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Tribuna abierta

Otra vez a vueltas con los más pobres

Por Josu Montalbán - Lunes, 24 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

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¿acallará la reforma de la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) a sus detractores? Esta debe ser la pregunta que han de hacerse quienes, en estos momentos, se sientan alrededor de la mesa para buscar las condiciones que han de cumplir quienes aspiren a cobrarla.

El relato de la RGI -ahora que cualquier asunto conflictivo necesita un relato convincente- ha sido hasta ahora una narración del género de la novela picaresca. Los periódicos se han llenado de noticias curiosas que siempre han enfatizado tanto las irregularidades cometidas por unos poquísimos infractores que han caído en el olvido las características y virtudes de la prestación. El propio nombre (Renta de Garantía de Ingresos) se presta al equívoco. Desde luego que no responde al significado de la palabra “renta”, porque ni es “el dinero u otro beneficio que produce regularmente un bien”, ni es la “cantidad de dinero o bienes que se paga regularmente por el alquiler de algo”. Por lo tanto, no se trata de una “renta” porque los perceptores no deben tener bienes suficientes ni perciben la ayuda por aportar nada en concreto a cambio. En todo caso, les basta con ser ciudadanos del País Vasco para tener derecho a ello, eso sí, siempre que no tengan caudales suficientes.

Tampoco el término “garantía” es el más apropiado si tenemos en cuenta que se trata de una cantidad suficientemente exigua y escueta como para garantizar nada. No en vano, la RGI suele ir apoyada, en muchos casos, por otro tipo de ayudas puntuales que cubren obligaciones perentorias de la vida de los perceptores como la vivienda, el suministro eléctrico o el recibo del agua. De modo que ni es una renta real ni garantiza un nivel de ingresos suficiente, ni siquiera ajustado a las necesidades de las viviendas o de las familias.

Es por esto que resulta chocante la urgencia con la que tantos ciudadanos vascos proponen revisar las condiciones que han de cumplir los perceptores. Porque, aunque es verdad que se producen cobros indebidos en la RGI, incluso fraudes escandalosos propiciados por tramas organizadas, el nivel del fraude total es especialmente bajo. Es verdad que el hecho de que sea bajo no debe llevar a las instituciones a ser desidiosas en el control, pero el exceso d en la vigilancia y la escasa misericordia que muestran algunos cuando interpretan los datos hacen pensar mal a quienes desde la buena voluntad seguimos pensando que quienes cobran la RGI, al menos una mayoría aplastante de ellos, son menesterosos y necesitados, es decir, pobres.

Veamos algunos números. En cinco años, desde 2012, las cantidades indebidamente percibidas han ascendido a 165 millones de euros y han afectado a 62.359 titulares o cabezas de familia. De ellos, casi un 60% han devuelto su deuda o lo están haciendo mediante acuerdos pactados con la Administración. Ciertamente, la pobreza y la precariedad están provocando comportamientos poco adecuados en los perceptores que son sorprendidos en ilegalidad o irregularidad, lo que hace que las oficinas de quien administra la RGI, Lanbide, sean un foco de posibles conflictos. Pero es preciso subrayar, según datos recientes, que hay 113 millones de los percibidos de modo irregular que ya están en proceso de devolución. ¿Alguien sería capaz de parangonar, por niveles y condiciones de vida personales, este fraude de la RGI en comparación con el fraude fiscal? Es decir, ¿alguien se atreve a comparar, e interpretar debidamente, el fraude que se produce en la percepción de ayudas públicas con el que se produce en el pago de las obligaciones tributarias? De modo que este debate es un asunto que tiene que ver con la riqueza y la pobreza de un país, pero sobre todo con la desigualdad que afecta a los pobres frente a los ricos.

Hace poco tiempo, la consejera Artolazabal cometió el terrible error -del que espero que ya se haya arrepentido- de juzgar como “suficiente” la RGI para vivir una vida digna. Tal vez tenga razón en el uso del término, porque la dignidad no está reñida con la pobreza (se puede ser digno y pobre), del mismo modo que se puede ser rico e indigno y miserable, pero la RGI no es suficiente, está demasiado por debajo de la media salarial y solo llega para vivir de modo escueto y retirados del mundanal ruido. Sin embargo, las continuas y excesivas protestas del PP vasco me llevan a una reflexión profunda: si pusieran los populares el mismo interés en cuestionar el fraude fiscal que ponen en denunciar el fraude social, las arcas del Estado estarían mucho más y mejor nutridas, habría más fondos para resolver el riesgo que suponen las bolsas de pobreza y la paz social formaría parte del hábitat ciudadano. Pero no es así porque los populares, como buenos epulones, solo aceptan a los lázaros cogiendo las migajas que han caído de sus mesas.

Resulta curioso que nunca se hayan pronunciado, salvo con vaguedades, sobre el fraude fiscal, que no hayan presentado denuncia ninguna contra sus correligionarios y pongan tantas objeciones a una RGI que pone poco más de 600 euros para que viva cada ciudadano en situación de precariedad o pobreza. Ni siquiera le basta al PP que la consejera haya presentado ya las líneas maestras de la nueva RGI, quince puntos concretos que harán bastante más difícil acceder a ella. Una RGI por domicilio, que obligará a compaginarse a quienes han recurrido a compartir vivienda sin estar vinculados por consanguinidad o relación familiar. Un control antifraude que irá tan lejos como para traspasar la presunción de inocencia. Un recorte como consecuencia del aumento del tiempo de empadronamiento y la prescripción de los pagos indebidos a 24 meses. Igualmente, se fijan unas cantidades mínimas a percibir por cada núcleo familiar, que no podrá exceder de los 1.200 euros mensuales. A la vista de lo propuesto en el primer borrador, solo caben puntualizaciones al alza, porque cualquier matización a la baja solo puede obedecer a la inhumanidad con que los opulentos interpretan el rigor de la pobreza de los más míseros y oprimidos por el sistema.

Pues bien, el PP vasco ha urgido al gobierno para que acelere la aprobación de la reforma de la RGI y ha amenazado que, si no se apremian, ellos llevarán una propuesta propia. Este exceso de responsabilidad del PP cobra importancia porque sus votos son imprescindibles para cualquier aprobación, ante la cerrazón absurda de EH Bildu y Podemos, que han anunciado su oposición al texto presentado. Es decir, que estos izquierdosos de salón son capaces de dejar a los más pobres al libre y descarado albedrío de los más ricos del PP. Puestos a ganar el cielo, el PP ha optado por imponer un justicierismo contra los más depauperados y necesitados y quienes alardean de izquierdosos no se atreven a apoyar las medidas propuestas -quince- quizás porque prefieren erigirse en salvadores o redentores. Yerran. Unos y otros yerran, no tanto en sus propuestas como en sus pronunciamientos públicos.

Los perceptores de la RGI son pobres, ya sean estructurales o accidentales. No son ladrones ni esquilmadores de las arcas públicas. Quien les trata como tal es, como mínimo, un miserable. Y quien se empeña en conquistar el poder que dan los votos ofreciéndoles el oro y el moro por su pobreza, no pasa de ejercer una desacompasada oposición, que usa la pólvora del rey para dar rienda suelta a sus devaneos. Unos y otros deberían, sobre todo, respetar a los pobres como personas que también son.

josumontalban@blogspot.com


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