Asociaciones vecinales rechazan la norma y piden ampliar la zona saturada

Aparture calcula que la ciudad puede perder 20 millones de euros en tribunales

C. Alonso Gorka Estrada - Viernes, 2 de Marzo de 2018 - Actualizado a las 06:03h

El Gobierno municipal vota a favor de la ordenanza en la sesión de ayer.

El Gobierno municipal vota a favor de la ordenanza en la sesión de ayer.

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El Gobierno municipal vota a favor de la ordenanza en la sesión de ayer.Xabier Arberas.Asier Pereda.

donostia- Un total de ocho asociaciones de vecinos, así como Stop Desahucios, protestaron ayer en el salón de Plenos y en el exterior del ayuntamiento por la aprobación de la ordenanza de pisos turísticos que, a su juicio, no soluciona el problema sino que lo agudiza.

El portavoz de Parte Zaharrean Bizi, Xabier Arberas, destacó que ninguna de las enmiendas vecinales fueron aprobadas durante el proceso de tramitación y lamentó que el Ayuntamiento no haya optado por seguir controlado los pisos turísticos con las normas del Plan General que, básicamente, autorizan estos apartamentos en las primeras plantas de los inmuebles o encima de donde no haya un uso residencial.

Arberas, además, lamentó que no se haya extendido la zona saturada al Ensanche Oriental, Centro y Gros y añadió que “como vecino de la Parte Vieja, lo que no quiero para mi barrio tampoco lo quiero para los demás”.

También fue muy crítico, por distintos motivos, el presidente de la asociación Aparture, Asier Pereda. “Para nosotros es un día triste y como donostiarra y como vasco me avergüenzo de esta institución”, aseguró. “El sector reglado ha venido defendiendo un modelo ejemplar, reconocido en el resto del Estado, y ha estado colaborando con la Hacienda de Gipuzkoa y con el Gobierno Vasco pero se nos ha ignorado”, se quejó.

Pereda consideró que “el Ayuntamiento hace de su original propuesta virtud y alardea de que esta ordenanza es pionera, pero juegan con cerrar el 50% de la oferta reglada y así lo asume cualquiera porque para ellos no tienen ningún riesgo, es para nosotros”, protestó.

Además de recordar las distintas leyes que, a su juicio, están en contra de la ordenanza, Pereda recordó que la situación puede conllevar una responsabilidad patrimonial para el Ayuntamiento, que podría alcanzar los 20 millones de euros.

Según señaló “desde que se clausura cada uno de estos pisos y hasta que el juzgado determine eventualmente que se puede volver a abrir pueden pasar más de dos años y una vivienda que está facturando 30.000 euros al año acumula 50.000 euros de lucro cesante”. Según estos cálculos, que afectarían al 50% de los actuales pisos turísticos, “el riesgo de ser pionero puede salirle al Ayuntamiento por 20 millones de euros que pagaremos entre todos”.


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