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El Congreso aprueba el desalojo exprés de los pisos okupas

Se pretende que el procedimiento para abandonar la vivienda pase a ser de 20 días

Miércoles, 25 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:03h

madrid- El Congreso aprobó ayer una ponencia de la Comisión de Justicia para reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y así “acabar con las ocupaciones ilegales de pisos y terminar con las mafias”, según la portavoz del PDeCAT, Lourdes Ciuró, que es el grupo impulsor de la medida.

El texto establece que la persona física que sea propietaria o poseedora legítima, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social podrán pedir “la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento”.

Así, se prevé que el desalojo se produzca en menos de 20 días al quedar determinado un procedimiento más rápido.

La modificación, que salió adelante con el apoyo del PDeCAT, PNV, PP y Ciudadanos y cuyo texto será enviado al Senado, servirá para “acabar con las mafias, que se aprovechan del largo espacio de tiempo que hay desde que se presenta una demanda hasta que concluye, que pueden ser dos años”, señaló Ciuró.

El PSOE, aunque formó parte de la ponencia, votó en contra de la modificación de la ley, así como Unidos Podemos, que anunció que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, y ERC.

La portavoz socialista, Mar Rominguera, recordó que ya se opusieron a la toma en consideración de esta propuesta en relación a la ocupación de inmuebles, porque “se presentó como una alternativa para poner fin a las mafias que ocupan viviendas, pero sin contener medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes”.

Asimismo, Rominguera consideró que ni el texto original ni el reformado garantiza que “quienes ocupan una vivienda por encontrarse en situación de vulnerabilidad tengan garantías de que serán reubicados”.

Por su parte, el representante de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, expresó la intención de su grupo de recurrir la modificación ante el Tribunal Constitucional una vez sea publicada en el BOE. “Lo de hoy ha sido una vergüenza y un ejercicio de hipocresía. Se ha aprobado un texto que incumple nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, manifestó. - Efe


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