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El PSC se desmarca de Colau y pone coto al referéndum

El socio de gobierno de la alcaldesa rechaza un 1-O ilegal y compromete su celebración en Barcelona

Carlos C. Borra - Viernes, 4 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Ada Colau y el presidente del grupo municipal socialista en Barcelona, Jaume Collboni.

Ada Colau y el presidente del grupo municipal socialista en Barcelona, Jaume Collboni. (Foto: Efe)

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Ada Colau y el presidente del grupo municipal socialista en Barcelona, Jaume Collboni.

Donostia- Cuando parecía que el referéndum independentista del 1 de octubre tenía vía libre en Barcelona después de que la alcaldesa, Ada Colau, asegurara que se pondrían todos los medios para su celebración, el socio de gobierno de la dirigente de Barcelona en Comú, el PSC, arrojó ayer nuevas dudas sobre la viabilidad de la consulta en la capital catalana y, de paso, sobre el precario pacto entre comuns y socialistas. Fue el líder del PSC en Barcelona y segundo teniente de alcalde, Jaume Collboni, el que advirtió de que en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal “se va a cumplir la ley”. Como consecuencia, “si no hay una convocatoria legal, no va a haber un referéndum”, sentenció.

Aprovechando su papel de alcalde accidental, por la ausencia de Ada Colau y del primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, que están de vacaciones, el dirigente socialista admitió que entre la alcaldesa y él hay “diferentes posiciones políticamente”, pero insistió en que el Consistorio va a estar “atento” para no incumplir la ley. En una entrevista a la Cadena Ser, y acerca de lo que ocurriría si viese a Colau votar el 1-O, Collboni dijo que “cada uno es libre de expresar políticamente su punto de vista, pero en la medida en la que se cumplan los márgenes que da el Estado de derecho”.

Además de volver a poner en cuestión la posibilidad de que el referéndum soberanista se desarrolle en una ciudad clave, el desmarque del presidente del grupo municipal socialista respecto al 1-O lleva aún más incertidumbre a un pacto de gobierno ya de por sí endeble. Los quince concejales que suman Barcelona en Comú y el PSC quedan todavía lejos de la mayoría absoluta, que se sitúa en 21 representantes. Además, la entrada de cuatro ediles socialistas en el Ejecutivo municipal ha acentuado el distanciamiento con los grupos municipales de ERC y la CUP, que con ocho asientos en el salón de plenos siguen siendo cruciales a la hora de aprobar cualquier iniciativa. Si ambas formaciones comenzaron la legislatura como socios preferentes de Colau, y de hecho propiciaron su investidura, ahora no dudan en ejercer su voto de castigo para visualizar la situación de minoría de la regidora. Las reticencias de ésta a acercarse a los grupos de CiU y Ciutadans, como le pide el PSC, no hace sino ahondar en la situación de bloqueo.

Las declaraciones de ayer de Jaume Collboni poniendo coto al referéndum si no está amparado por la legalidad son el último ejemplo de la división entre los socios de gobierno en torno al procés. En el pleno celebrado el pasado 30 de junio, justo el día en que Ada Colau regresó al Ayuntamiento tras su maternidad, se sometió a votación una moción del PP que instaba al Consistorio a “no apoyar ni proporcionar medios ni personal municipal el 1 de octubre en relación al referéndum que se pretende celebrar”. Mientras el PSC respaldó esta iniciativa, Barcelona en Comú unió sus votos a los de los partidos independentistas para tumbar el texto.

Sin validez jurídicaEl del segundo teniente de alcalde barcelonés no fue el único pronunciamiento en contra del referéndum que llegó ayer por parte del PSC. El presidente del partido y alcalde de Lleida, Àngel Ros, aseguró que “ante un referéndum legal, el Ayuntamiento de Lleida colaborará. Pero ante un posible referéndum que no cumpla la legalidad, es evidente que no puede haber un apoyo institucional”. En Catalunya Ràdio, insistió en que “si el referéndum está fuera del marco legal, la administración municipal no puede colaborar”.

Ros vaticinó por ello que el 1 de octubre habrá “una especie de movilización, una consulta sin validez jurídica, porque no habrá garantías de ningún tipo”, y será “parecida” a la consulta soberanista celebrada el 9-N de 2014. El dirigente socialista, que sí participó en el 9-N y votó en blanco, explicó que esta vez no piensa votar y, como alcalde, tampoco colaborará. Opinó asimismo que la pretensión del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que la cita sea un referéndum vinculante “no tiene sentido”.


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