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Quosque tandem..!

El trile del PP

Carlos Etxeberri - Domingo, 14 de Enero de 2018 - Actualizado a las 08:15h

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Y ya van dos. El gobierno del PP ha vuelto a incumplir el pacto firmado con el PNV para eliminar la tarifa de peaje de acceso a las líneas de alta tensión entre 30 y 36 kilovoltios que afecta a 1.250 empresas de seis comunidades autónomas, de las que 800 están ubicadas en Euskadi, y que supone un importante sobrecoste que les hace perder competitividad respecto a sus homólogas de otras regiones.
Si en el año 2014 la excusa fue la negativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al acuerdo suscrito con el dimitido ministro José Manuel Soria como contraprestación del apoyo del PNV a la reforma eléctrica, en esta ocasión el argumento del incumplimiento es que no hay partidas presupuestarias para soportar la eliminación de la tarifa para las líneas de 30 y 36 kilovoltios, que debería de aplicarse a partir del inicio de 2018, con lo que habrá que esperar a la aprobación de los presupuestos del Estado para este ejercicio. El acuerdo entre el PP y el PNV fue suscrito la pasada primavera, gracias al cual los jeltzales apoyaron los presupuestos del Estado de 2017, con lo que las empresas esperaban que la rebaja de la tarifa se iba a producir desde el 1 de enero.
Lo curioso es que este acuerdo de cambio tarifario a favor de las tensiones más altas que tienen unos costes menores, supone para las empresas vascas afectadas un ahorro de 50 millones de euros, una cantidad irrisoria si tenemos en cuenta que el Gobierno Central recauda 13.700 millones por la tarifa de acceso a las redes eléctricas.
Con este nuevo incumplimiento, el PP vuelve a dejar la pelota en el tejado del PNV para forzar su apoyo a los presupuestos del Estado de este año, tras las reticencias que los jeltzales están expresando para reeditar ese pacto a la espera de cómo se encauce la situación política en Catalunya. Y de fondo, el chantaje: Una prórroga de los presupuestos de 2017 impediría la aplicación de esa reforma.
Esta nueva expresión del coste de la dependencia que sufre Euskadi por formar parte de un Estado ineficiente e inoperativo, se traduce en una falta de voluntad política por parte del Gobierno de Rajoy y, en particular, de su ministro de Energía, Álvaro Nadal, que públicamente se ha manifestado en contra de la eliminación de esta tarifa discriminatoria que sufren las empresas vascas con el fatuo argumento de que Bruselas podría entender la aplicación de la medida como ayudas de Estado. Si el PP hubiera querido hubiera bastado la aprobación de un real decreto o una orden ministerial para dar cumplida respuesta al acuerdo firmado con los jeltzales.
En el fondo, están las presiones que las compañías eléctricas ejercen sobre el Gobierno en favor de sus intereses, hasta el punto de existir casos de puertas giratorias de varios exmiembros del Ejecutivo español del PP y del PSOE que forman parte de los consejos de administración de esas empresas. Para estas compañías la aplicación de la medida puede suponer una reducción de sus ingresos no solo en la retribución que perciben por el uso de las redes eléctricas, es decir, el peaje que, de esta forma, sería mucho más barato, sino también por el alto número de empresas que pueden verse beneficiadas.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha denunciado el alto coste de las redes eléctricas que existe en el Estado, si se tiene en cuenta que la rentabilidad económica de estas infraestructuras para las compañías propietarias ha experimentado un aumento del 8,84% en 2013 a 12,32% en 2016. Por ello, la CNMC hace una apelación para revisar la tasa de retribución financiera de la distribución de energía eléctrica para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos de las compañías distribuidoras que han evolucionado a la baja.
El asunto no es baladí porque las tarifas que soportan las empresas vascas devienen de su condición de usuarias de una red eléctrica que se instaló en Euskadi en el siglo pasado con una potencia de media tensión, cuando en el Estado se hacía en alta tensión. Las empresas han ido creciendo y aumentando su capacidad productiva y a la vez siendo más demandantes de energía eléctrica en un proceso que no ha ido paralelo con el cambio de potencia instalada en la red por los importantes costes que ello supondría a las compañías eléctricas.
Se ha dado el caso de una empresa de Hernani, gran consumidora de energía eléctrica, que tuvo que hacer una importante inversión, curiosamente ejecutada y sin ningún coste por parte de la distribuidora, para llevar cable de alta tensión de 130 kilovoltios a sus instalaciones, ya que la electricidad que consumía con el sistema de media tensión le reportaba unos costes de un 80% superior, con lo que ello significaba de pérdida de competitividad. Esta situación afecta a 170 de las 200 grandes empresas importantes de Euskadi que pagan un 75% más por consumo eléctrico que sus homólogas de territorios vecinos.
Esta nueva muestra de ausencia de voluntad política del Gobierno de Rajoy que afecta en esta ocasión a la economía y a las empresas de Euskadi forma parte del juego de trileros en el que se ha convertido la política en Madrid en donde la palabra dada y el pacto carecen de valor y solo sirven como señuelo para resolver situaciones puntuales en donde el acuerdo se hace necesario y se disuelve una vez alcanzado el objetivo. Lo único que cumple el PP es aquello que tiene soporte en una ley y está reglado como ha ocurrido con la renovación del Cupo. Todo aquello que no tiene soporte jurídico y que forma parte de la voluntad de las partes está llamado al incumplimiento.
Esta situación todavía se está agravando más por parte de los partidos estatales, como consecuencia de la situación generada en Catalunya, que están reformulando sus discursos hacía posiciones más recentralizadoras en donde el concepto de la España prima de manera determinante frente a las tradicionales posiciones ideológicas de derecha o izquierda. Se están produciendo apelaciones al PSOE para que apoye los presupuestos de Rajoy y así restar peso a los nacionalistas, en este caso, el PNV, o acuerdos del PP, PSOE y Ciudadanos en la comisión del Pacto de Toledo a favor de la gestión centralizada y unitaria de la Seguridad Social, saltándose por encima de la competencia recogida en este sentido en el Estatuto de Gernika y que está siendo reivindicada por el Gobierno Vasco.
Por otra parte, hay que saludar la iniciativa del Gobierno Vasco de la Estrategia Euskadi Basque Country de Internacionalización, que será presentada de manera pública el próximo día 24 en Bilbao por el lehendakari Iñigo Urkullu, en lo que puede suponer un mayor reforzamiento de la defensa de los intereses económicos del país y de las empresas vascas en el mundo en la que la diplomacia corporativa debe jugar un papel muy importante.

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