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Se cumplen cuatro años de la tragedia ferroviaria de Angrois

Un tren Alvia con exceso de velocidad descarriló provocando un total de 80 muertos y 144 heridos

Domingo, 23 de Julio de 2017 - Actualizado a las 09:47h

Familiares de víctimas observan el paso del tren en la curva de Angrois. Foto: Efe

Familiares de víctimas observan el paso del tren en la curva de Angrois. Foto: Efe

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Familiares de víctimas observan el paso del tren en la curva de Angrois. Foto: Efe

Angrois – Mañana se cumplirán cuatro años desde que un tren Alvia en el que viajaban 218 personas descarriló en la curva de A Grandeira, a escasos kilómetros de la estación de Santiago. Allí, viajeros, vecinos del barrio de Angrois y otros ciudadanos que junto a los servicios de emergencias se lanzaron a socorrer a las víctimas, vivieron momentos trágicos, con el resultado final de 80 fallecidos y 144 heridos.

Una catástrofe, para más inri, que se producía a pocas horas de la celebración del día grande de la ciudad, el de su patrón, el Apóstol, que a la postre es el Día de Galicia.

El convoy procedía de Madrid-Chamartín y se dirigía a Ferrol, pero tenía prevista su parada en Compostela minutos antes de las nueve de la noche. Pasadas las 20.40 horas, el exceso de velocidad con el que circulaba el maquinista tras atender una llamada del interventor –que le indicaba por dónde entrar en Pontedeume para que se pudiese bajar una familia– provocó el fatal descarrilamiento.

Mañana lunes, la comunidad gallega conmemorará el cuarto aniversario del siniestro ferroviario más grave de la democracia española, que se produce en un contexto marcado por dos frentes más claros ahora que nunca en estos últimos cuatro años: el judicial y el político.

En los juzgados, al conductor, Francisco Garzón, se le ha unido el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, al que el juez también atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Cortabitarte obtuvo la calidad de investigado en la causa en marzo de este año, aunque anteriormente ya había sido imputado por el primer instructor, Luís Aláez, en septiembre de 2013 y en mayo de 2014. En esas dos ocasiones se libró de lo que Aláez le atribuía a él y a otras 21 y 11 personas, respectivamente –todos ellos altos cargos o excargos de Adif–, por la Audiencia Provincial.

Los mismos magistrados que, sin embargo, el pasado 28 de junio confirmaron la investigación a Cortabitarte por el nuevo juez, Andrés Lago, al ver “indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos”.

El pasado 4 de abril, el hombre al que Adif ha reubicado en una subdirección de nueva creación –y al que las víctimas del accidente de metro de Valencia cuestionan por su papel como perito– se acogió a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción 3 de Santiago.

Este 27 de julio, tres días después del aniversario, vuelve a estar citado en sede judicial. Algunas fuentes consultadas por Europa Press dan por hecho que otra vez optará por no declarar o que, si lo hace, solo responderá a su abogado. Otras fuentes, no obstante, tienen la impresión de que sí intervendrá, algo que creen que preocupa a su letrado, por lo que pueda decir sobre las implicaciones de otros dirigentes o empresas públicas como Renfe.

Con todo, hay coincidencia en que su actuación es una incógnita, y la plataforma de afectados ya le han reclamado a través de los medios que hable, así como que cese en el cargo público que ocupa.

La conmemoración este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó que no, apoya ahora y de hecho ya ha registrado una petición de comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados. La reivindicación, justamente, por la que clama la plataforma de víctimas desde un primer momento, para conocer “la verdad” y que se haga “justicia”. En Marea (Podemos) ya ha mostrado su disposición a votar a favor de la iniciativa socialista. La pelota está ahora sobre el tejado de Ciudadanos, del que los afectados quieren saber si favorecerá el veto. – Europa Press


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