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Lamela propone juzgar a tres históricos de ETA por delitos de lesa humanidad

La jueza de la AN concluye el sumario para ‘Txeroki’, ‘Ata’ y ‘Gurbitz’ pero no para Urrutikoetxea, en búsqueda y captura

Igor Santamaría - Martes, 1 de Mayo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

‘Txeroki’, ‘Ata’ y ‘Gurbitz’ cumplen condena en Francia y se les quiere juzgar por los delitos cometidos desde 2004;Urrutikoetxea está en búsqueda y captura. Fotos: Efe

‘Txeroki’, ‘Ata’ y ‘Gurbitz’ cumplen condena en Francia y se les quiere juzgar por los delitos cometidos desde 2004;Urrutikoetxea está en búsqueda y captura. Fotos: Efe

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‘Txeroki’, ‘Ata’ y ‘Gurbitz’ cumplen condena en Francia y se les quiere juzgar por los delitos cometidos desde 2004;Urrutikoetxea está en búsqueda y captura. Fotos: Efe

Donostia- A escasos días de que ETA formalice su disolución, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela cerró el sumario que incoó contra los jefes de la organización armada Mikel Karrera Ata, Aitzol Iriondo Gurbitz, y Garikoitz Aspiazu Txeroki por crímenes de lesa humanidad y propone juzgarles dos años después del procesamiento de todos ellos por los asesinatos cometidos por la organización desde el año 2004. La magistrada concluye esta parte indagatoria tras tomar declaración a los tres miembros de la cúpula de ETA que cumplen condena en Francia, pero no así respecto al exparlamentario de la entonces ilegalizada Euskal Herritarrok Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, a quien no se pudo comunicar su procesamiento al encontrarse en busca y captura.

Ahora se abre lo que se denomina fase intermedia y se remite a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal a fin de que se pronuncie acerca de la apertura de juicio oral contra los tres históricos de ETA, de acuerdo con la resolución de Lamela, que desgajó la causa en seis procedimientos diferentes cuando se puso al frente de la instrucción al estimar que no existía nexo de conexividad entre los atentados investigados.

Las pesquisas arrancaron en julio de 2015 a partir de las querellas presentadas por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), la Fundación Luis Portero y otras víctimas de ETA. En octubre de ese año el antecesor de Lamela en el juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Juan Pablo Gónzález, procesó a los cuatro jefes de ETA, además de a Aitor Elizaran Sarasola, aunque la causa para este último se archivó.

un delito incorporado en 2004El magistrado recogió en su auto siete atentados mortales cometidos por ETA desde 2004, fecha en la que el delito de lesa humanidad quedó incorporado al Código Penal, y les imputó un total de 25 delitos de asesinato terrorista por atentados como los que acabaron con la vida de los ecuatorianos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio en la T-4 de Barajas en diciembre 2006;el exconcejal socialista Isaías Carrasco en Arrasate en marzo de 2008;el guardia civil Juan Manuel Piñuel en Legutiano en mayo de ese año;y el brigada Luis Conde en Santoña en septiembre. También atribuyó a la cúpula de ETA los atentados en los que fallecieron el empresario Inaxio Uria en Azpeitia en diciembre de 2008;el policía nacional Eduardo Puelles en Arrigorriaga en junio de 2009;y los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá en Calviá en julio de 2009.

El juez instructor atribuyó siete delitos de asesinato a Ata, seis a Iriondo, cinco a Txeroki, cinco a Elizaran y dos a Josu Ternera, que “estuvo al frente del aparato político” de ETA durante los años 2005, 2006 y 2007 “en unión” del fallecido Xabier López Peña, Thierry. Igualmente, les impuso fianzas por valor de responsabilidad civil de siete millones de euros para Ata, seis millones para Gurbitz, cinco millones de euros para Txeroki y, finalmente, dos millones a Josu Urrutikoetxea.

En su auto expuso que en todos estos atentados los “máximos dirigentes” de los aparatos político y militar de ETA en el periodo investigado “tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado”. En el caso del atentado de la T-4, que rompió la tregua decretada por la organización en 2006, el de Isaías Carrasco, días antes de las elecciones generales de 2008, o el del empresario Uria, vinculado a las obras del tren de alta velocidad, el juez González desgranó que de ninguna manera pudieron ser ejecutados sin que los autores materiales recibieran órdenes concretas y precisas de los máximos dirigentes de la organización armada.

El magistrado instructor les imputó el delito de lesa humanidad, contemplado en el artículo 607 del Código Penal, al entender que estos atentados se cometieron “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o parte de ella” y que las víctimas lo fueron por su pertenencia “a un grupo colectivo perseguido por razones políticas, étnicas, religiosas”. Por ello, de abrirse apertura de juicio oral, será la primera vez que miembros de ETA se sienten en el banquillo de los acusados por este tipo penal.

Por otra parte, la querella que dio origen al inicio de las pesquisas también estaba dirigida contra Marixol Iparragirre, Anboto;Gorka Palacios, Jurdan Martitegi, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi;Eugenio Etxebeste, Antxon;José Luis Ansola, Peio el Viejo y Francisco Mujika Garmendia, Pakito.

jefes de ETADesde 2004 las cúpulas de ETA estuvieron encabezadas por Antza, detenido junto a Anbotoen octubre de ese año, siendo el dirigente que más tiempo estuvo al frente de ETA desde que asumiera la dirección en 1993 tras la caída de Bidart. Le sucedió Josu Urrutikoetxeay después Thierry, arrestado en 2008. Posteriormente tomó el testigo Txeroki, que se hizo cargo del aparato militar hasta su detención en 2008. El trabajo policial y la colaboración con Francia llevó a la captura en solo seis meses de los nuevos jefes militares: Aitzol Iriondo y Jurdan Martitegi, que cayeron en diciembre de 2008 y abril de 2009, respectivamente.


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