Editorial

La parálisis con los presos

El Gobierno español está denegando de manera sistemática las solicitudes de los reclusos de ETA para acceder a un régimen penitenciario más benévolo, lo que puede enquistar la situación

Lunes, 12 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

La muerte en la prisión de Puerto III del preso de ETA Xabier Rey, ocurrida el pasado martes, ha vuelto a traer a la actualidad, de manera trágica, la realidad de la política penitenciaria que lleva a cabo desde hace décadas el Estado español. Más allá de las posibles circunstancias personales en que se produjo el fallecimiento de Rey, lo cierto es que se produjo mientras se encontraba bajo custodia del Estado, en la cárcel, a mil kilómetros de su domicilio y en primer grado penitenciario, el más duro, y con prolongados periodos en régimen de aislamiento. Casi seis años después del cese definitivo de la violencia por parte de ETA, la política de alejamiento y otras condiciones penitenciarias impuestas a los presos de la organización siguen en vigor pese a las reiteradas demandas de instituciones y partidos vascos para que, en línea con el criterio mayoritario de la propia sociedad, el Gobierno español ponga fin a las mismas y humanice las condiciones de los internos y sus familias. Aunque hasta ahora los presos, en cumplimiento de las órdenes de ETA que les prohibía acceder a cualquier beneficio penitenciario, se han negado a aceptar la legalidad establecida, en los últimos meses, y en consonancia con la decisión ya anunciada por el EPPK, han ido solicitando progresiones de grado que les permitieran unas mejores condiciones. La aceptación de las vías legales y, en consecuencia, la necesidad de la presentación de las correspondientes solicitudes de manera individualizada por parte de cada interno era una exigencia reiterada hacia el colectivo. Sin embargo, tal y como publica hoy NOTICIAS E GIPUZKOA, el Gobierno español, bien por medio de Instituciones Penitenciarias o bien a través de las direcciones de las prisiones, ha denegado sistemáticamente las peticiones, sin mayores explicaciones individualizadas, pese a que ése es un requisito exigido a los reclusos. El importante paso dado por los presos de asumir la legalidad no se está correspondiendo, por tanto, con medidas también legales por parte del Ejecutivo español. Una medida de carácter meramente político que amenaza con enquistar la situación, al menos hasta la previsible -y esperada- decisión de ETA de disolverse de manera definitiva antes del verano. Una política que choca también con la actitud flexible del Estado francés, que la semana pasada volvió a realizar nuevos acercamientos de presos. Una vía a seguir por parte de Rajoy.


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