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El congreso concluye que Interior usó a la Policía con fines políticos

La comisión de investigación da por probada la ‘operación Catalunya’

El dictamen final es aprobado con el único voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos

Xabier Garmendia - Viernes, 21 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:11h

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. (EFE)

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El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

madrid- El Ministerio del Interior hizo un uso partidista de las fuerzas policiales con fines políticos. Es la principal conclusión a la que llegaron ayer la mayoría de los grupos del Congreso en el carpetazo final a una comisión de investigación que ha durado cuatro meses. Según las conclusiones del órgano parlamentario, el exministro Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Policía española Ignacio Cosidó y el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino destinaron medios humanos y materiales para obstaculizar las pesquisas en escándalos de corrupción que asedian al PP y perseguir a adversarios políticos, especialmente a destacados dirigentes del independentismo catalán en la denominada operación Catalunya.

Los grupos de la oposición lograron consensuar un acuerdo de mínimos basado en un escrito previo presentado por el PSOE. El dictamen final de la comisión contó con el visto bueno de los propios socialistas, Unidos Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto -representado por el PDeCAT-. Ciudadanos decidió desligarse sobre la bocina y se abstuvo al detectar únicamente “dejación de funciones” e “incompetencia” en los exresponsables de Interior. Por el contrario, el PP pulsó el botón rojo al considerar la comisión como “un paripé”. Los populares, de hecho, anunciaron su intención de presentar un voto particular.

Las conclusiones de la comisión se elevarán al Pleno del Congreso para su votación a la vuelta de las vacaciones estivales. Dado el equilibrio de fuerzas en el hemiciclo, todo hace presagiar que saldrán adelante. El documento, estructurado en cuatro puntos, considera probada la puesta en marcha de toda una estructura policial específica para satisfacer los objetivos políticos de altos cargos del Ministerio. Entre sus iniciativas más conocidas, destacan la publicación de la supuesta cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias, la redacción delinforme Pisa que alimentó las sospechas sobre la financiación de Podemos por parte del régimen venezolano y la creación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), que elaboró en secreto informes del caso Faisán.

El texto tilda de “inaceptable” y “abuso de poder” el uso partidista de los recursos de Interior. “Quebranta reglas esenciales de la democracia y el Estado de Derecho”, indica. Un punto del documento, no obstante, erige una frontera entre los hechos investigados y la actividad de la Policía española en su conjunto. Esa fue la única cuestión apoyada por el PP, que se mostró muy beligerante ante el desenlace de la comisión. “Jamás hubo operación Catalunya, ni uso partidario de las instituciones, ni nada que se le parezca. Las conclusiones están muy claras: no hay caso, no hay causa y no hay responsabilidad política”, quiso zanjar el portavoz popular en la comisión, el diputado Carlos Rojas.

En cambio, para el presidente del órgano parlamentario, el jeltzale Mikel Legarda, el trabajo de estos cuatro meses ha permitido refutar la hipótesis inicial. “Los motivos que nos llevaron a apoyar la creación de la comisión de investigación han quedado confirmados”, señaló. En todo caso, el diputado del PNV criticó los obstáculos con los que se han encontrado, en especial el envío de papeles por parte de Interior. “La documentación no ha llegado de manera eficiente”, señaló.

La aprobación del dictamen de la comisión pone punto final a un órgano constituido en abril y que ha contado con cinco comparecencias. Los platos fuertes han sido las intervenciones del exministro Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso. Ambos fueron los protagonistas de una grabación en la que se les escuchaba urdir un complot contra dirigentes independentistas catalanes. A ellos se sumaron Ignacio Cosidó, Eugenio Pino y el inspector José Ángel Fuentes Gago.

NO SE ENVIARÁ A LA FISCALÍALas conclusiones no tendrán mayor recorrido que la propia arena parlamentaria. Unidos Podemos, ERC y PDeCAT habían insistido para que la deliberación final fuera remitida a la Fiscalía de forma que se pudieran tener en cuenta posibles responsabilidades penales. El resto de grupos parlamentarios no aceptó esa petición al considerar que el Ministerio Público tiene autonomía suficiente para actuar en caso de que lo considere oportuno. Ante esta negativa, tanto la formación de Pablo Iglesias como los republicanos catalanes anunciaron que presentarán denuncias a título particular.


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