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Editorial

Un dislate tras otro

La petición de penas que suman 375 años de cárcel para los acusados de la agresión a dos guardias civiles en Altsasu es una desmesura fiscal consecuencia de otra judicial y de una legislación anacrónica

Jueves, 6 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:12h

La petición por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de penas que suman 375 años de prisión para las ocho personas acusadas de agredir en Altsasu a dos guardias civiles y a sus parejas el pasado 15 de octubre es jurídicamente desmesurada desde que se sustenta en una interpretación forzada no ya de los hechos, siempre reprobables, sino de la intención de los mismos, que el Ministerio Público liga a ETA a través de otorgar a esta la paternidad desde 1976 de la campaña Alde Hemendik , en la que enmarca el altercado nocturno en un bar. El despropósito es asimismo consecuencia de otro, puesto que la causa se dirime en un juzgado de excepción como la Audiencia Nacional y en el contexto de una modificación del Código Penal aprobada por la mayoría absoluta del PP y denunciada por organismos internacionales como la ONU. Y también de un tercer dislate, ya que la Fiscalía eleva a su máxima graduación una lectura de la jueza instructora del caso que en su motivación llega a establecer un vínculo entre la referida campaña y EH Bildu y Sortu, como si esas siglas no fueran legales y sus miembros no integrasen las instituciones. Un disparate, en definitiva, que ratifica que este procedimiento constituye un flagrante anacronismo doctrinal, pues reactiva la infausta teoría del “todo es ETA”,y una causa extemporánea al basarse la acusación en la supuesta coincidencia de propósitos con una organización ya desarmada que anunció su cese definitivo en octubre de 2011, es decir, un lustro antes de la agresión que se juzga. De hecho, la Sección Primera de la Audiencia de Navarra no vislumbró los delitos que enumera la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sino uno posible de atentado contra la autoridad, que pese a ser evidente objeto de repulsa, a juicio del tribunal que lo estudió en primera instancia -hasta que el Supremo dictaminó la competencia de la AN- no reviste alcance como para amparar una tipificación de terrorismo por cuanto carece de la intención de generar un estado de terror o de subvertir el orden constitucional. Todo ello es, sin embargo, soslayado en la Audiencia Nacional, con la Fiscalía sumada al despropósito de banalizar la actividad terrorista mientras se criminaliza a todo un pueblo, Altsasu, por unos execrables hechos que lo mismo que nunca debieron ocurrir tampoco deberían nunca deparar tan desproporcionadas consecuencias.


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