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Madrid condiciona el fin del alejamiento a la delación que rechaza el EPPK

Zoido recrimina a los presos que “ni siquiera contribuyan a esclarecer los hechos”, una línea roja para el colectivo oficial

Míriam Vázquez - Jueves, 3 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Maite Sánchez y Peru del Hoyo, la compañera y el hijo del preso fallecido, muy afectados en la despedida de ayer en Galdakao, en el que se volcó la plana mayor de la izquierda abertzale con Jone Goirizelaia, Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodriguez, Miren Zabalet

Maite Sánchez y Peru del Hoyo, la compañera y el hijo del preso fallecido, muy afectados en la despedida de ayer en Galdakao, en el que se volcó la plana mayor de la izquierda abertzale con Jone Goirizelaia, Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodriguez, Miren Zabaleta y Rufi Etxeberria, entre otros. Fotos: Juan Lazkano

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Maite Sánchez y Peru del Hoyo, la compañera y el hijo del preso fallecido, muy afectados en la despedida de ayer en Galdakao, en el que se volcó la plana mayor de la izquierda abertzale con Jone Goirizelaia, Arnaldo Otegi, Arkaitz Rodriguez, Miren Zabalet

Donostia- La contribución de los presos al esclarecimiento de los atentados sin resolver va camino de convertirse en un escollo determinante para cambiar la política penitenciaria. El Gobierno español fijó ayer cuatro requisitos a los presos para poner fin al alejamiento y permitir que cumplan condena en cárceles vascas o cercanas a Euskadi. El alejamiento es una medida discrecional y política, y no aparece fijada en la ley, de manera que el gabinete de Rajoy tiene la sartén por el mango, más aún después de que los tribunales europeos rechazaran los recursos de varios presos que cumplen pena en el Estado francés. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pidió la disolución de ETA, que los presos pidan perdón, la entrega definitiva de las armas (una fase que no considera superada a pesar de la entrega de los zulos con la mediación de los artesanos de la paz el 8 de abril) y, sobre todo, colaborar con la justicia. Esa condición es inasumible para el colectivo oficial de presos, EPPK, que recientemente consideraba que sería un “suicidio político”. Es una de sus dos líneas rojas, junto al arrepentimiento. El choque es absoluto entre ambas partes, en un momento en el que los presos preparan ya con sus abogados sus solicitudes de beneficios penitenciarios tras la histórica decisión del EPPK de explorar las vías legales e individuales.

En declaraciones a Europa Press, Zoido enfatizó el requisito del esclarecimiento de los atentados con expresiones como “incluso” o “además”. Solo en el caso de que los presos cumplan las cuatro etapas, Madrid estudiará “algunos pasos”. El alejamiento no se recoge en ninguna ley, al contrario que las condiciones para acceder a beneficios penitenciarios como progresiones de grado y permisos de salida. En cuanto a los requisitos para acceder a los beneficios, la colaboración con la justicia aparece en la Ley 7/2003, la bestia negra del colectivo de presos, que aspira a que sea reformada y adaptada al nuevo tiempo. Esa norma, conocida como la Ley del cumplimiento íntegro de penas, fue la que estableció condiciones adicionales para los presos condenados por terrorismo. Elevó el tiempo máximo de estancia en prisión a 40 años y, para acceder a la libertad condicional y el tercer grado, la norma exige colaborar con las autoridades para impedir más delitos, y para ayudar en la “identificación, captura y procesamiento” de otros miembros de la organización en cuestión. El expreso Antton López Ruiz, Kubati, avisaba el mes pasado de que esa condición no se va a cumplir porque supondría encarcelar o alargar la condena de otros presos, con las contradicciones internas que ese paso provocaría. López Ruiz pidió no renunciar a la “militancia política” y llegó a decir que la delación está mal vista por la sociedad. Es una práctica que tampoco han realizado los reclusos de la vía Nanclares.

Es un requisito clave para el PP, que además siente en el cogote el aliento de determinados colectivos de víctimas. Hay 300 atentados sin esclarecer, y consideran que la participación de los presos de ETA para arrojar luz debe ser obligatoria. El Gobierno español volvió a esgrimir ayer ese requisito en un momento de tensión en la política penitenciaria, después de la muerte de Kepa del Hoyo en una cárcel de Badajoz. Según Instituciones Penitenciarias, perdió la vida de un ataque al corazón mientras practicaba deporte, aunque la izquierda abertzale interpreta que lo ha matado la dispersión. El Gobierno español argumenta que ni los presos ni la izquierda abertzale están mostrando un asomo de autocrítica, menos aún cuando Sortu se está volcando en los actos de despedida del recluso. El PP cree que está homenajeando su trayectoria y que esos actos deberían ser prohibidos.

dar “algunos pasos”Zoido rechaza “hoy por hoy” cambiar la política penitenciaria y poner fin al alejamiento. “Ni siquiera terminan de hacer una declaración de que quieren contribuir a esclarecer los hechos, pedir disculpas y pagar las deudas con las víctimas. Primero, tendría que resolverse la disolución definitiva de ETA, pedir perdón, la entrega definitiva de las armas y, una vez que se hubieran arrepentido e incluso esclarecido temas pendientes, es cuando se podrían dar algunos pasos para ver qué se puede hacer”, explicó.

Los presos han presentado ya el documento final de conclusiones del debate interno. En él se ratifica la apuesta por las vías legales e individuales, un camino que cada preso decidirá si explora o no. Los presos están estudiando con sus abogados las opciones que se les presentan. Ese dossier jurídico será entregado al colectivo de presos para que avale su posición, y también se activará algún tipo de dinámica para darlo a conocer públicamente y escenificar un apoyo popular. Otoño será un mes determinante para la política penitenciaria, a medida que las peticiones de los reclusos lleguen a las juntas de tratamiento carcelarias y a los jueces.

transferencia de prisionesZoido también se pronunció sobre la transferencia de la competencia de prisiones a la comunidad autónoma. El ministro optó ayer por quitarle hierro y dejar la puerta abierta en un momento de acercamiento al PNV para buscar su apoyo a los Presupuestos del próximo año. Zoido dijo comprender que el PNV plantee esta demanda porque aparece recogida en el Estatuto de Gernika y, además, añadió que “si lo tiene ya Cataluña, es lógico que el País Vasco considere oportuno iniciar el camino de solicitar la competencia”.

No obstante, también avisó de que esto “no se hace de la noche a la mañana”. “Pasa bastante tiempo”, puntualizó. El traspaso de esta competencia supondría que las instituciones vascas gestionaran las prisiones, pero deberían hacerlo aplicando la legislación penitenciaria estatal.

LEY 7/2003

Cumplimiento íntegro de penas. Esta ley fija condiciones específicas y adicionales para los condenados por terrorismo. Eleva a 40 años el límite máximo de permanencia en prisión y, para acceder a la libertad condicional y el tercer grado, pide colaborar con las autoridades para impedir más delitos y para la “identificación, captura y procesamiento” de otros miembros de la organización que se trate. También reclama una petición expresa de perdón.


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