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Los rectores constatan “irregularidades” en el máster

La investigación de la CRUE no va más allá, ya que no han podido entrevistarse con los principales implicados

Jueves, 12 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Donostia- El presidente de la Conferencia de los Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, afirmó ayer que hay “graves irregularidades en el proceso” del máster cursado por Cristina Cifuentes, tal como lo han constatado los observadores de este organismo. Según Fernández, “no parece que las notas fueran las correctas, no aparece el trabajo ni parece que se hubiera hecho la defensa del mismo”, lo cual -señaló- “es un conjunto de presunciones y de hipótesis que, si fueran confirmadas, supondrían una grave irregularidad universitaria”.

“No parece que las notas fueran correctas, no aparece el trabajo, ni que se hubiera defendido”

Roberto fernández

Presidente de la CRUE

Hasta ahí el informe elaborado por los observadores de la CRUE: el director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contreras, y la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia, Carmen Ruiz, que, sin embargo, reconocieron que les falta documentación y que no pudieron entrevistarse con los principales implicados, esto es, el director del máster, Enrique Álvarez Conde;la directora del máster, Cecilia Rosado;la profesora del máster, Clara Souto, y la funcionaria de la URJC Amalia Calonge.

Los observadores achacaron la falta de documentación a la interrupción del procedimiento de información reservada en la Universidad Rey Juan Carlos, decisión adoptada “al poner a disposición de la Fiscalía dicho expediente al haber encontrado indicios racionales de delito, evitando así interferir en la investigación de este órgano judicial”.

El presidente de la CRUE aseguró, además, que aunque el rector de la URJC, Javier Ramos, pudo hacer unas primeras declaraciones “algo precipitadas”, sí considera acertada la apertura del expediente informativo y que la Universidad recurriera a la Fiscalía tras tener “fehaciente conocimiento de que podía haber irregularidades administrativas susceptibles de ser tipificadas penalmente”. - Efe


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