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El Consejo de Estado dice que no se puede evitar ahora la investidura de Puigdemont

El Gobierno español mantiene su intención de recurrir al Tribunal Constitucional la candidatura del president cesado

Carlos C. Borra - Viernes, 26 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:03h

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La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, comparece ayer en el Palacio de La Moncloa.

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, comparece ayer en el Palacio de La Moncloa.

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  • La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, comparece ayer en el Palacio de La Moncloa.

donostia- El Gobierno español cambió ayer el paso respecto a la sesión de investidura del president de la Generalitat fijada para el próximo martes. Contrariamente a la postura que había mantenido hasta ahora de esperar a que se consumara la elección del nuevo jefe del Govern antes de adoptar cualquier decisión, el gabinete de Mariano Rajoy activó de improviso toda la maquinaria judicial para evitar que la candidatura de Carles Puigdemont llegue a buen término. Lo hizo a través de la conocida fórmula de la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero se encontró con una piedra en el camino: el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, que considera que no es el momento de interponer dicho recurso.

La petición de este informe es un paso preceptivo antes de dirigirse al alto tribunal, y el propio Mariano Rajoy firmó ayer la decisión de solicitarlo con carácter de urgencia. Horas después, el Consejo emitió su veredicto, que avala los argumentos jurídicos planteados por el Ejecutivo pero discrepa sobre el momento de hacerlo. Así, considera que ahora mismo “no hay fundamentos para la impugnación” de la candidatura de Puigdemont cuando se desconoce si podrá estar siquiera presente en el pleno de investidura.

Según informó la Cadena Ser, a juicio del Consejo no es posible interponer recursos a título preventivo o adoptar medidas cautelares. En el escenario actual, explican los informes, solo se trabaja con hipótesis, actos previsibles pero que no se han producido, por lo que no se puede actuar contra acontecimientos futuros. Se trata de una cuestión cronológica, así que habría que esperar a un acto concreto o una proclamación para encontrar un hecho que sea recurrible. Sin embargo, este informe tiene un carácter consultivo, no vinculante. De este modo, fuentes de Moncloa avanzaron que mantienen su intención inicial de que el Consejo de Ministros autorice hoy a Rajoy a presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional. Pese a ello, y de forma prácticamente inédita en lo que al conflicto catalán se refiere, lo hará sin la muleta de la máxima institución consultiva en España.

Así, este giro imprevisto de los acontecimientos supuso un jarro de agua fría para la hoja de ruta desplegada al mediodía por la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia solemne en el Palacio de La Moncloa. Una vez trascendió la decisión del Consejo de Estado, el propio Carles Puigdemont se apresuró a exigir la “dimisión inmediata” de la vicepresidenta por “el fraude de ley que pretendía orquestar” contra su candidatura, según denunció a través de Twitter.

Los movimientos y declaraciones de los últimos días por parte del president cesado y su entorno, que apuntaban a su regreso al Estado español e incluso a su intención de asistir al pleno pese a la orden de detención en su contra, motivaron la reacción del Gobierno del PP. Con la vigilancia de los pasos fronterizos reforzada y la Policía española inspeccionando las alcantarillas del Parlament, la actuación judicial contra un president ya electo se antojaría difícilmente manejable. Sin embargo, a la espera de que se concrete el recurso y de lo que decida en ese caso el Tribunal Constitucional, la opinión del Consejo de Estado aboca a ese escenario posterior a la investidura, sin duda el más incómodo para Rajoy.

Presión a ERCLa mera admisión a trámite del recurso supondría de facto la suspensión de la propuesta de Puigdemont como candidato, anunciada el pasado lunes por el presidente del Parlament, Roger Torrent, y publicada al día siguiente en el Boletín de la Generalitat. Pese al órdago del gabinete popular, JxCat y ERC se mantuvieron ayer firmes en la defensa de la candidatura. El portavoz de la primera formación Eduard Pujol acusó a Rajoy de perpetrar un “golpe de Estado” al no aceptar los resultados del 21-D y de tratar de “coaccionar” al presidente del Parlament. Igualmente, el dirigente de ERC Sergi Sabrià cerró filas con la propuesta de investir a Puigdemont, que calificó de “legítima”, y descartó un plan B.

La intención de Moncloa de ejercer presión sobre ERC para que imponga una propuesta alternativa a Puigdemont fracasó, por tanto, a tenor de estas primeras reacciones, que se vieron reforzadas por la resolución del Consejo de Estado. El argumentario del Gobierno español, que contó con el apoyo explícito del PSOE, se basa en que el estatus jurídico actual del dirigente soberanista es “incompatible con su comparecencia personal en la Cámara”. Sáenz de Santamaría explicó que “carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial”.

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