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Los señalados por Hacienda critican una “persecución política y judicial”

Dirigentes y empresarios como Jaume Roures ven una “macrocausa absurda” de tinte ideológico

I. S. M. - Jueves, 8 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

DONOSTIA- El requerimiento de la Hacienda española que reclama a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, que remita un completo informe detallando hasta el último punto los pagos a empresas, personas y entidades afines al procés desde 2015 hasta la actualidad, ha sido descalificado por algunos de los muchos señalados en la orden. En concreto, la petición se dirige a a un centenar de juristas, entidades, periodistas, personas y medios de comunicación, que en los últimos años se han significado con una determinada ideología diferente a la del partido del gobierno [español] “. Algunos de ellos, como los empresarios Jaume Roures y Oriol Soler Castanys, defendieron ayer su actuación censurando que el ministerio que dirige Cristóbal Montoro está realizando una especie de caza de brujas sin que conste orden judicial alguna que motive la petición de toda esta información.

El secretario de Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, comentó en Catalunya Ràdio que “esta investigación no tiene ni pies ni cabeza” porque “el Estado tiene toda la contabilidad de la Generalitat”. De esta forma, “se quiere hacer una macrocausa desde el Ministerio de Hacienda, en paralelo a la macrocausa judicial en curso”. El dirigente lamentó que con esta petición estemos llegando a “unos extremos de mucho absurdo” debido a que hasta la fecha “no han encontrado nada que diga que la Generalitat financió el 1-O”. El secretario ahondó en que “todas las ayudas de la Generalitat son públicas” y que “no hay ningún fundamento serio” para reclamar toda esta información porque ya el pasado 20 de septiembre la Guardia Civil hizo copia de todas las ayudas y procedimientos administrativos de la Generalitat.

Roures, socio gestor de Mediapro, desgranó que no puede decir que sus empresas no hayan recibido subvenciones o firmado contratos con la Generalitat, pero fueron “pocos”, achacando este requerimiento de Hacienda a una “persecución político judicial” que el Gobierno del PP lleva a cabo con la “abasta” colaboración de “algunos diarios” que “reproducen” la petición de Montoro, de manera que “este muerto no te lo quita nadie”. Roures reprochó al ministro que “tendría mucho trabajo” si quisiera “investigar los sobres” del PP o “las obras de la sede” del partido, algo que renuncia a hacer y en lugar de eso “nos hacen perder el tiempo a todos los demás” con una “campaña político-policial”. “Como deben justificar el ridículo que hicieron todos los aparatos del Estado del 1-O ahora se dedican a salpicar y buscar chivos expiatorios”, ilustró. “No hay nada más”, zanjó.

El empresario de la comunicación afirmó que “nos defenderemos no tanto desde el punto de vista económico sino político” aunque “han de comer muchas sopas para acojonarnos”. A renglón seguido, comparó la forma de actuar del Ejecutivo de Rajoy con la de la época de la segregación racial en EEUU: “Es como el macartismo, como cuando se dividía a la gente por su color en los autobuses”. Y es que a su entender “buscan que la gente tenga miedo” y que “quien quiera respirar mucho más de la cuenta los tendrá detrás”.

Según el empresario Oriol Soler Castanys, la investigación no tiene “absolutamente ninguna base”;y explicó que el procedimiento en su caso sigue un parámetro generalmente usado por parte del Gobierno español: “Primero apareces señalado por los confidenciales, luego apareces en determinada prensa, después apareces en algunos informes y luego puedes estar involucrado en algún procedimiento judicial”.

Con este horizonte, el PDeCAT pidió en el Congreso la comparecencia de Montoro ante “la caza de brujas” a entidades, empresas y personas del ámbito soberanista, según el portavoz de la formación, Carles Campuzano. “Es inaudito que en una democracia moderna se plantee esta caza de brujas”, clamó.


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