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Avances antesala de nuevos movimientos

El desarme de hace un año abrió de par en par tres cuestiones: desaparición de ETA, Víctimas y presos

Un reportaje de Jurdan Arretxe - Lunes, 9 de Abril de 2018 - Actualizado a las 06:03h

El alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray

El alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray

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El alcalde de Baiona, Jean-René Etchegaray

donostia- Cuando ETA anunció el final de su violencia en 2011, tres consecuencias de su actividad irrumpieron en el primer plano: el desarme, las víctimas y la situación de los presos y huidos. En paralelo, se abrió el debate sobre el papel que la organización armada debía tener en el nuevo escenario o si debía disolverse.

El desarme culminó el 8 de abril de 2017 tras varios intentos fallidos, como Luhuso. Al igual que sucederá en la cuestión penitenciaria, Francia, donde la acción violenta de ETA fue muchísimo menor, abrió el camino y puso fin a años sin movimientos de Madrid.

La posición del Gobierno español la sintetizó en 2013 la diputada de Amaiur Maite Aristegi, cuando ante la negativa a dialogar para el desarme que Mariano Rajoy verbalizó durante un Pleno, exclamó: “Solo conocemos un caso en que se han dejado las armas sin más en un descampado, y fue en Astérix y Obélix”.

Paradojas de la vida, el desarme de 2017 evocó al cómic, aunque con España en un papel secundario. Sucedió después del intento de Luhuso, que pretendía destruir un porcentaje de las armas de ETA para dejarlas fuera de circulación. La tentativa conllevó la detención de Jean-Nöel Txetx Etcheverry, Mixel Berhokoirigoin, Michel Bergouignan, Beatrice Molle y Stéphane Etchegaray, que continúan imputados, pero sin horizonte judicial, como ha reconocido Etcheverry: “Creo que no saben qué hacer exactamente con nosotros, porque es complicado perseguir a gente que ha participado o permitido un desarme”.

Tras una movilización masiva y transversal por su liberación, el 8-A se gestó a gran velocidad con la aquiescencia del Gobierno de François Hollande, que como Rodríguez Zapatero en 2011 (Conferencia de Aiete), afrontaba el final de su mandato sin horizonte de reelección.


Autocrítica pendiente Al igual que el cese de la violencia de ETA puso sobre la mesa el desarme, la entrega de los arsenales abre de par en par dos cuestiones: si la organización efectuará algún tipo de autocrítica hacia sus víctimas y cómo dirá adiós tras un debate en el que más que las conclusiones, consumadas desde 2011, importa el proceso.

El principal avance en materia de víctimas que se ha apreciado este año, en el que se han celebrado homenajes inéditos (como el de Zarautz al que fuera edil del PP que ETA asesinó en 1998 José Ignacio Iruretagoyena), cristalizó hace justo un mes con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

EH Bildu -que acababa de asistir al recuerdo de Isaías Carrasco- no fue por el lema a la cita de Bilbao (sí, en cambio, EA) y sí a la de Iruñea, donde a su vez no asistieron ni UPN ni PP ni la recién creada asociación de víctimas Anvite.

La autocrítica respecto a las víctimas de ETA, cuando algunos ongietorris han levantado cierta polvareda, es cuestión de debate público y el ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga avanzó a este periódico que la izquierda abertzale “está dispuesta a hacer una reflexión de lo que ha pasado en este país en estos 60 años, pero dentro de una reflexión colectiva”.

Avances paulatinosLa tercera cuestión, la penitenciaria, es la que desde diciembre ha contado con un protagonismo mediático más continuado. En buena medida, gracias al goteo de acercamientos de presos que Francia ha llevado a cabo.

Las prisiones de Lannemezan y Mont-de-Marsan, las más próximas a Euskadi, acogen a uno de cada cuatro presos de los 53 de ETA que cumplen condena al norte del Bidasoa y los últimos movimientos, que evidencian que el Gobierno galo no se ha limitado a determinadas condiciones para aprobar los traslados, invitan a pensar en más.

Los protagonistas del foro de diálogo abierto entre París e Iparralde reconocen que el éxito del desarme, por el camino seguido y el apoyo social, ha permitido impulsar desde la confianza el cambio del marco penitenciario. Desde la excepcionalidad a la legislación ordinaria.

La ministra de Justicia, Nicole Belloubet, reconoció en noviembre que existía dicho espacio de trabajo con Iparralde. Con el presidente de la Mancomunidad, Jean-René Etchegaray, a un lado, al otro lado se halla Hélène Davo, directora adjunta del Gabinete de Belloubet y antigua jueza de enlace gala en Madrid. Otro buen conocedor del dossier vasco es Édouard Philippe, que sucedió como primer ministro a Bernard Cazeneuve, con quien guarda buena relación.

El éxito del 8-A, la dinámica social que cristalizó en la marcha de París el 9 de diciembre y la confianza entre los agentes implicados han contribuido a unos avances que no terminan de satisfacer en Iparralde. Como reconoció el sábado Etchegaray en las jornadas organizadas en Baiona y Biarritz con motivo del primer aniversario del desarme, aún quedan por derribar algunos “obstáculos administrativos” más que políticos.

Al sur del Bidasoa, apenas hay avances en la materia penitenciaria. Aun así, en junio vieron la luz dos declaraciones en Vitoria e Iruñea -con las negativas de PP y UPN- para reclamar la liberación de los reclusos gravemente enfermos “por razones humanitarias”. Por distintas causas estos meses han fallecido Kepa del Hoyo (infarto), Xabier Rey (suicidio) y, en prisión atenuada, Belén González (cáncer).

Sin traspasar la gestión de las cárceles a las administraciones autonómicas, el Gobierno español, presionado por Covite, mantiene su posición. Donde sí ha habido un cambio ha sido en los tribunales, que han concedido un permiso de fin de semana a Xabier Sagardoy, el primero tras el cambio de estrategia del EPPK.

Los próximos meses servirán para probar si, una vez disuelta ETA como se espera, el Gobierno español mueve ficha en materia penitenciaria o si, como hasta ahora, las miradas solo habrá que dirigirlas al norte del Bidasoa.


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