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El exministro Gallardón, imputado por el ‘Caso Lezo’

Responderá por la presunta compra fraudulenta de una empresa en 2011 cuando ejercía de presidente de Madrid

La Fiscalía aprecia que pudo cometer delitos de prevaricación y malversación

Imanol Fradua - Viernes, 27 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Gallardón, junto al presidente Mariano Rajoy y su exconsejero Manuel Cobo.

Gallardón, junto al presidente Mariano Rajoy y su exconsejero Manuel Cobo. (Foto: N.G.)

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Gallardón, junto al presidente Mariano Rajoy y su exconsejero Manuel Cobo.

donostia- En plena vorágine del escándalo por la dimisión de Cristina Cifuentes, el PP de la Comunidad de Madrid suma un nuevo imputado de relumbrón. El juez del caso Lezo ha citado a declarar como investigado, denominación que anteriormente se calificaba como imputado, al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón por la compra presuntamente fraudulenta en 2001 de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II, la firma pública responsable del ciclo integral del agua en la Comunidad de Madrid. Gallardón, que deberá de responder por presuntos delitos de malversación y prevaricación que le achaca la Fiscalía, ha sido citado para el 7 de junio. En los dos días anteriores desfilarán por delante del magistrado Manuel García Castellón el que fuera consejero madrileño de Justicia y presidente del Canal, Carlos Mayor Oreja, y el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.

El curso judicial en el que se había sumido el caso Lezo en la Audiencia Nacional predecía que Gallardón tuviera que dar explicaciones como imputado. El juez había estrechado el cerco sobre el ahora investigado expresidente madrileño, exalcalde de la capital española y exministro de Justicia del PP. Lo hizo al señalar judicialmente a finales del año pasado a 24 de sus estrechos colaboradores en el Ejecutivo que comandó de 1999 a 2003. El criterio de la Fiscalía también ha tenido su peso, si bien la clave ha radicado en las diligencias por la compra de Inassa practicadas en el Estado español, Colombia, Panamá y la República Dominicana. La Justicia analiza el caso dentro de la pieza 1 de la trama Lezoal considerar que en los 73 millones de dólares -unos 61 millones de euros- que se pagaron a través de una empresa con sede en Panamá por adquirir el 75% de la firma colombiana Inassa pudo existir “una sobrevaloración claramente perjudicial” para los intereses del Canal de Isabel II. Asimismo, las investigaciones apuntaban a que la operación se hizo a través de una “compleja estructura societaria” que contravino “de plano” los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la propia Comunidad.

fiscalía La trama Lezo viene dejando un reguero de víctimas en el seno del PP madrileño, con Gallardón y los expresidentes de la Comunidad, Ignacio González y Esperanza Aguirre, como principales cabezas visibles. La terna de imputados en escalafones menores tampoco es baladí, ya que asciende a una treintena de responsables de la administración autonómica madrileña. En el caso concreto de Gallardón, la Fiscalía ya apuntó hacia su imputación con anterioridad, ya que en noviembre de 2016 reclamó al juez que investiga la trama que analizara al exlíder popular de Madrid por el presunto desfalco de varios millones de euros en esta compra, una operación que, según Anticorrupción, estuvo controlada por él o por “su gente”. Que el magistrado que tramitaba el caso, Eloy Velasco, dejara su cargo no ha sido óbice para que la instrucción haya quemado nuevas etapas, incluso hasta alcanzar a Gallardón. Tampoco que el fiscal Carlos Yáñez fuera sustituido.

Gallardón pudo ofrecer sus explicaciones en una comparecencia en la comisión sobre corrupción de la Asamblea de Madrid, celebrada en diciembre de 2017, en la que defendió que la adquisición de Inassa fue “legal”, “ética” y “beneficiosa para los madrileños”. De la misma forma, y pese a reconocer que apenas supo sobre la transacción protagonizada por el Canal de Isabel II, se escudó en que la compra fue ajustada a la legalidad, tal y como arrojaron los informes técnicos.

Reacción de Catalá. El ministro de Justicia Rafael Catalá consideró ayer que la decisión de la Audiencia Nacional de citar a declarar como investigado al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón se enmarca “dentro del funcionamiento normal de la Justicia”. Gallardón tendrá la oportunidad de defenderse, aseveró Catalá, por lo que todos los ciudadanos deben tener la “seguridad de que la Justicia española funciona con independencia, con cualificación, con tutela de los derechos de todos”.


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