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Cartas a la Dirección

Altsasu: la venganza infinita

César Manzanos Bilbao, Doctor en Sociología, Profesor en la UPV/EHU y miembro de Salhaketa - Martes, 18 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:11h

No hace falta ser máster en Política Criminal para saber que las acusaciones en el caso de Altsasu, por las que la Fiscalía solicita penas tan desproporcionadas, responde a criterios que nada tienen que ver con administrar justicia. Por cierto, ¿no es esta la misma Fiscalía que no investiga las muertes por motivos no naturales o las denuncias por malos tratos y torturas, cuando las personas detenidas o presas están sometidas a la custodia de funcionarios policiales o de prisiones?

Los delitos tipificados no se los cree ni la Guardia Civil. En su momento, salieron al paso, tratando de contrarrestar algunos de los argumentos que las empresas mediáticas privadas y estatales esgrimieron, interpretando los hechos a su antojo.

El posible uso político de la Fiscalía, en este caso, puede responder a diversos propósitos. Buscar la reacción de determinados partidos que denuncien tal disparate y así pierdan adeptos por apoyar a “vascos sospechosos de terrorismo y supuestos agresores a la sacrosanta Policía”. Mantener la situación de bloqueo en el proceso de pacificación continuando así los partidos hegemónicos en su “zona de confort”. Convertir el sufrimiento de familiares e inculpados en una ceremonia de degradación, desviando la atención sobre asuntos que restan legitimidad y credibilidad al Gobierno de España.

Sean estas u otras las intenciones, no nos desanimemos. Hacer visible esta perversión, sumarnos a las movilizaciones, desmontar sus pérfidos argumentos, resulta clave para que el coste político de sus acusaciones, sea mayor que los beneficios que les pueda rentar su lógica de mercantilización de la conflictividad.

¡Ah!, no nos olvidemos. Los deseos de venganza son como tomarse un veneno y querer que se muera el otro y, al igual que el ánimo de lucro, son insaciables. En eso consiste la esencia del sistema punitivo edificado sobre la justicia vengativa al servicio de intereses económicos y políticos. De eso sabe mucho el Reino de España, quien se autodenomina “Estado social y democrático de derecho” y tras esa etiqueta fraudulenta se oculta el “Estado Guerra, Penal o Policial”, respondiendo a la esencia de su génesis histórica: ser una maquinaria recaudatoria de impuestos y de disciplinamiento social al servicio del capital.


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