Desde la Avenida de Tolosa

Preguntas frecuentes

Por Adolfo Roldán - Lunes, 5 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:02h

No ha gustado a los medios constitucionalistas la entrevista realizada el sábado por la noche en el programa Preguntes freqüents, de TV3, por la periodista Laura Rosell al abogado ataundarra Juan Karlos Ioldi, exmiembro de ETA y candidato a lehendakari por Herri Batasuna en 1987. Acusan a Rosell de ponerle a Ioldi una alfombra roja y de formularle preguntas intencionadas sobre el precedente creado en la justicia por la Audiencia Provincial de Iruñea al permitirle asistir a la sesión de investidura en Gasteiz. Juan Karlos Ioldi al ser preguntado si consideraba a Junqueras, Forn y a los dos Jordis presos políticos, respondió: “Indudablemente son presos políticos, para mí no hay debate”. Las formaciones independentistas catalanas quieren que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena atribuya a Jordi Sànchez la misma doctrina que aplicó la Audiencia Provincial de Iruñea a Ioldi, entonces también preso preventivo electo, para no lesionar los “derechos políticos” de los electores. Aunque Juan Karlos Ioldi fue conducido en un furgón policial al Parlamento Vasco, en el interior de la Cámara dispuso de libertad para almorzar con su familia, entrevistarse con los dirigentes de HB, y asistir a la sesión de investidura. En su discurso, fundamentalmente propagandístico, en la Cámara se refirió a los presos de ETA y a la dispersión aplicada por el Gobierno central. Concluido el Pleno en el que José Antonio Ardanza fue elegido lehendakari, Ioldi fue devuelto a prisión. En 1987 fue condenado a 25 años por integración en banda armada, tenencia de armas y estragos con resultado de lesiones graves. Un año después, con sentencia firme, fue sustituido por Jose Luis Elkoro. Tras pasar 16 años en prisión, Ioldi quedó en libertad en el año 2000. En TV3 le preguntaron si creía en la Justicia, y el contestó: “A nivel político, no”. Los medios constitucionalistas se sienten incómodos con el precedente Ioldi, y señalan que carece de sentido autorizar a Jordi Sànchez a acudir a la investidura de un cargo que no podrá ejercer.


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