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Dura pugna por un populismo punitivo

Juristas opinan sobre el debate abierto en torno a la ampliación de los supuestos en los que se aplica la figura de la prisión permanente revisable.

Un reportaje de Jorge Napal - Jueves, 8 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:02h

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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ayer en el Senado, donde el PP aprobó una moción de apoyo a la prisión permanente.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ayer en el Senado, donde el PP aprobó una moción de apoyo a la prisión permanente.

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  • El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ayer en el Senado, donde el PP aprobó una moción de apoyo a la prisión permanente.

“No quieren ponerle el nombre real pero es una cadena perpetua. Volvemos a la época de Franco” “No sabes cuándo vas a salir, lo que tensiona el principio de legalidad de la Constitución” “Plantear el apoyo a la prisión permanente llevaría al Estado a situarse peor que a mediados del siglo XIX”

el debate sobre la prisión permanente revisable se mueve en torno a dos posturas: la de los afectados, que es “terrible”, y la del devenir jurídico, “que exige pensar con frialdad”. Álvaro Marcet representa al País Vasco en la subcomisión del Consejo General de la Abogacía (CGAE) de Derecho Penitenciario. El letrado donostiarra entiende que sería “un grave error” caer en la teoría del enemigo. “No se puede plantear que puesto que me ha pasado a mí algo atroz, ahora voy a pelear para que aumente la crueldad hacia quien ha cometido ese tipo de delitos, y para otros muchos”.

Los juristas consultados defienden que el derecho penal es un principio asentado y que “nunca” se debe legislar “en caliente”, como observan estos días tras el caso de Diana Quer. La detención de José Enrique Abuín Gey, conocido como El Chicle, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate en torno a la prisión permanente revisable, una medida que se introdujo en el Código Penal en 2015 y que convirtió este texto legal en uno de los más duros de Europa.

Hasta entonces, el máximo tiempo que un criminal podría permanecer en prisión eran 40 años. Desde aquella reforma, se implantó en España una cadena perpetua revisable a los 25 años, en función de unos exigentes requisitos de rehabilitación del delincuente.

Ahora, el Gobierno central apela a la “responsabilidad” no solo para mantener la figura de la prisión permanente revisable sino que anuncia un proyecto de ley para ampliar los supuestos en los que se aplica. “Aunque no quieren ponerle el nombre real, estamos hablando de una cadena perpetua. Volvemos a la época gris de Franco. La solución no es la prisión. En Europa está demostrado que a partir de los quince años los reclusos ya no quieren resocializarse. Jurídicamente es impresentable. No nos podemos dejar llevar por los impulsos de un padre o una madre para introducir unas penas que no caben en la Constitución española”, advierte Marcet.

El Gobierno central niega que responda a ningún tipo de oportunismo, a pesar de que uno de los supuestos que incluirá la ley es el de ocultar el cadáver de una persona asesinada, como hizo el autor confeso de la muerte de Diana Quer.

La decisión llega en un momento delicado para el Ejecutivo, desgastado por la competencia de Ciudadanos. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, apela a la responsabilidad de todos pues, a su juicio, “pocas cosas preocupan más”, pero tras la propuesta se adivina un nuevo enfrentamiento entre el PP y Ciudadanos, dos partidos que luchan por seducir al electorado de centro derecha. El PP cree que esta medida penal goza de un gran apoyo social y ha encontrado un terreno perfecto para intentar recuperar la iniciativa frente a Ciudadanos. “Sin duda que subyace una pugna con Ciudadanos por un populismo punitivo”, sostiene en declaraciones a este periódico el diputado y portavoz de Justicia del PNV, Mikel Legarda.

“Si preguntas en caliente sobre cuestiones penales, la pena de muerte puede ser apoyada después de un delito muy grave como el ocurrido. Pero el derecho penal se caracteriza por ser de la sociedad, de la víctima, y no hay razones objetivas para prohibirlo. Estamos hablando de un populismo punitivo que pasa por introducir más años de delito con más años de pena. Si se quiere dar ese paso, tengamos en cuenta que se rompe con la finalidad última de la pena que es la reinserción social. Son penas que introducen un alto grado de indefinición porque en realidad no sabes cuándo vas a salir, lo que tensiona el principio de legalidad establecido en la Constitución”, advierte Legarda.

¿Por qué no se elabora una estadística de este tipo de delitos anuales en el Estado? Sostienen los juristas consultados que “no hay tantos”, lo cual significa que “no es justificable la petición, por muy terrible que sea lo que ha podido pasar”.

Marcet entiende que “el legislador debe mirar por los más de 40 millones de habitantes que hay en España, no solo por lo que le ha podido pasar a una persona. Hay que tener en cuenta que se trata de uno de lo países con un índice de criminalidad de los más bajos de Europa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Castigar a todos por lo que ha hecho este personaje? La tarea pendiente no viene del castigo sino de la prevención. Además, hay que recordar que el fin de la prisión es la resocialización”, recuerda el abogado guipuzcoano.

Rebelión, sedición...

El PNV promueve precisamente la derogación de esta figura penal. El proyecto de ley actualmente está en el Congreso en trámite parlamentario. “Ha sido una proposición nuestra que se tomó en consideración pero cuyo plazo de enmiendas se ha estado prorrogando hasta ahora. Por lo que sabemos, la idea del Gobierno no es solo echarse hacia atrás sino introducir más supuestos de prisión permanente revisable, incluyendo los delitos sobre los que se está instruyendo las causas en Catalunya: Rebelión, sedición... Es decir, si sale la reforma que ellos quieren, en el caso de los catalanes que están condenados ni ellos mismos les van a poder indultar”.

El PP se opone y Ciudadanos, que se abstuvo en la votación, pide endurecer las penas. Ahora la formación naranja ha decidido presentar una enmienda a la totalidad a la normativa del PNV para evitar que se derogue y se endurezcan las penas, dificultando el acceso al tercer grado y los permisos penitenciarios. Su propuesta supone superar su abstención inicial de la votación y posicionarse abiertamente en contra de la derogación. “Son posicionamientos que no responden a ninguna necesidad criminológica ni tampoco al principio de proporcionalidad. Medidas así solo tensionan la Constitución, son decisiones políticas desacertadas y no necesarias”, juzga Legarda.

En opinión de Jokin Bildarratz, senador de EAJ-PNV, “plantear el apoyo a la prisión permanente revisable llevaría al Estado a situarse peor que a mediados del siglo XIX”. El portavoz jeltzale muestra su solidaridad y comprensión con el dolor de las víctimas, aunque sostiene que no pueden condicionar la labor del legislador ni definir la duración de una pena. “Lo que necesitan es que trabajemos para que no deban esperar diez años para recibir la condición de víctima, o para que se le apliquen los derechos que le da la ley”.

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