Donostia- El Gobierno español ha introducido diversas reformas en el sistema público de pensiones con el único objetivo de reducir la cuantía a pagar a los futuros jubilados. La entrada en vigor del factor de sostenibilidad en el próximo 2019 va a suponer para los nuevos pensionistas una reducción de sus prestaciones futuras, y el temor ante ese hecho ha disparado las jubilaciones anticipadas, hasta el punto que en el pasado año el 43% de los nuevos jubilados lo hizo sin esperar a la edad legal, cifra que se ha incrementado en este inicio del año pues la mitad de los trabajadores que acceden a una pensión lo hacen sin haber cumplido los 65 años y seis meses de edad.

Las primeras estimaciones del BBVA señalan que las futuras pensiones de 2019, a igualdad de salarios y años de cotización, serán un 0,5% inferiores, unos 81 euros anuales para los pensionistas vascos si tenemos en cuenta que, con datos de febrero, la pensión media en la Comunidad Autónoma Vasca asciende a 1.158 euros mensuales, por efecto del factor de sostenibilidad.

¿Qué es el factor de sostenibilidad?. Es un elemento corrector para calcular la pensión futura introducido en la reforma de 2013 pero que entrará en vigor el 1 de enero de 2019. Este factor tiene como objetivo recortar la cuantía de las futuras pensiones en base a la mayor esperanza de vida de los trabajadores, -no hay que olvidar que cada persona vive más años, luego está más tiempo cobrando una prestación de la Seguridad Social-, por lo que el Gobierno quiere repartir el mismo dinero destinado a las pensiones entre más años con lo que tocaría un poco menos cada ejercicio si el personal alargase su vida media hasta, por ejemplo, más de 90 años.

El problema es que el recorte del citado 0,5% en 2019 por el factor de sostenibilidad, -además de sumarse a la previsible pérdida de poder adquisitivo derivada de la desvinculación del las pensiones de la marcha del IPC, porque los precios suben en 1,1% y las pensiones solo se revalorizan un 0,25%-, es acumulativo año a año. En el segundo año el recorte sería cercano al 1% y así durante los próximos cinco años. Al término del lustro el Gobierno español revisará el factor e implantará otro para los siguientes cinco ejercicios.

El resultado, dado el oscurantismo con que el Ejecutivo de Rajoy trata los recortes futuros de las pensiones, difiere, según unas fuentes u otras, pero no bajará de un 15% de recorte en 30 años aunque el sindicato CCOO eleva este ajuste hasta un 22%. Pero además del factor sostenibilidad hay otras medidas que incidirán en recortar el dinero que cobre un futuro pensionista.

A partir de 2019 ya no se podrá jubilar nadie con las condiciones de acceso previas a la reforma de 2011 y que afectan básicamente a la jubilación anticipada y parcial. Además se estudia ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral y no a los 21 años actuales, cifra que irá creciendo hasta los 25 años en 2022. Aunque se quiera vender de otra forma, a fecha de hoy, esto podría representar un recorte más porque en los primeros años de vida laboral la gente tiene salarios más bajos que una vez que se consolida en la empresa.

A día de hoy para poder acceder a una pensión contributiva es preciso haber cotizado al menos 15 años. Con esos años percibirá el 50% de su base reguladora. Esta base es una cantidad total que se calcula sumando las bases de cotización incluidas en la nómina de cada trabajador que equivalen a una cantidad aproximada a su salario bruto durante los 21 últimos años previos a su jubilación. Este año 2018 las bases de cotización están tasadas para asalariados entre 858 euros y 3.571 euros mensuales.

Ese 50% de la base reguladora va creciendo según los años de cotización, y así a los 25 años llega al 75% y alcanza el 100% con 35,5 años en el presente 2018. En ese caso y para salarios más elevados, el máximo de pensión que se puede llegar a cobrar asciende a 2.580 euros mensuales. En todo caso, el resultado es que la factura de la Seguridad Social no deja de crecer y en el pasado febrero destinó la cifra récord de 8.925 millones de euros al pago de las pensiones.