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perfiles lingüísticos

El personal público capaz de trabajar en euskera se ha triplicado en 25 años

El Gobierno Vasco solo detecta “disfunciones” en la asignación de perfiles lingüísticos en un 5,28% de los puestos

Idoia Alonso - Miércoles, 28 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Una telefonista del Ayuntamiento de Bilbao.

Una telefonista del Ayuntamiento de Bilbao. (Pablo Viñas)

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Una telefonista del Ayuntamiento de Bilbao.

“Los entes responsables de asignar los perfiles han actuado con suma diligencia”

donostia- Durante años han corrido ríos de tinta sobre los desajustes a la hora de asignar un perfil de euskera para acceder a un puesto público o su carácter determinante para ser funcionario. Mucha gente recordará el largo encierro que allá por 2005 mantuvo un centenar de docentes interinos en el instituto Bertendona (Bilbao) ante la posibilidad de perder su estabilidad por no acreditar el PL2. Y ha adquirido ya categoría de leyenda urbana la idea de que para poder ejercer la medicina en Osakidetza hay que tener el EGA. Una idea que ciertos sectores políticos se han encargado de propagar desde que se aprobó la Ley del Euskera en 1992.

Pues bien, ni los desmanes han sido generalizados, ni se ha cumplido la distopía de pedir el EGA a un barrendero con la que el consejero de Cultura, Bingen Zupiria, quiso visibilizar lo irracional e interesado de las críticas hacia la política lingüística desplegada por el Gobierno Vasco. El hecho es que en 25 años no se ha exigido el EGA (PL3) a ningún barrendero del país y el volumen de puestos a los que se ha asignado perfiles superiores -e inferiores- teniendo en cuenta sus funciones solo alcanza al 5,28% de los casos. Además, el 40% de los puestos públicos no exigen euskera y mucho menos el EGA (PL3), cuyo peso como mérito en las oposiciones es de un máximo del 20%.

“A través de la investigación hemos constatado que el sistema ha funcionado y que las instituciones con las responsabilidades de asignar los perfiles han actuado con suma diligencia”. Esta es quizá la afirmación que mejor resume la comparecencia de Bingen Zupiria en comisión parlamentaria, a la que acudió a petición propia para presentar el análisis sobre los perfiles lingüísticos de los puestos públicos y un diagnóstico sobre el uso del euskera del personal público en sus gestiones internas y en la relación con la ciudadanía.

Y en este último aspecto “todavía queda margen de mejora”, según Zupiria. No en vano, la Administración responde en el 13,5% de las ocasiones en castellano a una persona que se ha dirigido por escrito en euskera, mientras que en el 25% de las conversaciones que se inician en euskera se obliga a la ciudadanía a hablar en castellano a instancias del personal funcionario. Con el objetivo de corregir esta situación y fortalecer el uso del euskera dentro de la Administración, el consejero presentó también las directrices para el periodo 2018-2020. Este plan propone entre otras medidas que “el Gobierno Vasco, en todos los casos, deberá responder en la lengua oficial en la que ha recibido el escrito” o que los distintos departamentos primen la comunicación oral interna en euskera, como lengua de trabajo habitual.

Otra de las conclusiones de la investigación realizada es que se ha triplicado el número de personal público capacitado para trabajar en euskera desde que se puso en marcha el proceso de normalización lingüística. A día de hoy el 71% del personal funcionario conoce euskera en mayor o menor medida, un porcentaje que en 1990 representaba el 23%. Según este análisis -incluidos el personal médico y docentes-, de los 93.962 empleos públicos prácticamente quedan empatados los puestos que requieren un nivel básico de euskera (28,55%, B1 y B2) y aquellos en los que se exige el EGA (28,91%, C1). Únicamente, un 1,63% de los puestos precisan un nivel de especialista y se corresponden a trabajos en los que el euskera es nuclear (traductores, intérpretes o técnicos y responsables de normalización lingüística).

DISFUNCIONES Uno de los temas más esperados de la comparecencia de ayer se centraba en la revisión de la asignación de los perfiles lingüísticos ya que el actual socio del Gobierno Urkullu, el PSE, hizo bandera de esta cuestión en la última contienda electoral. Por no hablar de la beligerancia manifiesta del PP alrededor de la exigencia de euskera en las oposiciones y la presión de EH Bildu en sentido contrario a los postulados de los populares.

El consejero situó el alcance de las “disfunciones” en el 5% de los puestos. “Estamos hablando de excepciones muy concretas”, dijo Zupiria, que puso como ejemplo que entre 5.785 puestos de administrativo, a uno se le asignó el nivel B1 (inicial) y que a nueve se les asignó el nivel C2 (especialista) para el mismo trabajo. No obstante, remarcó que, siguiendo con el ejemplo, a 4.268 se les asignó el nivel B2 (intermedio) y a 1.507 el C1 (EGA), los perfiles que, teniendo en cuenta sus funciones, les corresponderían.

Desde su punto de vista, “no resulta aceptable una diversificación excesiva, esto es, que en un lugar se requiera el B1 para un puesto de trabajo y otra Administración requiera el C1 para el mismo puesto”. En todo caso, subrayó que “apenas se han encontrado situaciones de este tipo”. De cualquier manera, el titular de Política Lingüística avanzó que el Gobierno Vasco modificará “a corto plazo” la asignación de perfiles los próximos años. No obstante, indicó que hasta que esta modificación se acuerde es necesaria una propuesta para lograr que la asignación de perfiles se realice “con absoluta rigurosidad”. A tal fin se ha elaborado un documento que cuenta con el visto bueno de las entidades que conforman HAKOBA: el Gobierno Vasco, las diputaciones, los ayuntamientos de las capitales, EUDEL y UEMA.

En dicha propuesta se establecen unas tablas para una asignación plenamente unificada de los perfiles lingüísticos. En estas tablas, los diferentes puestos de trabajo regidos por el Decreto 86/1997 aparecen agrupados, y se presenta el perfil lingüístico que debería asignarse a cada uno de estos grupos o, en su caso, los dos perfiles lingüísticos que se les podría asignar, aceptando esa flexibilidad siempre que esté justificada por las funciones inherentes al puesto.


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