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La Guardia Civil lanza un aviso y extiende la sospecha a todo el Govern por el referéndum

Cita al director de Comunicación y también al exportavoz del Pacte Nacional sin recibir un encargo expreso del juez

Míriam Vázquez - Viernes, 28 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:11h

El director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, a la salida del cuartel de la Guardia Civil donde fue interrogado por el referéndum del 1 de octubre.

El director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, a la salida del cuartel de la Guardia Civil donde fue interrogado por el referéndum del 1 de octubre. (Foto: Efe)

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El director de Comunicación del Govern, Jaume Clotet, a la salida del cuartel de la Guardia Civil donde fue interrogado por el referéndum del 1 de octubre.

Donostia- Madrid quiere estrechar al máximo el cerco sobre el referéndum de independencia catalán para evitar que tenga lugar, y el marcaje no solamente está afectando a los rostros más visibles del Govern, sino a cargos intermedios que trabajan en la trastienda y en niveles inferiores. La sombra de la sospecha se ha extendido, incluso, a una organización que no ha hecho campaña por la vía unilateral y que ha defendido todo este tiempo una consulta acordada con el Estado y vinculante. La lupa se cierne sobre el Pacte Nacional pel Referèndum, en el que participan desde Podemos y los comunes hasta el F.C. Barcelona.

La Guardia Civil, que se ha convertido en uno de los principales arietes contra el referéndum, ha tomado declaración en las últimas horas a tres cargos del Govern y al excoordinador del Pacte Nacional, Joan Ignasi Elena. Lo ha hecho sin recibir una petición expresa del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya emitió ayer un comunicado para puntualizar que los uniformados actuaron en su condición de policía judicial y sin recibir un encargo expreso. La Guardia Civil imputó a dos cargos del Govern de Puigdemont en el transcurso de los interrogatorios, pero es algo provisional y debe ratificarlo el juez. De lo contrario, este episodio quedará en agua de borrajas y será simplemente una nueva advertencia del Estado, que espera que el temor a las represalias penales alimente las deserciones en el procés.

El Gobierno de Rajoy cree que ese es el punto flaco del soberanismo y que la cuerda se puede romper por el lado de los sectores descontentos de la antigua Convergència o los funcionarios que teman por su futuro. En las últimas semanas se han producido varias remodelaciones en el Govern y los Mossos d’Esquadra para garantizar la lealtad de todos, después de que el exconseller Baiget reconociese que temía perder su patrimonio. En ese contexto, el conseller de Justicia, Carles Mundó, vio ayer una mano negra y ausencia de garantías en las citaciones, y pidió aclarar a las órdenes de quién están actuando los uniformados, que dependen de los ministerios del Interior y Defensa. Con las citaciones de ayer se transmite la imagen de que cualquier funcionario o cargo del Govern, aunque sea de los peldaños inferiores, puede ser condenado por gestar el 1 de octubre.

Ayer se produjeron dos citaciones, la de Joan Ignasi Elena y la del director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet. El primero declaró como testigo, y el segundo lo hizo como investigado, la nueva denominación que sustituye a los imputados. La Guardia Civil los interrogó en Barcelona, en el cuartel de Travessera de Gràcia. La toma de declaración se produjo en el contexto de la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Esa causa tiene tres vertientes. Por un lado, se trata de aclarar si el exsenador de ERC Santiago Vidal decía la verdad cuando aseguró que la Generalitat tiene partidas camufladas para el referéndum y ha obtenido los datos fiscales de los catalanes de manera irregular;por otro, se están recabando datos sobre la campaña informativa para crear un censo de catalanes en el exterior;y, por último, se está analizando la financiación de las webs del referéndum y del Pacte. En el caso, impulsado por el partido Vox, se cita un abanico de acusaciones que incluye el delito de sedición, que implicaría hasta 15 años de cárcel y supondría llevar el enfrentamiento judicial a un nuevo estadio: hasta ahora, las condenas por el procés se han saldado con inhabilitaciones para ejercer como cargo público, pero no con la entrada en prisión.

los interrogatoriosEn el transcurso del interrogatorio a Clotet, que se centró en la gestión económica de la web del referéndum, la Guardia Civil interrumpió sus preguntas y lo avisó de que, a partir de ese momento, pasaba a tener la condición de investigado y sus respuestas podían incriminarlo. La abogada de la Generalitat entró en la sala, aunque de ahí en adelante Clotet decidió acogerse a su derecho a no declarar.

Fuentes conocedoras de lo sucedido explican a este periódico que a Clotet no se le imputó un delito de sedición, sino que la Guardia Civil apunto más bien a la malversación de fondos públicos por el diseño de la web del referéndum. Desde el Govern aseguran que la cantidad de fondos públicos empleada en la web fue anecdótica y ven un intento de intimidar a los funcionarios.

Por su parte, Joan Ignasi Elena declaró como testigo y no pudo ocultar su contrariedad. El Pacte Nacional pel Referèndum ha defendido un plebiscito acordado y, de hecho, ha quedado en cierta manera en suspenso al constatar la falta de respuesta del Gobierno de Rajoy y la consiguiente apuesta por la vía unilateral de la Generalitat. Elena consideró que su citación ha sido “desagradable y absurda” porque la entidad apostaba por las vías legales. “Las convicciones no se tuercen con amenazas, policías y jueces. Se canalizan con diálogo y política”, defendió.

El miércoles fueron interrogados otros dos cargos del Govern, el secretario general de Presidencia, Joaquim Nin, que también acabó siendo imputado;y el director general de Atención Ciudadana, Jordi Graells, que acudió solo como testigo. Hoy serán interrogados cargos de Presidencia y Exteriores. De momento, el Juzgado de Instrucción no ha aumentado la nómina de imputados ni tiene previsto citar a nadie más a declarar. Se está centrando en Vidal, en el secretario de Hacienda Lluís Salvadó, y en Carles Viver Pi-Sunyer, comisionado por la Transición Nacional de Catalunya. El juez ha vuelto a prorrogar el secreto de sumario hasta finales del próximo mes. Si se imputase un delito de sedición, el caso pasaría a ser competencia de la Audiencia Nacional.


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