaba que la Ley vasca “cumple con el derecho internacional de los derechos humanos y con las normas de órganos internacionales en materia de reparación de víctimas”.

La norma vasca, que se encuentra suspendida parcialmente por la impugnación del Gobierno español, aspira a reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999.

El Ejecutivo de Rajoy interpreta que la ley se entromete en las competencias de los jueces, mientras que el Gobierno Vasco sostiene que tiene un cariz administrativo y se persigue reconocer que hubo una vulneración de un derecho, pero sin entrar a fijar responsabilidades penales.


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