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Editorial

Un consenso sin siglas

La próxima iniciativa legislativa que aspira a combatir la violencia machista con mejores resultados que los registrados hasta ahora exige un consenso integrador y no patrimonializar la acción política

Martes, 25 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Basta acercarse a las páginas de cualquier periódico en las últimas semanas para entender la necesidad de que un consenso político máximo refuerce las posibilidades de acción de las instituciones democráticas para incrementar la protección a las mujeres frente a la violencia machista en cualquiera de sus formas. No es únicamente una cuestión de incrementar las medidas coercitivas o disuasorias, que por otra parte se están revelando como necesarias, sino de ser eficientes en la gestión de todas las situaciones que victimizan a la mujer por el hecho de serlo. Con demasiada frecuencia los mecanismos de protección se han revelado insuficientes, lentos, mal orientados o sencillamente carentes de efectividad. Las condenas sociales e institucionales conviven con actitudes no suficientemente reprobadas en los usos y costumbres sociales o en la acción de las propias instituciones democráticas. Medidas como la modificación de las condiciones de acceso a los hijos de los maltratadores o la activación de la intervención judicial de oficio, como en otros delitos, aunque no medie denuncia firme cuando los indicios son relevantes, deben orientarse a asentar en el consenso social el rechazo a toda forma de supeditación de facto por razón de género. No basta con condenarlo, hay que combatirlo. En este contexto, la oportunidad de un consenso “de Estado” que incorpore a las diferentes sensibilidades ideológicas, representadas por los partidos políticos, en un solo frente común que respalde las políticas de igualdad y la lucha contra la violencia machista no debería verse mermada por estrategias partidistas. La tentación de apropiarse de las iniciativas que requieren de un compromiso sin reservas debe ser descartada. El cruce de reproches entre fuerzas políticas de ámbito estatal debe quedar aclarado y superado. La sociedad vasca ni la española deben admitir que se haga política con minúsculas en un asunto que roza la situación de emergencia. El machismo en cualquiera de sus formas es grave, es antidemocrático y debe ser combatido y extirpado. El primer servicio que se le puede hacer a este reto es no intentar obtener rédito político de él. Si la lucha contra la violencia machista es propiedad de alguien es de las mujeres y los hombres que entienden que convivir es establecer los límites propios a partir del reconocimiento de la libertad ajena. Y ese es un principio democrático por encima de cualquier sigla.


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