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Debaten que los gobiernos en funciones se sometan a control

El PNV persigue evitar que se repitan las negativas del PP a exponerse a comparecencias durante la legislatura fallida

Martes, 20 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Aitor Esteban en el Congreso durante el debate sobre pensiones

Aitor Esteban. (EFE)

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Aitor Esteban en el Congreso durante el debate sobre pensiones

Donostia- A iniciativa del PNV, el Congreso abre hoy la puerta a una reforma legislativa para que los gobiernos en funciones se sometan al control de los grupos parlamentarios. El objetivo de la proposición de ley jeltzale es evitar que en el futuro se repita una situación parecida a la de la pasada legislatura, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy se negó a exponerse a las preguntas y las comparecencias que le reclamaba la oposición durante los meses que transcurrieron desde la primera convocatoria electoral de diciembre de 2015 hasta la siguiente, ya en junio de 2016.

El PNV registró una iniciativa para modificar la Ley de Gobierno y la que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado en la fallida legislatura de 2016, que apenas duró medio año. Lo hizo después de que el Ejecutivo en funciones se negara a ser controlado, realizando una interpretación del reglamento “inaceptable jurídica y democráticamente”.

Moncloa se escudaba en su negativa en un informe de sus servicios jurídicos que aseguraba que el Gobierno no tiene la obligación de someterse a iniciativas de control porque no cuenta con la confianza de la Cámara que salió de las urnas. Una decisión que llevó al Congreso a plantear un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, que sigue pendiente de resolución. La iniciativa del PNV se ha apoyado en informes de distintos letrados que aseguran que “la tesis que propone hacer depender la efectividad de la función de control de la actualización de la relación de confianza -una investidura- supone una limitación de la potestad de control y del derecho a la iniciativa”. Y añade que este hecho es, además, “incompatible con los artículos 66 y 23 de la Constitución”. - E. P.


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