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El juez Llarena acusa al expresident de corrupción para acelerar la extradición

Su euroorden califica como tal el delito de malversación para acortar los plazos al ver difícil la entrega por el de rebelión

Jueves, 29 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Juan José Ibarretxe.

Juan José Ibarretxe.

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Juan José Ibarretxe.

“President. Has sentado a la política y la justicia española en el banquillo europeo. Gracias”

juan josé ibarretxe. El exlehendakari agradeció así por Twitter a Puigdemont.

donostia- No debe ver muy claro el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que Alemania vaya a extraditar a Carles Puigdemont, procesado por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos, cuando en la Orden Europea de Detención enviada a las autoridades germanas sumó ayer el de corrupción. Llarena marca con la letra X la casilla correspondiente a esta “infracción” dentro de una lista de más de treinta que permiten acelerar de forma exprés la puesta a disposición del país solicitante de los reclamados que estén acusados por alguno de ellos. En esta relación, acordada por los países de la UE, no figuran en su literalidad los dos primeros delitos, pero el juez estima que éste último es equiparable al de corrupción, que permite una entrega rápida.

El escrito de la euroorden arranca con un relato en el que Llarena detalla los hechos por los que pide la detención y traslado de Puigdemont a España, y en el que hace especial hincapié en el número de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que resultaron heridos durante el 1-O para poner de relieve la existencia de violencia que justifica la petición de entrega por rebelión, algo difícil de cuadrar con el Código Penal alemán. En esa parte concluye que en los sucesos investigados el expresident tuvo participación directa y que por ello es acusado de los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos.

Es en la segunda parte del texto donde atribuye a Puigdemont corrupción al considerar que el delito de malversación es asimilable, en España, a esta figura. Lo hace en el apartado final, que enumera una treintena de infracciones acordadas por los estados de la UE que permiten acelerar la entrega si en el país solicitante están castigadas con, al menos, tres años de prisión. Si Alemania acepta equiparar la malversación con esta acusación, la entrega se acelera. Si no lo hace, la justicia germana iniciará un trámite que puede prolongarse durante meses. Puigdemont asume que el proceso judicial puede durar “dos semanas, dos meses o veinte años”. - I. S. M.


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