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Las defensas piden la nulidad de todo el ‘caso De Miguel’

Alegan que la Ertzaintza se extralimitó en los registros
Cuestionan la cadena de custodia de la grabadora clave

Txus Díez - Martes, 9 de Enero de 2018 - Actualizado a las 06:17h

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Vista de la parte acusada del llamado "Caso de Miguel", que ha comenzado esta mañana en la Audiencia de Álava, un macrojuicio que cuenta con 26 imputados ex altos cargos del PNV alavés

Vista de la parte acusada del llamado "Caso de Miguel". (EFE)

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  • Vista de la parte acusada del llamado "Caso de Miguel", que ha comenzado esta mañana en la Audiencia de Álava, un macrojuicio que cuenta con 26 imputados ex altos cargos del PNV alavés

gasteiz- Las defensas de los acusados por la presunta trama de corrupción conocida como el caso De Miguel solicitaron ayer la nulidad total del proceso por la “conculcación de derechos fundamentales” de sus representados durante la fase de instrucción. En la primera jornada del juicio, que durante las próximas semanas se centrará en las cuestiones previas al análisis judicial de lo sucedido en torno a esta supuesta trama, el abogado del exdiputado alavés Alfredo de Miguel, el principal acusado, realizó un extenso alegato con el que coincidieron los letrados de una docena de las personas juzgadas. El resto de defensas se pronunciará a lo largo de la jornada de hoy.

Gonzalo Susaeta afirmó que la Er-tzaintza, la Fiscalía y el juez instructor comprometieron los derechos a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio o al secreto en las comunicaciones de su cliente cuando el 17 de marzo de 2010 se detuvo a ocho de los acusados y se registraron sus domicilios y equipos tecnológicos. Según el letrado, el auto del 16 de marzo que ordena la operación daba instrucciones para requisar la contabilidad y documentos en relación a los flujos de activos de la sociedad Kataia, de la que formaban parte De Miguel, Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, así como sus esposas.

Sin embargo, argumentó, los agentes requisaron documentos y equipos “de forma indiscriminada” cuando, según el Tribunal Supremo, para incautarse de equipos informáticos es necesaria una autorización expresa del juez que, afirma, no existió. El posterior auto que permitió esas incautaciones y pidió su análisis a la Ertzaintza “en modo alguno repara el daño causado, sino que lo acrecienta”, afirmó Susaeta, quien además denunció que un ordenador de marca Acer hallado en la casa de De Miguel fue entregado al juzgado sin precinto, firma ni sello.

En la documentación incautada durante estos registros aparecían además las referencias a empresas como Errexal, Baio o Sidepur que convirtieron el caso en una auténtica macrocausa. A juicio de la defensa de De Miguel, todas estas pruebas carecen de valor como consecuencia de la irregularidad de los registros. “Desde el primer minuto se investiga todo”, aseguró Susaeta, quien añadió que el juzgado fue autorizando diligencias “de facto, pero no de iure”. Expuso además sus dudas sobre la cadena de custodia de la prueba que constituye el meollo del caso, una grabadora Olympus con la que la denunciante, Ainhoa Alberdi, grabó sus conversaciones con algunos acusados. Alberdi trasladó a la Justicia la presunta exigencia de una comisión de 100.000 euros por la concesión a su empresa, Urbanorma, de la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.

Según el abogado, no se registró el número de serie de la grabadora, modelo señalado inicialmente como VN 5.500, y después como VN 500 según la Policía Científica, que accedió al dispositivo. “Es imposible saber qué grabadora entregó la señora Alberdi al fiscal jefe”, señalaba el letrado, quien añadió que las grabaciones son de 2008 en su mayoría y que el dispositivo fue adquirido en 2009, según la propia Alberdi. También afirmó que los ruidos de fondo de algunas grabaciones no se corresponden con las horas en las que fueron registradas (de madrugada). “Es una prueba claramente contaminada y con serios indicios de haber sido manipulada”, afirmó.

Por otro lado, Susaeta pidió la nulidad del testimonio de Iñigo Aparicio, testigo del fiscal y responsable de la reforma de la casa de De Miguel en Gorliz, supuestamente pagada a través de una de sus sociedades. Según dijo, la Ertzaintza se extralimitó citándole de forma “supuestamente voluntaria” para declarar por un asunto que nada tenía que ver con Kataia. El abogado pidió que los acusados declaren al final del juicio, pues de otra forma “será inevitable que testigos y peritos conozcan lo declarado”, por lo mediático del caso.

El resto de abogados se sumaron a las tesis de Susaeta y añadieron otros aspectos. Así, el letrado del exgerente del Parque Tecnológico de Álava, Alfonso Arriola, señaló que Alberdi afirmó que el acusado nunca le pidió ninguna comisión. Por su parte, el abogado de Aintzane de Miguel, hermana de Alfredo de Miguel, afirmó que su defendida quedó desprotegida cuando, al testificar, admitió ser la contable de Kataia. En ese momento, dijo, debió ser imputada para poder ser asistida por un letrado y ser eximida de la obligación de decir la verdad que tienen los testigos. El representante de Koldo Otxandiano criticó que en el registro del domicilio de su cliente no estuviera presente un secretario judicial del juzgado que ordenaba la actuación.

nuevos testigosPor su parte, el fiscal jefe Josu Izaguirre solicitó la comparecencia de un nuevo testigo, un ertzaina responsable de la cadena de custodia de la grabadora de Alberdi, así como de un técnico de la Diputación alavesa, con el fin de que declare sobre la recalificación presuntamente irregular de Zambrana;y del notario de Amurrio José María de la Peña, con quien trabajaba De Miguel.

Asimismo, Izaguirre solicitó no admitir una peritación médica sobre el estado de salud de uno de los acusados, Jesús Arruti Odriozola, que según su abogada no puede asistir al juicio por un problema grave de salud. El presidente del tribunal, Jaime Tapia, afirmó que hoy mismo resolverán algunas de estas cuestiones previas, mientras que otras serán objeto de redacción de un auto concreto.

Reacción del PNV

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