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Estrasburgo falla mañana el caso de Portu y Sarasola con precedentes contradictorios

La Audiencia de Gipuzkoa condenó a cuatro guardias civiles por torturas
El TS los absolvió y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncia tras el recurso de los dos miembros de ETA

Jurdan Arretxe Ruben Plaza - Lunes, 12 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

Portu y Sarasola (de espaldas), tras declarar en el juicio de Donostia.

Portu y Sarasola (de espaldas), tras declarar en el juicio de Donostia.

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Portu y Sarasola (de espaldas), tras declarar en el juicio de Donostia.

donostia- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dará a conocer mañana su decisión en torno al recurso que la defensa de Igor Portu y Mattin Sarasola interpuso después de que el Tribunal Supremo español absolviera a los cuatro guardias civiles que la Audiencia Provincial de Gipuzkoa condenó por delitos de “torturas graves” y “lesiones”.

Diez años después de la detención de ambos miembros de ETA, algo más de cinco años después de la decisión del Supremo y tres después de que la Corte europea admitiera a trámite el recurso de la defensa de Portu y Sarasola -que durante su periodo de detención fue ingresado en la UCI del Hospital Donostia- Estrasburgo fallará sobre un caso mediático y que en su recorrido judicial ha tenido sentencias en ambos sentidos.

Primero fue el tribunal de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, quien con su presidente al frente, Iñaki Subijana, estimó la denuncia y echó atrás la tesis de los 15 guardias civiles que se enfrentaron al juicio al entender su versión “completamente incoherente”. En ella defendieron que las lesiones de los arrestados eran consecuencia del “violento forcejeo” tras un intento de huida de los dos miembros de ETA, cuando regresaban del monte a Arrasate a primera hora del 6 de enero de 2008.

Durante la vista oral, que se celebró en octubre de 2010, también comparecieron los dos forenses que atendieron la madrugada del 7 de enero a ambos. Según explicaron apoyados en la proyección de las imágenes de los detenidos, las lesiones “más graves” no eran “compatibles” con la versión policial. El portavoz y miembro del Instituto de Medicina Legal de Gipuzkoa, David del Valle, avisó de que, en la hipótesis del “placaje” en la detención, “se daba mucha importancia a la envergadura de los agentes, pero nadie le dio importancia al carácter atlético” de Igor Portu, que presentó la fractura de una costilla y un pinchazo “de riesgo vital” en la pleura.

Estas afirmaciones las remató el entonces fiscal jefe de la Audiencia, Jaime Goyena, que aseguró que los agentes no decían la verdad al presentar una versión “cualquier cosa menos creíble”. En sus conclusiones, cuando desveló la “trágica circunstancia” de que el operario de la autopista que firmó los recibos en el peaje de Arrasate resultó ser el exedil del PSE asesinado meses después por ETA Isaías Carrasco, criticó que los peritos que presentaron los abogados de los guardias civiles “no vinieron a ilustrar al tribunal, sino a ayudar a la defensa”.

Los abogados de esta cargaron contra el “planteamiento excesivamente inductivo” de los peritos que atendieron a los detenidos, en palabras de Carlos Aguilar, que evidenció “la extraordinaria importancia” que tenía para ETA el caso, afirmación que basó en el hallazgo de fotos de las lesiones de Portu y Sarasola al que fuera jefe de la organización terrorista Xabier López Peña, Thierry. La defensa, además, vinculó la denuncia de ambos en que ETA instruía a sus militantes en qué hacer y decir si eran detenidos. En este marco enclavaron el testimonio de Portu, que en su comparecencia ante el tribunal en Gipuzkoa aseguró que uno de los agentes le llegó a decir “tenemos cinco días para hacer contigo lo que queramos”, en referencia al periodo de detención.

Semanas después de la vista oral, el cabo del operativo, Juan Jesús Casas, fue condenado por dos delitos de torturas graves y un delito y una falta de lesiones a cuatro años y medio de prisión, y una inhabilitación de 16 años;mientras que la pena de los otros tres agentes (José Manuel Escamilla, Sergio García-Andrade y Sergio Martínez) se fijó en dos años de prisión y ocho de inhabilitación.


El caso llega al Supremo Más allá de este resultado, los elementos que luego servirían al Supremo para revocar estas condenas, inéditas en una década, ya estaban sobre la mesa. Como ya ocurrió en Donostia, donde la defensa de los agentes basó parte de su estrategia en el documento incautado a Mikel San Sebastián sobre cómo hacer frente a una detención, el Supremo otorgó mayor validez a la tesis de la defensa.

El tribunal presidido por Juan Saavedra y compuesto por los magistrados Andrés Martínez, Julián Sánchez, Juan Ramón Berdugo y José Ramón Soriano cuestionó la versión de dos de los tres autores materiales del atentado de la T-4 (el tercer condenado fue San Sebastián): “Esa increíble y asombrosa cantidad de agresiones deberían dejar necesariamente huellas, y su ausencia es lo que consigue devaluar o descalificar su testimonio”.

El Supremo, con el documento incautado a San Sebastián, cuestionó los testigos que propuso la acusación: “La previsión del manual de ETA de sacar testigos la cumplió la organización, pues es razonable pensar que los propuestos eran personas idóneas y adecuadas para prestar la colaboración que se les pedía, por sus conexiones ideológicas con el mundo etarra”. El tribunal decretó la absolución “no existiendo torturas o no habiéndose acreditado”.

El presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, Iñaki Subijana, reconoció en febrero de 2016 en una entrevista con este periódico que acogió la decisión con “la normalidad institucional que supone saber que no estás en la última instancia y que las sentencias que dicta la Audiencia pueden ser revisadas”, al tiempo que aseguró que “cuando uno dicta una resolución desde la convicción razonada entiende que hay elementos suficientes para su mantenimiento”.

Este martes, diez años después de la detención y camino de siete desde el fallo del Supremo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tomará la palabra.


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