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La Audiencia Provincial de Gipuzkoa cree que el fallo de Estrasburgo “pone en valor” su labor

El presidente del tribunal que condenó a cuatro guardias civiles, Iñaki Subijana, se muestra “reconfortado” por el reconocimiento “de aquel esfuerzo argumental”

Jurdan Arretxe Ruben Plaza - Jueves, 15 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Las jueces Ana Isabel Moreno, Iñaki Subijana y Mari Jose Barbarín, durante la vista oral de 2010 en la que se juzgó a los 15 guardias civiles acusados de torturar a Portu y Sarasola.

Las jueces Ana Isabel Moreno, Iñaki Subijana y Mari Jose Barbarín, durante la vista oral de 2010 en la que se juzgó a los 15 guardias civiles acusados de torturar a Portu y Sarasola.

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Las jueces Ana Isabel Moreno, Iñaki Subijana y Mari Jose Barbarín, durante la vista oral de 2010 en la que se juzgó a los 15 guardias civiles acusados de torturar a Portu y Sarasola.

donostia- Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa y que presidió la terna que juzgó en 2010 a los guardias civiles acusados de torturar a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola, reconoció ayer que el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que avala la denuncia de “trato inhumano y degradante”, “pondera y pone en valor cómo la Audiencia hizo un trabajo de valoración argumentada y justificada” pese a que el Tribunal Supremo absolvió después a los cuatro agentes condenados.

“La decisión que adoptó era motivada, ponderada y fundada en razones probatorias”, defendió Subijana sobre un caso que enjuició junto a las magistradas Ana Isabel Moreno y Mari Jose Barbarín, y que la decisión de la Sala Tercera del TEDH -recurrible ante la Gran Sala- ahora les deja “reconfortados por el reconocimiento de aquel esfuerzo argumental”.

Subijana explicó en declaraciones a la agencia Efe que el tribunal que él presidió en 2010 analizó “los elementos probatorios” que existían contra cada uno de los quince acusados, tras lo que concluyó en cuatro condenas de entre dos y cuatro años de prisión para cuatro de los agentes. Para ello, los tres jueces intentaron “acercarse mucho a cada caso concreto”, frente a las “pretensiones de algunas partes acusadoras” de condena generalizada: “Respecto a aquellos que entendió que había elementos probatorios suficientes para condenar, condenó y respecto a aquellos que entendió que no había elementos probatorios suficientes para condenar, absolvió”.

El Supremo, en cambio, absolvió a los cuatro en 2011, lo que dejó “un poso un poco amargo” en el tribunal guipuzcoano porque, “sin perjuicio del respeto a las reglas del juego institucional”, no reconocía “el esfuerzo argumental” que se había realizado. Según explicó Subijana, el Supremo podía haber llegado a la misma absolución sin necesidad de “zaherir en muchas ocasiones los razonamientos que la Audiencia había empleado”.

Casi siete años después, Estrasburgo revierte la decisión del Supremo -refrendada por el Constitucional-. Más aún, el voto particular que firman tres magistrados para defender que, más que a malos tratos, Portu y Sarasola fueron sometidos a torturas, reconoce la labor de la Audiencia Provincial, que debía haber sido “el punto de partida” del TEDH.

“La sentencia pondera y pone en valor cómo la Audiencia hizo un trabajo de valoración argumentada y justificada”, aseguró Subijana, que defendió que la sentencia del tribunal que él presidió se ha demostrado “motivada, ponderada y fundada en razones probatorias”, lo que se convierte en el “elemento más reconfortante de la sentencia” del TEDH, “más allá de las valoraciones jurídicas en sentido estricto que se puedan realizar”.


Críticas al Gobierno español La conocida el martes fue una sentencia inédita, ya que es la primera vez que Estrasburgo condena a España no tanto por no investigar debidamente denuncias de torturas, sino por acreditar la existencia de malos tratos bajo custodia policial. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, respondió el mismo martes por la tarde que el fallo del TEDH rechazaba emplear la calificación de torturas y enfocó el caso por el hecho de que Portu y Sarasola verán su indemnización, de 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, bloqueada en favor de los pagos que deben a sus víctimas.

Esta valoración tuvo una contundente respuesta ayer por boca del secretario de Relaciones Institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, quien aseguró que “las últimas declaraciones del ministro Catalá no solo no se entienden, sino que lo que no se entiende es cómo no se le cae la cara de vergüenza”.

“Tenemos a un PP enciscado en esta situación, y es que la situación de torturas es algo que, de una manera directa, hay que abordar para crear un nuevo marco de convivencia, una situación de reparación a las víctimas y de generación de confianza al conjunto de la ciudadanía de Euskadi”, aseveró Mediavilla en Onda Vasca, donde criticó que “mientras la trivialización de la tortura sigue existiendo”, el PP “agita banderas populistas como la prisión permanente revisable”.

Por su parte, la portavoz del Gobierno navarro, María Solana, deseó que las partes “concernidas” por la sentencia se sientan “en la obligación de una reflexión honda y profunda, y a partir de ahí tomar un camino, sacar unas conclusiones”.

Quien ya las ha sacado, y no en la línea del TEDH, es la abogada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, que en una entrevista en la Cope criticó el fallo, al asegurar que ni Portu ni Sarasola denunciaron malos tratos durante la vista oral del atentado de la T-4 del Aeropuerto de Barajas. Pese a que Estrasburgo no define las lesiones como consecuencia de torturas, puso en solfa la sentencia: “Ya no me sorprenden los pronunciamientos del TEDH en materia de personas relacionadas con el terrorismo de ETA, tengo que decir que esta sentencia es más que discutible tanto en la forma como en el fondo”.

Pancartas injuriosas


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