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intenso debate político

Los gobiernos vasco y navarro critican la “desproporción” del fiscal del ‘caso Altsasu’

La Asociación Unificada de Guardias Civiles pide que caiga “todo el peso de la ley” sobre los ocho jóvenes acusados

Míriam Vázquez - Jueves, 6 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:12h

Garbiñe Aranburu (LAB), Raúl Arza (UGT), "Txiki"Muñoz (ELA) y Agus Hernán (Foro Social), en la cita de ayer.

Garbiñe Aranburu (LAB), Raúl Arza (UGT), "Txiki"Muñoz (ELA) y Agus Hernán (Foro Social), en la cita de ayer. (Oskar González)

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Garbiñe Aranburu (LAB), Raúl Arza (UGT), "Txiki"Muñoz (ELA) y Agus Hernán (Foro Social), en la cita de ayer.

Donostia- Desde que la Audiencia Nacional asumió la competencia para juzgar a ocho jóvenes por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu, ha surgido un intenso debate político para cuestionar que los hechos fuesen efectivamente un acto de terrorismo y para reivindicar que, con independencia de que la agresión sea condenable, no va más allá de una pelea de bar a altas horas de la madrugada. La controversia política se agravó ayer, después de que el fiscal José Perals solicitara penas elevadas para los ocho jóvenes. Uno de ellos se enfrenta a 62 años y medio de cárcel, para otros seis pide cincuenta años, y para otra implicada solicita doce años y medio. A todos ellos se les imputan delitos de amenazas y lesiones terroristas. Este último hito en la investigación del caso provocó ayer dos reacciones de máximo nivel. Los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Nafarroa consideraron ayer que esas penas son excesivas y desproporcionadas, y pidieron que el caso se salde con mesura. Estos pronunciamientos institucionales se suman a la decisión que tomó en su momento la Audiencia Provincial navarra, que dictaminó que el caso no debería ser juzgado en la Audiencia Nacional porque, para hablar de un delito de terrorismo, los hechos deben destacar por su gravedad y por el alcance de las lesiones infligidas.

El Gobierno navarro aseguró ayer por boca de su portavoz, María Solana, que “no comparte” la petición del fiscal, y que el caso debería ser juzgado en Iruñea. El Ejecutivo de Uxue Barkos no entiende los hechos como un delito de terrorismo, aunque sigue considerando que la agresión en sí misma es rechazable. De hecho, la presidenta navarra se desplazó al hospital cuando se produjo el altercado para visitar al guardia civil que estaba siendo atendido por su lesión, para interesarse por su estado y ponerse a su disposición. Sin embargo, esa condena de los hechos viene acompañada por la puntualización de que, a juicio del Gobierno navarro, no sería un caso de terrorismo. Ayer mismo abordó el asunto en la reunión semanal de los consejeros. “Se ha hablado de desproporción y se ha dicho que no se compartía esa estimación. Por lo tanto, el Gobierno tampoco comparte la petición de la Fiscalía”, sentenció Solana. El Gobierno navarro pedirá al Ministerio del Interior que levante las medidas extraordinarias de aislamiento y separación impuestas a los jóvenes en prisión provisional.

Desde el Gobierno Vasco, el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, declaró ayer que “se identifica” con el posicionamiento de las instituciones navarras y la Audiencia Provincial”. Por ello, pidió que “impere el sentido de la proporcionalidad, por el bien de todas las partes”.

Los hechos se remontan al 15 de octubre del pasado año. Bien entrada la madrugada, en un bar de Altsasu, se produjo el enfrentamiento entre los jóvenes y dos guardias civiles de paisano, que se encontraban en compañía de sus parejas. Como resultado de la trifulca, uno de los guardias civiles fue operado del tobillo, mientras el resto de sus acompañantes tuvo lesiones de menor alcance que no necesitaron mayores atenciones. Por estos hechos, el fiscal pide decenas de años de cárcel. Otorga a los hechos la consideración de delito de terrorismo, aunque se produjeran tras el cese definitivo de la actividad armada de ETA. El fiscal argumenta que no es un caso aislado ni una simple pelea de bar, sino una agresión que se enmarca en la campaña de hostigamiento de la izquierda abertzale contra las Fuerzas de Seguridad del Estado para que abandonen Euskadi. A su juicio, la campaña Alde Hemendik sigue vigente a pesar del cese de ETA porque la izquierda abertzale mantiene su presión social para que se produzca la retirada de la Guardia Civil, y los acusados pretendían infundir “terror” a los agredidos en ese mismo contexto.

Este caso sirve también para poner el foco político en la última reforma del Código Penal, aprobada durante la pasada legislatura por el auge del yihadismo. En esa reforma se incluía un apartado, el 573, que reformulaba el concepto de terrorismo y lo volvía a poner de actualidad tras el cese de ETA. La intención era adaptarlo a la amenaza yihadista, pero en la práctica fue tan amplio que incluso los soberanistas catalanes se dieron por aludidos, interpretando que podía usarse contra el procéspor sus límites difusos. En ámbitos jurídicos se señala que este artículo puede provocar situaciones de inseguridad jurídica en casos como el de Altsasu.

La lectura que hace la Asociación Unificada de Guardias Civiles es otra. Esta asociación, la mayoritaria dentro del Cuerpo y que se encuentra personada como acusación popular en el caso, cerró filas con el fiscal y pidió que caiga todo el peso de la ley sobre los jóvenes. A su juicio, los hechos se enmarcan “dentro de la estrategia de ETA y su entorno para expulsar del País Vasco y Navarra a las Fuerzas de Seguridad del Estado”. “Confiamos en que la justicia caiga con todo su peso sobre estas personas que supuestamente materializaron en forma de graves agresiones el acoso y persecución al que se somete a diario a cientos de trabajadores del Cuerpo en determinadas localidades”, dijeron.

Por otra parte, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E presentaron ayer una declaración institucional para su debate en la Junta de Portavoces del Parlamento navarro en la que discrepan con la petición del fiscal por considerarla desproporcionada. “El delito que se cometió por parte de estos jóvenes ese día no entra dentro de lo que entendemos que puede ser calificado como terrorismo”, dijo el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez. Desde EH Bildu, Adolfo Araiz habló de “aberración jurídica” y de “ánimo vengativo”. Desde UPN y PP, por su parte, se escudaron en la separación de poderes. El presidente de la ejecutiva navarra del PNV, Unai Hualde, por su parte, aseguró ayer que la justicia española es una “vergüenza internacional”.

las familias sienten “miedo”Los familiares de los ocho jóvenes comparecieron ayer ante la prensa para denunciar la “desproporción absoluta” del fiscal y asegurar que sienten “miedo, desamparo y total desconfianza”. “Delitos muchísimo más graves, como homicidios, violaciones en grupo, violencia de género o infanticidios reciben unas penas considerablemente menores”, argumentaron. Los allegados de los jóvenes acusados detectan “una sobreactuación judicial” y una “utilización extensiva del delito de terrorismo”, lo cual “vulnera el principio de legalidad y el derecho a un juicio justo”. Llamaron a participar en las movilizaciones de mañana en Altsasu para mostrar su solidaridad.


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