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Lakua aboga por atender el perfil social en los desahucios exprés

Una vivienda ocupada podría ser desalojada en 20 días, plazo que ahora puede prolongarse hasta dos años

Jueves, 26 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Iñaki Arriola, consejero de Vivienda, Planifiación Territorial y Medio Ambiente

Iñaki Arriola, consejero de Vivienda, Planifiación Territorial y Medio Ambiente

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Iñaki Arriola, consejero de Vivienda, Planifiación Territorial y Medio Ambiente

“Hay que tener en cuenta todo en su conjunto, no solo una fórmula que recorte plazos”

donostia- La pregunta para el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco era obligada tras la aprobación (en la tarde-noche de este pasado martes) de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los desalojos de viviendas de particulares ocupadas. En opinión de Iñaki Arriola, si bien “es plausible” acortar los plazos de la justicia, la nueva normativa debería analizar y atender la faceta social de cada caso.

Tal y como expresó ayer, “habría que tener en cuenta la situación de las personas ocupantes desde el punto de vista del riesgo que puedan tener de quedarse en exclusión social, y eso también habría que analizarlo. En la aprobación de esta ley, esta cuestión, que también es social, no se tiene en cuenta”, subrayó el consejero a preguntas de los periodistas.

La citada nueva reglamentación -que todavía deberá ser refrendada en el Senado- permitiría desalojar una vivienda ocupada de forma ilegal en unos 20 días, plazo que en la actualidad puede prolongarse hasta dos años. Arriola insistió en las bondades de reducir los tiempos de la administración de justicia cuando ocurren estos episodios y que la persona propietaria pueda volver a tener esa vivienda a su disposición.

En cualquier caso, el titular de la cartera de Vivienda del Gobierno Vasco enfatizó que “hay que tener en cuenta todo en su conjunto, y no solamente que se busque una fórmula que recorte plazos y permita al propietario volver a tener la disponibilidad del uso de la casa. También hay que tener en cuenta la situación social”, remarcaba Arriola.

frente a las mafiasA juicio del consejero, la aprobación de esta fórmula de desalojo exprés de ocupas ilegales (a iniciativa del PDeCAT contó con el apoyo de PP, Ciudadanos y PNV, y los votos en contra de PSOE, ERC y Unidos Podemos) “se plantea como una actuación que persigue poner coto a la actuación de mafias que puedan estar, de alguna forma, organizándose para facilitar la ocupación de viviendas, amparadas en una normativa que, desde el punto de vista judicial, supone un trámite muy lento en el proceso de desahucio de estos inmuebles ocupados de forma ilegal”.

El sector inmobiliario también se pronunció ayer abiertamente sobre el asunto en cuestión y calificó de “discriminatorio” que los bancos y fondos de inversión queden excluidos de la posibilidad de recurrir a los desalojos exprés en caso de viviendas ocupadas ilegalmente. Y es que la reforma de la LEC establece que la persona físicas, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas puedan pedir “la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento”. - J. Fernández


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