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El servicio foral

El servicio foral de valoración detecta en un año 144 personas en riesgo o en exclusión social

Puesto en marcha por la Diputación de Gipuzkoa en marzo de 2017, busca orientar a quienes padecen una situación vital complicada hacia el recurso, programa o prestación que necesiten

I. Astarloa/A.U. Soto Ruben Plaza - Viernes, 30 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Usuarios del programa ‘Ustez’ de la Fundación Emaús, que atiende a personas en situación de exclusión social severa.

Usuarios del programa ‘Ustez’ de la Fundación Emaús, que atiende a personas en situación de exclusión social severa.

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Usuarios del programa ‘Ustez’ de la Fundación Emaús, que atiende a personas en situación de exclusión social severa.

donostia- En su primer año de funcionamiento, el servicio de valoración puesto en marcha por la Diputación de Gipuzkoa dentro del plan Elkar-Ekin detectó 144 personas en riesgo o situación de exclusión social.

Este programa, “cuyo primer año se considera de carácter experimental”, busca identificar a las personas que puedan encontrarse en una situación personal complicada y analiza hacia qué servicio o qué prestación económica, incluso la combinación de ambos, pueden responder mejor a sus necesidades.

Estos datos, dados a conocer por el Departamento de Políticas Sociales en una respuesta por escrito a EH Bildu en las Juntas Generales, muestran que, desde que se puso en marcha de manera experimental el 1 de marzo de 2017, el servicio ha llevado a cabo 145 valoraciones y ha finalizado 15 expedientes por motivos como desistimiento, fallecimiento, etcétera.

De todas las valoraciones realizadas en Gipuzkoa, se concluyó que 50 personas estaban en riesgo y otras 94 en situación de exclusión social. De este último grupo, 60 serían casos leves, 30 moderados y cuatro graves. Además, se determinó que una persona no respondía a este perfil de exclusión, ya que se encontraba en situación de inclusión social.

varias fasesEste servicio se enmarca dentro del programa Elkar-Ekin que la Diputación puso en marcha para combatir la desigualdad y la pobreza, poniendo el acento, sobre todo, en la inserción sociolaboral de los beneficiarios con programas específicos para cada persona, más allá de una ayuda económica.

Dentro de este programa, el servicio de valoración de la exclusión social busca identificar esos casos y orientarles hacia un plan individualizado que responda a sus necesidades reales.

Las personas que hacen uso de este servicio suelen ser aquellas que, “habiendo contactado con entidades sociales y/o municipales, muestran carencias y necesidades sociales múltiples que precisan de una valoración profesional para una buena orientación”.

Para acceder a este programa, la persona interesada debe acudir al servicio social de base del Ayuntamiento en el que reside. Allí se hace una primera criba. Según detallan desde el departamento que dirige Maite Peña, la valoración que se realiza “de manera conjunta con los servicios sociales municipales” incluye “las entrevistas y reuniones necesarias” para determinar si la persona debe acceder al servicio. “Tenemos en cuenta los aspectos y dimensiones más vitales de las personas. Así, se procede a valorar ámbitos y dimensiones relacionadas con aspectos económicos, laborales y residenciales y especialmente aquellos aspectos relacionados con la parte convivencial y personal, es decir, las habilidades, competencias y capacidades” de los posibles beneficiarios, detallan.

Si hiciera falta, el usuario podría pasar de manera temporal por un centro de la Diputación para llevar a cabo una “observación y valoración más exhaustiva”.

Son varias fases las que conlleva la valoración: verificación administrativa, asignación del profesional valorador, verificación y análisis técnico, entrevista con la persona solicitante, elaboración del informe especializado y, finalmente, la resolución.

Aunque desde el Departamento de Políticas Sociales matizan que cualquiera de estas fases se “puede dilatar por causas imputables a la persona solicitante, retraso administrativo o del personal técnico, a fecha de “12 de febrero” la “media de tiempo transcurrido desde la recepción de la solicitud en la Diputación hasta su finalización era de 86 días.”

individualizadoUna vez que la persona ya ha obtenido su resolución, se le puede orientar hacia el servicio o prestación que necesite, desde un centro de día hasta un programa de empleabilidad o de acompañamiento social. “Cada persona dispone de un plan de atención personal, que es el instrumento a través del cual se hace un seguimiento constante”, precisan desde Políticas Sociales.

El servicio de orientación como tal se lleva a cabo desde el servicio de protección a la mujer víctima de violencia machista e inclusión social del Departamento de Políticas Sociales. No obstante, el papel de los servicios municipales, como reconocen desde la Diputación, es “fundamental”. Y en este ámbito también colabora la Fundación Emaús.


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