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El Fraunhofer vasco

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 25 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 08:45h

Se quiere impulsar una ‘marca país’ de la investigación que va a tener que convivir durante un tiempo con las actuales, mucho más reconocidas y asentadas

Se quiere impulsar una ‘marca país’ de la investigación que va a tener que convivir durante un tiempo con las actuales, mucho más reconocidas y asentadas

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Se quiere impulsar una ‘marca país’ de la investigación que va a tener que convivir durante un tiempo con las actuales, mucho más reconocidas y asentadas

El anuncio del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de poner en marcha el Consorcio Científico-Tecnológico Vasco para aglutinar en una sola corporación a los doce centros tecnológicos y los cuatro CIC de Euskadi bajo el argumento de aumentar su eficiencia en la transmisión de tecnología a las empresas y adquirir mayor relieve internacional sigue sin concitar el consenso entre los agentes del sector por las dudas que plantea la creación de una nueva estructura con un fuerte peso del poder político.
La referencia de los Fraunhofer alemanes ha podido servir de inspiración a los impulsores de este proyecto, que en términos de intencionalidad voluntarista puede estar bien, pero que en la práctica trata de poner como objetivo una realidad que dista mucho de asemejarse a la que existe en Euskadi.

Si nos referimos a los recursos públicos (financiación no competitiva) que disponen los 67 Institutos Fraunhofer repartidos por toda Alemania la comparativa respecto a Euskadi es brutal en detrimento de los centros vascos. El 60% de la financiación pública que reciben los centros tecnológicos alemanes procede de recursos aportados por el gobierno central y los länder, mientras que en el caso de sus homólogos vascos ese porcentaje desciende al 20-25%. Con estas magnitudes es fácilmente comprensible colegir que el nivel de la tecnología que aportan los Fraunhofer en conjunto, sea superior al creado por cualquier centro tecnológico vasco.

Sin embargo, a pesar de ello, la transferencia de tecnología que tanto Tecnalia como las entidades englobadas en la alianza IK4 se sitúa entre el 50 y 60% de su actividad frente al 30% de los Fraunhofer, lo que da idea del alto nivel de vinculación directa con el mundo de las empresas que tiene la red de centros tecnológicos vascos, de donde proceden la mayor parte de sus recursos. Las dificultades que han podido existir para alcanzar un alto nivel de eficiencia en este campo no pueden estar tanto en el sistema como en algunos casos particulares que requieren de medidas correctoras, que parece evidente no pasan por la creación de una nueva macro estructura como la que se propone. Una situación de la que el Ejecutivo de Gasteiz es perfecto conocedor porque forma parte de los órganos de gobierno de los centros tecnológicos.

Sobre todo, cuando una de las alianzas constituidas, como es IK4, está en una situación que no termina de consolidarse por la salida de dos de sus miembros por motivos bien diversos, con lo que no se han podido aprovechar las sinergias producidas por la integración de sus capacidades. 

afán intervencionista El documento Definición del Consorcio Científico-Tecnológico Vasco que ha sido elaborado por el Gobierno Vasco destila en todo su contenido un afán intervencionista del sector público y un control de la financiación pública en unos centros de titularidad privada, de los que muchos, en un proceso de abajo-arriba, nacieron de las necesidades que tenían las empresas vascas para acceder a las nuevas tecnologías y de esta manera ser más competitivas.

Ese afán intervencionista que se observa en la estructura corporativa de gobierno del futuro consorcio nada tiene que ver con el modelo de los Fraunhofer, donde su esquema de gobernanza tiene base científica y tecnológica y no política, como se quiere pretender con este nuevo proyecto.

En este sentido, es de destacar las posiciones que existen en el mundo de la ciencia y tecnología sobre los efectos negativos que para su desarrollo está teniendo la injerencia del sector público en su gestión en detrimento de la presencia de los científicos e investigadores. En concreto, en el Informe sobre Ciencia y la Tecnología en España, elaborado por doce investigadores, entre los que destaca por ser más conocido a nivel público, Mariano Barbacid, y publicado el pasado mes de enero por la Fundación Alternativas, se recogen una serie de recomendaciones entre las que destaca la necesidad de “un nuevo modelo de gobernanza con una mayor participación y colaboración efectiva de los científicos”.

