Un informe jurídico tacha de “auténtica barbaridad” el dictamen de competencia

Los técnicos del Ayuntamiento de Donostia defienden la competencia municipal en materia urbanística

Se preguntan si el dueño de un piso puede colocar cualquier negocio en él

Carolina Alonso Ruben Plaza - Sábado, 17 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Unos jóvenes turistas transitan por el Boulevard donostiarra.

Unos jóvenes turistas transitan por el Boulevard donostiarra.

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Unos jóvenes turistas transitan por el Boulevard donostiarra.

donostia- Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Donostia consideran una “auténtica barbaridad” algunas de las afirmaciones del informe recientemente emitido por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), en el que considera que la ordenanza para pisos turísticos, que será aprobada en Pleno el 1 de marzo, es contraria a la libre competencia en materia económica e impone “barreras de entrada no justificadas” a los empresarios que quieran poner en marcha nuevos pisos turísticos. Los juristas del Consistorio donostiarra consideran que el análisis llevado a cabo por la AVC no tiene en cuenta la totalidad del marco legal que afecta al asunto, sino solo parte, por lo cual llega a conclusiones erróneas.

El análisis dado a conocer por la Autoridad de la Competencia, que anunció un informe más completo, también censura que el Plan General donostiarra limite la instalación de hoteles y, aunque no lo dice, hay quien deduce que, por los mismos motivos que esgrime, podría rechazar otras normativas municipales, como las que limitan en determinadas zonas de Donostia, como la Parte Vieja, la apertura de nuevos establecimientos de hostelería o las reglas en vigor que impiden abrir academias o peluquerías en cualquier planta de una comunidad de vecinos.

Para la AVC, que es un organismo consultivo no vinculante dependiente del Gobierno Vasco, una ordenanza municipal no puede poner límites a los usos de los distintos edificios construidos y señala que, en todo caso, podrían ser las comunidades de vecinos quienes limitasen esta opción.

Sin embargo, los servicios jurídicos del Consistorio niegan la mayor y defienden que los municipios sí tienen competencias en la regulación urbanística de los inmuebles, además de recalcar que así figura en las leyes en vigor. El dictamen municipal se pregunta si, para la AVC, un particular propietario de una vivienda puede “destinarla a la actividad comercial o de servicios que más le convenga”, algo que, en la actualidad, no sucede en las ciudades de nuestro entorno.

Los técnicos del Consistorio donostiarra señalan que el marco normativo considerado por la AVC para llevar a cabo su análisis de la ordenanza de pisos turísticos en tramitación en la actualidad “no está completo”. El informe municipal señala que está de acuerdo con la Autoridad Vasca de la Competencia en que las viviendas turísticas son una actividad económica dentro del sector turístico realizada por personas físicas o jurídicas (empresa), previa inscripción en el Registro de Empresas y Actividades de Euskadi. Sin embargo, defiende que también es competencia municipal el regular la cantidad de espacios destinados a los usos residenciales, es decir, a viviendas para los ciudadanos, lo que implica una limitación de otros usos, como por ejemplo los de tipo económico que pueden desarrollarse en un edificio inicialmente concebido para viviendas.

Para los juristas municipales, la AVC olvida “otras normas que indudablemente han de ser consideradas”, como la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco y la Ley de Suelo. Según recalcan, las normativas de rango superior facultan a los ayuntamientos para determinar algunas cuestiones como el urbanismo y el planeamiento, según las atribuciones de la Ley de Bases de Régimen Local.

competente“De acuerdo con esa ley -dice el análisis- el Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián es la administración competente para aprobar el planeamiento y ordenación urbanísticas de la ciudad”. Y añade que la competencia urbanística “no se agota” en la determinación de la tipología de los edificios que se pueden construir en una zona (residencial, terciario, industrial, etc...) sino que “es también responsabilidad de la ordenación urbanística determinar el uso al que pueden destinarse las edificaciones antes y después de su construcción”, dice el texto de los expertos.

El documento elaborado en respuesta a las afirmaciones de la AVC, que ha anunciado que podría impugnar la ordenanza donostiarra de pisos turísticos, recalca que las denominadas ordenación estructural y pormenorizada corresponden al Ayuntamiento ya que, según la Ley de Bases de Régimen Local, el municipio es quien debe hacerse cargo de fijar “la edificabilidad urbanística, el uso característico y los usos compatibles que se prevean con indicación del porcentaje máximo de edificabilidad urbanística correspondiente a estos últimos”. Es decir, que puede fijar cantidades de espacios destinados a vivienda y a otros usos económicos, además de “la relación de usos compatibles así como de los porcentajes máximos y mínimos de cada uso permitido”.

Los argumentos del informe municipal fueron avanzados esta semana por el alcalde, Eneko Goia, quien consideró que, según la AVC, podría pensarse que la tarea de garantizar el derecho a la vivienda solo podría llevarse a cabo por medio de la construcción de pisos públicos.


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