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El Tribunal Supremo complica la investidura de Jordi Sànchez

El juez Llarena da de plazo hasta el lunes para revisar su libertad sin tener en cuenta el pleno

Igor Santamaría Matías - Jueves, 8 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, exlíderes de Òmnium y ANC, antes de ser encarcelados.

Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, exlíderes de Òmnium y ANC, antes de ser encarcelados. (efe)

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Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, exlíderes de Òmnium y ANC, antes de ser encarcelados.

donostia- El juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena decidió ayer no dar preferencia a la petición de Jordi Sànchez para poder quedar en libertad o, al menos, asistir al pleno del Parlament del próximo lunes, convocado como candidato a president de la Generalitat tras el acuerdo entre JxCat y ERC que aún no cuenta con el beneplácito de la CUP. En una providencia da a las partes un plazo de cinco días que finaliza el mismo lunes para pronunciarse sobre su última petición pero también las cursadas en el mismo sentido por el exconseller de Interior Joaquim Forn y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Según el auto, la fiscalía y la acusación popular que ejerce Vox disponen de cinco días a contar desde hoy para expresarse sobre las tres peticiones de excarcelación. Pese a la urgencia que la del expresidente de la ANC planteaba al haber sido designado aspirante por el president del Parlament, Roger Torrent, el magistrado la incluye junto a la de dos de sus compañeros del prisión. El otro, el exvicepresidente Oriol Junqueras, persigue una distinta estrategia de defensa para intentar abandonar la cárcel en la que se halla desde el 2 de noviembre.

Llarena puede resolver en cuanto tenga en su poder los informes solicitados a las partes, pero al haber concedido un plazo de cinco días da a entender que no tiene en cuenta la celebración del pleno, cuya fecha prevista fue dada a conocer por el propio Sànchez en el escrito en el que solicitaba su excarcelación. En realidad, teniendo en consideración sus anteriores resoluciones, deja escaso margen para que pueda resolver excarcelar al número dos de JxCat para acudir al pleno. Y es que ya denegó su presencia en actos electorales durante la campaña para el 21-D, en la que el expresidente de la ANC figuraba como segundo en la lista que lideraba Carles Puigdemont, y también rechazó dejarle libre para que pudiera ir a los plenos de la Cámara catalana.

En todas sus autos el argumento ha sido el mismo: el riesgo de reiteración delictiva ante el poder de movilización social demostrada por el imputado en la causa que se sigue en el alto tribunal por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Hasta la fecha la fiscalía se ha opuesto a su excarcelación y Vox ya ha anunciado que volverá a oponerse a que Sànchez quede en libertad ante el riesgo que aprecia de reiteración delictiva.

El abogado de Sánchez, Jordi Pina, cita en su escrito el antecedente de Juan Carlos Yoldi, que siendo preso preventivo de ETA fue autorizado por un juez en 1987 para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento vasco. “Desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español de 1987 supondría, con los debidos respetos, una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político”, argumenta la defensa en su escrito, en el que defiende que tal jurisprudencia evidencia que los derechos políticos no pueden limitarse “hasta el extremo de impedir que un diputado todavía inocente” se pueda presentar.

oposición del tcParalelamente, el Tribunal Constitucional (TC) denegó la solicitud de Sànchez de dejarle libre mientras se resuelve el recurso de amparo. El exlíder de la ANC pidió el martes al tribunal que resolviera como medida cautelar su excarcelación mientras se decide si le ampara por el auto de prisión dictada por el Tribunal Supremo. La negativa se resolvió por unanimidad de todos los miembros del TC. Sànchez sostiene que de no permitirle acudir a la investidura “se estarían vulnerando sus derechos como diputado del Parlament y los derechos de los ciudadanos que votaron a la opción política que le propone como candidato a presidir la Generalitat”.

Además, asegura en el escrito que se estarían causando “graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat”. En su resolución, el Pleno recuerda que es “reiterada jurisprudencia constitucional” no acordar la suspensión de las medidas privativas de libertad aunque éstas afecten de forma directa al derecho fundamental a la libertad personal.

En este caso, el tribunal valora que la actual situación de prisión provisional responde a las decisiones adoptadas por el juez Llarena, “decisiones que no han sido recurridas en amparo y que, por lo tanto, no son objeto del presente recurso”. Los magistrados concluyen que suspender la medida de prisión provisional sería igual que otorgar de forma anticipada el amparo a Sànchez, por lo que el recurso quedaría vacío de contenido. Con este panorama, la investidura de Sànchez está abocada al fracaso. JxCat vería “absolutamente prematuro” que Torrent aplace o suspenda el pleno de investidura, ya que su grupo mantiene a Sànchez como candidato y confía en que pueda asistir.


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