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fallo judicial

Los transportistas guipuzcoanos temen que la sentencia del TSJPV provoque que el peaje de la N-I se encarezca para ellos

Subir el precio de Andoain o añadir más arcos elimina la discriminación indirecta de la que habla el tribunal
Advierten de que hacerlo provocaría pérdida de competitividad para las empresas locales

Iraitz Astarloa Javi Colmenero - Viernes, 20 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Un camión se dispone a atravesar el pórtico instalado en la AP-8 en Irun

Un camión se dispone a atravesar el pórtico instalado en la AP-8 en Irun

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Un camión se dispone a atravesar el pórtico instalado en la AP-8 en Irun

donostia- La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anula el peaje de la N-I al considerar que se produce una discriminación indirecta para favorecer al transportista guipuzcoano, algo que es ilegal en Europa, continúa trayendo cola. Desde que se conociera el fallo judicial la pasada semana, numerosas han sido las reacciones a la decisión del tribunal, siendo la más contundente la de la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, quien el martes aseguró: “Para que no se generen falsas expectativas, el peaje para camiones de la N-I no tiene marcha atrás. Se implantó por el interés público de Gipuzkoa y seguiremos adelante con el mandato que nos dieron las Juntas Generales”.

Estas declaraciones han provocado preocupación en el sector del transporte en Gipuzkoa, que teme que la decisión de mantener el peaje pase por encarecer las tarifas en esta carretera, la principal arteria de su actividad económica. “Nos preocupa mucho, porque ahora el transportista que más dinero paga al mes es el guipuzcoano”, aseguran a este periódico desde el sindicato Hiru. Y es que, el horizonte de futuro que se presenta para estos profesionales de la carretera es poco halagüeño.

La Diputación ha reiterado que se “cargará de argumentos” para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS), pero el camino va a ser largo y los resultados pueden no ser tan satisfactorios como la institución foral espera, ya que es importante tener en cuenta que el alto tribunal no reevalúa los hechos, sino que únicamente revisa la sentencia del TSJPV.

Por el momento, el Ejecutivo foral tiene de plazo hasta el próximo 29 de mayo para presentar el recurso de casación, tras lo cual, se abre un periodo de entre siete y ocho meses para que el Supremo decida si lo admite o no. En el caso de que la respuesta sea negativa, la sentencia del TSJPV devendría firme y Gipuzkoa estaría obligada bien a eliminar el peaje, algo que parece que no pasa por los planes de la Diputación, o bien a modificar la norma foral que lo regula, un trámite que deberá pasar por las Juntas Generales. Por contra, si el recurso se admite a trámite, se abrirá un nuevo plazo de entre 18 y 26 meses antes de que el Supremo dicte sentencia, lo que dejaría en una especie de limbo legal al actual sistema de cobro hasta bien entrado 2020. Solo si el TS falla en favor de la Diputación el peaje podrá mantenerse en los términos que funciona hasta ahora.

En este punto, es importante recordar que los recurrentes, la Federación Nacional de Transporte de España (Fenadismer) y la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), pueden pedir la ejecución provisional de la sentencia, las conocidas como medidas cautelares, que hasta ahora no se han contemplado, pero que pueden obligar a la Diputación a dejar de cobrar el canon de la N-I hasta que haya una sentencia en firme. Además, si ocurriera este extremo, los transportistas podrían abrir una nueva vía judicial para reclamar lo cobrado.

Modificación de las tarifasPero, en paralelo a la vía judicial, la Diputación también puede utilizar la política para salir de esta situación. Lo cierto es que la Norma Foral que regula este peaje fue aprobada, en diciembre de 2016, sin ningún voto en contra y existe la posibilidad de tramitar su modificación en las Juntas Generales. Además, PNV y PSE cuentan con mayoría absoluta en la Cámara de Miramon, lo que facilitaría que saliera adelante en el menor plazo de tiempo posible.

Sin embargo, el contenido de esta modificación se va a antojar clave. Por el momento, el TSJPV ya ha dictaminado que las actuales tarifas incurren en una discriminación indirecta, ya que se grava en mayor medida entrar y salir del territorio (6,89 euros por cruzar los tres pórticos), recorrido que hacen los transportistas foráneos, que circular por Gipuzkoa (0,69 céntimos por pasar bajo el arco de Andoain). En este sentido, el tribunal tiene en cuenta únicamente el argumento del kilometraje, mientras no contempla que, los transportes foráneos realizan menos viajes que los locales, que pueden pasar varias veces en un mismo día bajo el mismo pórtico.

Por ello, para subsanar esta circunstancia, la Diputación cuenta con varias opciones: mantener el precio del peaje de Irun y Etzegarate, pero aumentar el de Andoain de forma notable;disminuir ligeramente los precios de los peajes de entrada y salida y aumentar algo el de Andoain;o instalar más pórticos intermedios a lo largo de la N-I. En cualquier caso, sea cual sea la solución, afectaría principalmente al transporte local. Y los afectados son conscientes de ello. “Vemos el futuro muy negro, porque si ahora ya se nos está castigando, al final va a pasar lo que llevamos años diciendo, que el principal perjudicado va a ser el transportista de aquí”, se quejan desde Hiru. Por ello advierten de que, si esto ocurre “la gente acabará sublevándose”, porque “se va a producir un grave problema de competitividad” para las empresas de aquí.

“Estamos hartos de decir que los peajes en la N-I van a suponer un grave perjuicio a los transportistas guipuzcoanos y vascos. Todos nos dicen que no nos preocupemos, pero va a pasar lo que llevamos años diciendo”, lamentan.

Por el momento, el futuro es incierto. Hoy la diputada Aintzane Oiarbide dará explicaciones en las Juntas Generales y tal vez esta comparecencia permita esclarecer los pasos que va a seguir la Diputación en los próximos meses.


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