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Competencia pedirá que se anule la ordenanza de pisos turísticos o podría impugnarla

Ve “barreras no justificadas” y trabas para nuevos empresarios
Censura también que el PGOU restrinja la actividad hotelera

Arantzazu Zabaleta Iker Azurmendi - Sábado, 10 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:03h

Turistas en la calle 31 de Agosto, la vía con más pisos turísticos de la ciudad.

Turistas en la calle 31 de Agosto, la vía con más pisos turísticos de la ciudad.

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Turistas en la calle 31 de Agosto, la vía con más pisos turísticos de la ciudad.

donostia- La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) considera que la ordenanza de pisos turísticos del Ayuntamiento de Donostia impone “barreras de entrada no justificadas” para nuevos empresarios que quieran abrir apartamentos de uso vacacional, lo que, además, confiere una “posición privilegiada” a los operadores actuales y limita la libre competencia. En un informe emitido esta misma semana, añade que las restricciones que propone el Consistorio para esta actividad económica en su ordenanza “no están justificadas”. Por eso, advierte de que tras la aprobación definitiva de la citada norma, que tendrá lugar en un Pleno extraordinario el 1 de marzo, requerirá al Ayuntamiento que la anule y en caso de que no lo haga, “podría impugnarla directamente” ante los juzgados.

La Autoridad Vasca de la Competencia es un organismo dependiente del Gobierno Vasco pero completamente independiente, según reivindicó ayer su presidenta, Alba Urresola, en una comparecencia en el Parlamento Vasco en la que anunció que elaborarán un informe más completo en torno a la regulación de los pisos turísticos en las tres capitales de la CAV.

La AVC alega que si se quieren evitar molestias a los vecinos, deben ser las comunidades de propietarios las que limiten la actividad turística en su portal

Lo harán después de hacer públicos el referente a Donostia y otro informe relativo a Bilbao donde también censuran esas mismas restricciones o barreras de entrada. En ambos casos, la AVC recuerda que la explotación de viviendas para uso turístico es una actividad permitida por la Ley Vasca de Turismo, por lo que no corresponde a la administración pública ponerle trabas no justificadas que impidan la libre competencia. Añade que, en todo caso y si se prevé que la explotación turística puede generar molestias al vecindario, deben ser las comunidades de propietarios las que limiten esa actividad en su portal.

también el pgouEn el caso concreto de Donostia, el organismo ve también restricciones para la actividad hotelera en el Plan General de Ordenación Urbana, que define una serie de requisitos respecto a las plantas que pueden ocupar, por lo que pide al Consistorio que revise también el documento en el que se basa la ordenación urbanística de toda la ciudad.

El informe de la AVC reconoce que las instituciones sí pueden establecer algunos requisitos o barreras de entrada que limiten ciertas actividades económicas siempre que no sean discriminatorias, sean proporcionales y respondan a una necesidad de orden público, seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente o de escasez de recursos naturales. Sin embargo, considera que la ordenanza de pisos turísticos de Donostia no justifica sus restricciones por ninguna de estas razones. En su articulado la ordenanza sí se refiere a la protección del medio ambiente, pero no concreta en qué medida la explotación turística de las viviendas puede tener alguna incidencia en ese sentido, según alega la AVC. El resto de argumentos esgrimidos por el Consistorio para limitar el uso turístico de las viviendas son el derecho al descanso de los vecinos, la necesidad de preservar su uso residencial, el interés en la dinamización económica de la ciudad y la evasión de procesos de gentrificación en algunas áreas. El informe de la AVC considera que ninguno de ellos está recogido en la ley de 2009 que regula el libre acceso a las actividades de servicios, por lo que no serían válidos.

La AVC es un órgano consultivo y su informe no es vinculante, pero puede requerir a la administración que modifique o retire medidas que considere que vulneran la libre competencia y también puede acudir a los tribunales. Recientemente han emitido informes sobre temas polémicos como el transporte de viajeros en Gipuzkoa o los contratos de los comedores escolares.


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