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Garoña, adiós a la espada de damocles

El Gobierno español basa su decisión en el coste de las inversiones

El lehendakari afirma que desde ayer los vascos viven más seguros

A. Burdain / Agencias - Miércoles, 2 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:10h

(Alex Larretxi / Efe)

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las claves

Ministerio. Tras la publicación de un informe favorable a la reapertura de la central, con exigencias en materia de seguridad, emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el peso de la posible reapertura de Garoña descansaba sobre la decisión del Ministerio de Industria.


Inviable. Dentro de los argumentos manejados por el Gobierno español para decidir el cierre definitivo de la planta nuclear burgalesa, ha pesado la enorme inversión necesaria para adecuarla a las exigencias de seguridad requeridas. También han influido el escaso aporte de la central a la red y su antigüedad.


Credibilidad. Los técnicos del CSN creen que todo este proceso ha restado credibilidad al Consejo.

la frase

El ministro de Industria y Energía aseguró que la clausura de Garoña no implicará repercusiones para el mercado eléctrico.

la cifra

400

Trabajadores de la central, entre empleados directos e indirectos, desconocen aún qué será de su futuro laboral y esperan que los responsables de Nuclenor les ofrezcan información.

Gasteiz- Ya no hay vuelta atrás para Garoña. La central nuclear más antigua del Estado español, la de las mil grietas, la que tantas veces ha movilizado a la sociedad vasca para exigir su cierre definitivo, no volverá a abrir sus puertas jamás. El anuncio de la clausura llegaba al filo de las 12.00 horas de ayer y el responsable de hacerlo público, el ministro de Energía y Turismo, Álvaro María Nadal, comparecía para poner fin a una historia que dio comienzo en 1970 con la construcción de la planta burgalesa y que concluyó provisionalmente en 2012 con su cese temporal de actividad. El lehendakari, Iñigo Urkullu, valoró ayer la noticia de forma muy gráfica: “A partir de hoy, los vascos y las vascas viviremos más seguros”.

El ministro informaba de que la central no volverá a funcionar ni a conectarse a la red después de que el Gobierno español acordara denegar la autorización de funcionamiento. Para justificar la resolución, Nadal argumentó que las inversiones requeridas para la reactivación son muy significativas, que se trata de la planta más antigua en operación y que su aporte al sistema energético es poco significativo.

Dotada de un sistema nuclear de producción de vapor formado por un reactor de agua ligera en ebullición suministrado por General Electric, tecnología gemela a la instalada en Fukushima Daichi, la central de Garoña inició su actividad en marzo de 1971. Durante el año 2004 produjo 4.049,59 millones de kw/h, con un factor de carga de 98,93% lo que supuso su mejor producción anual. En 2012, su último año en explotación, generó 3.879,69 millones de kilovatios hora.

En 2004 y 2005, la central registró dos incidentes calificados de nivel 1 según la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). En febrero de 2004 se envió por error una partida de chatarra radiactiva a una acería de Bizkaia y el 14 de marzo de 2005, durante una prueba de vigilancia de las válvulas de ventilación del edificio de contención, se detectó un comportamiento anómalo del sistema. También fue clasificado con nivel 1 un fallo registrado en agosto de 2008 en las baterías de suministro ininterrumpido.

Pese a todo, su permiso de explotación se renovó el 5 de julio de 1999 por un plazo de 10 años, y en 2006 se solicitó una prórroga por otros diez más. La renovación quedó marcada por la polémica. El Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, avaló su continuidad hasta 2019 con ciertas mejoras aceptadas por la empresa, pero el Gobierno socialista optó por una prórroga de cuatro años y ordenó el cierre de la central en 2013. Una decisión que no contentó ni a los ecologistas, ni a Nuclenor, ni a los trabajadores. En julio de 2011 la Audiencia Nacional confirmó la prórroga de la explotación hasta el 6 de julio de 2013, así como su cierre definitivo en esa fecha.

Sin embargo, en enero de 2012 el nuevo Gobierno del PP encargó al CSN un informe sobre la posibilidad de alargar la vida de la central, que el 17 de febrero dio luz verde a la idea. En julio de 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy modificó el decreto de cierre y dio de plazo a la empresa hasta el 6 de septiembre para solicitar una prórroga hasta 2019. La empresa no presentó la solicitud por motivos económicos derivados del elevado coste de las inversiones exigidas, y, sobre todo, por los nuevos impuestos. En diciembre de 2012 cerró la planta. El reactor paró a las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012 y se desconectó de la red eléctrica después de 42 años de actividad. Sin embargo, Nuclenor cambió de opinión y pidió a Industria la revocación parcial del fin de la licencia de explotación. El 21 de febrero de 2014, el Gobierno aprobó un real decreto que modificó el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, lo cual permitió a Nuclenor solicitar una nueva renovación de su permiso de explotación.

Merced a esa modificación, el 27 de mayo de 2014 la empresa presentó una solicitud de renovación, que fue remitida al CSN. El Consejo aprobó la reapertura el pasado febrero, pero con una serie de requisitos. El Ministerio de Energía pasaba a tener la última palabra sobre el futuro de la central y ayer decidió su cierre.

Nuclenor anunció ayer que analizará la decisión del Ministerio cuando reciba “formalmente la documentación” para valorarla “adecuadamente y tomar las decisiones que corresponda”. Sus portavoces señalaron ayer que la empresa, “continúa sus actividades habituales” de acuerdo con el programa establecido, ya que mantiene “el compromiso con la seguridad de las personas, las instalaciones y el entorno”.

La Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear (ASTCSN), denunció el uso partidista del regulador en el expediente de reapertura de la central porque el CSN “ha perdido credibilidad ante una sociedad harta de corrupción política” y ha sido “una marioneta”. Los técnicos consideran que es “imprescindible para garantizar el buen funcionamiento del parque nuclear” que el CSN rinda cuentas “de forma transparente” y señalaron que no lo ha hecho.

Recordaron que el presidente del CSN, Fernando Martí, en su comparecencia ante el Congreso, expuso que mientras Nuclenor no cumpliera con todos los requisitos exigidos en la Instrucción Técnica no aprobaría ningún informe técnico respecto a la prolongación operativa de la planta. Unas declaraciones “falsas” a su juicio, ya que el CSN emitió en febrero su informe favorable a la renovación de la planta. “El expediente de Garoña se ha gestionado de forma inadecuada”, manifestaron.


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