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Confirman que hubo indicios de estafa en el ‘caso Iruña-Veleia’

La Audiencia de Araba cree que se puede juzgar a
Eliseo Gil, exdirector del yacimiento arqueológico

Viernes, 12 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:17h

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gasteiz- La Audiencia Provincial de Álava ha confirmado la existencia de indicios suficientes para juzgar al exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña-Veleia, Eliseo Gil, un socio y un trabajador suyos por presunta estafa y daños.

Así lo acuerda en un auto hecho público ayer por la sección segunda de este tribunal que considera que, tal y como estableció el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, existen indicios suficientes como para continuar la causa e ir a juicio contra los tres imputados por delitos continuados de daños y estafa, aunque sobre este segundo delito la Audiencia reconoce en parte el recurso interpuesto por Gil. En concreto, el tribunal analiza que los indicios de estafa que se recogen en la resolución que dictó el pasado mayo el juzgado de instrucción con el que se finalizó toda la fase de investigación giran en torno a dos acciones y que solo se aprecia prueba de ese delito en uno de los casos.

El exdirector del yacimiento de Iruña-Veleia está acusado de haber falsificado grafitos considerados históricos. Los hallazgos que se cuestionan, localizados entre 2005 y 2006 bajo la gestión de la empresa Lurmen, de la que era administrador Gil, son unos grafitos escritos en cerámicas de los siglos III, IV y V que en su día se calificaron como históricos porque, entre otras cosas, adelantaban al siglo III la aparición del euskera y la entrada del Cristianismo y que supuestamente fueron hechos por los acusados.

El auto que cerró la instrucción estableció que “la falta de autenticidad de estos grafitos” está acreditada por dos informes periciales del Instituto de Patrimonio Cultural de España y de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. También añadió que los acusados actuaron con el “ánimo de obtener no solo un beneficio económico sino también un prestigio y reconocimiento profesional” y que acordaron elaborar en 2005 “informes falsos” para demostrar la autenticidad de los grafitos. Además supuestamente lograron que la Diputación pagase más de 12.500 euros por dos de ellos haciendo creer que habían sido redactados por unos laboratorios franceses.

Ahora la Audiencia analiza por separado los indicios recogidos sobre la presunta estafa. Por una parte los vinculados al cobro de los informes a la Diputación en la que estaría implicado Lurmen, cuyo representante era Gil, y otro de los acusados;y los relacionados con la muestra al público de esos hallazgos para “lograr un cierto prestigio profesional y obtener beneficios económicos”. - Efe

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