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El PDeCAT denuncia el uso de una “policía política”

Acusa al exministro Fernández Díaz de hacer una utilización “partidista” de Interior y a Rajoy, de conocer esas “ilegalidades”

Martes, 18 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Donostia- El PDeCAT apunta al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz como responsable del uso “partidista” de los recursos públicos del Ministerio pero también señala al propio presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, como conocedor de las actuaciones “ilegales” gestionadas en ese departamento, singularmente las que han venido operando bajo la llamada Operación Cataluña.

Así lo expone en su propuesta de conclusiones de la comisión de investigación sobre el supuesto uso político del Ministerio del Interior bajo el mandato de Fernández Díaz que defenderá este jueves en el citado órgano, que se reunirá para tratar de cerrar el correspondiente dictamen antes de elevarlo al Pleno después del verano.

El PDeCAT concluye que en esa etapa Interior destinó “recursos económicos y humanos a actuar como policía política para generar espacios mediáticos contrarios a los rivales políticos del PP”, y procedió a “generar informaciones falsas y difamaciones”. Entre las mismas, cita informes de la UDEF sobre el expresident Artur Mas y las cuentas falsas en Suiza del exalcalde de Barcelona Xavier Trias. A su juicio, al airear esas informaciones antes de las elecciones catalanas, se podría haber cometido un “delito electoral” y, por ello, propone remitir las conclusiones a la Fiscalía para que analice si este asunto es constitutivo de delito.

Para la formación independentista, el Ministerio del Interior en tiempos de Fernández Díaz mantuvo “una dinámica operativa no democrática, con un funcionamiento en ocasiones parecido al utilizado durante el franquismo”. Agrega que “el objetivo de algunos gastos públicos no era en ningún caso revelar y perseguir posibles casos de corrupción, sino desinformar para difamar y generar un clima mediático destinado a combatir al rival político del Gobierno”.

Recalca que la comisión ha constatado la existencia de “un grave problema” en cuanto a la separación de poderes entre el Gobierno y la Fiscalía y respecto de las competencias entre administraciones, y denuncia por último el uso de recursos públicos para “comprar” información a posibles testigos. - E. P.


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