La conclusión es clara: “Dado el anquilosamiento del sistema de Ciencia y Tecnología, el Gobierno (español) debería de haber propuesto una reforma del modelo de gobernanza, con una participación tripartita del propio Gobierno, los representantes de las instituciones de Ciencia y Tecnología y los representantes políticos y sociales de los ciudadanos, en vez del totum revolutum que persiste desde hace muchos años”.

Por si fuera poco los autores de este exhaustivo informe, donde se pone de relieve la mala situación que atraviesa la investigación en el Estado español, señalan como necesaria una cogestión entre el sector público y la comunidad de investigadores. Un modelo de gobernanza que se aplica y está vigente en la Unión Europea (UE).

Es reseñable que los autores de este informe, que se refieren al Estado español como un “país burocratizado”, reclamen la puesta en marcha de un pacto social, una especie de contrato social en el que deben de participar todos los agentes sociales. “Quizás deban liderarlo los científicos, pero ajustados a liderar de modo social y éticamente la vertebración de los agentes: empresarios, representantes sindicales y políticos de buena voluntad que quieran y puedan sumarse al proceso, que idealmente podría ser objeto de tratamiento y decisión en el Parlamento”.

Una propuesta hecha en clave española por investigadores que está muy lejos de lo que se recoge en el proyecto del Consorcio Científico-Tecnológico que propugna el Gobierno Vasco, desde la concepción de que la ciencia y la investigación no solo son factores de mejora y crecimiento económico, sino que contribuyen de manera muy importante al desarrollo de un país y al bienestar social de sus ciudadanos.

para grandes empresas En este terreno, hay que destacar el escaso papel que las empresas tienen en la estructura de gobernanza del proyecto de consorcio elaborado por el Gobierno Vasco y que aparecen a nivel de representación en la Comisión Industrial, que es una estructura complementaria dentro del nuevo organigrama de cinco órganos de gobierno y otro complementario más que se propone para esta nueva corporación.

En el mundo empresarial se piensa que este diseño solo va a permitir la presencia en ese esquema de las grandes empresas, mientras las pymes, un sector estratégico donde hay que seguir impulsando sus inversiones en I+D, va a quedar desprotegido de las decisiones que se tomen en ese consorcio. Una situación que de algún modo ya está ocurriendo en algún centro tecnológico.

De la misma forma, tal y como está planteado el proyecto desde un modelo de intervención y control, las empresas ya no podrán decidir con qué centro tecnológico quieren trabajar, en función de la confianza establecida y el conocimiento mutuo, sino que van a tener que pasar por la ventanilla del consorcio que gestionará la transferencia tecnológica a partir de la especialización de los centros tecnológicos, que se configura como uno de sus objetivos. Será el consorcio quien decida el centro tecnológico con quien una empresa debe firmar el contrato de confidencialidad que se establece entre las dos partes a la hora de desarrollar un proyecto investigador.

También sorprende la preocupación que expresan ahora los autores del proyecto para hacer que los centros tecnológicos vascos tengan “un posicionamiento más fuerte y reconocible a nivel internacional para dar respuesta a los retos de la globalización y atacar nuevos mercados geográficos”, cuando desde el sector público se han puesto palos en las ruedas a las estrategias de internacionalización que se han pretendido por parte de alguno de estos centros con el argumento de que su actividad estaba destinada a las empresas vascas y no a dotar de tecnología a compañías competidoras del exterior. Una estrategia que se antojaba interesante para las empresas vascas por lo que suponía entrar en nuevos mercados por la gran puerta tecnológica abierta por el centro de investigación en el desarrollo de sus actividades.

Ahora ya no solo se presenta una enmienda a la totalidad, sino que encima se propone la creación de una nueva estructura que sirva de soporte a “una marca más robusta y reconocida a nivel internacional”. En definitiva una marca país de la investigación vasca que irremediablemente va a tener que convivir durante un tiempo con las actuales, según señalan los manuales de marketing, mucho más reconocidas y asentadas. Todo un dislate. l


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