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Editorial

Ochenta y ocho días

El procés catalán parece acelerarse y al Estado español le quedan menos de tres meses para decidir si perpetúa el choque de diferentes legalidades y legitimidades con imposición o lo solventa con democracia

Miércoles, 5 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:12h

La crisis de gobierno con el cese el lunes por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, del conseller Jordi Baget a raíz de unas declaraciones de este poniendo en duda la celebración del referéndum del 1 de octubre y la explicación ayer en la sede del Parlament de las características de la Ley del Referèndum d’Autodeterminació que lo avala e implementa los pasos a seguir en virtud de su resultado evidencian una aceleración del procés en Catalunya cuando quedan 88 días para la convocatoria a los catalanes a definir el futuro de su país. Y mientras la Generalitat recorre el camino que impulsa la mayoría parlamentaria soberanista catalana, el Gobierno que preside Rajoy permanece impertérrito en su tancredismo, sin salir de la reiteración de España como expresión única de la soberanía y, en su caso, como ayer la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, la apelación al art. 8 de la Constitución que “encomienda al ejército garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial” sin preguntarse siquiera si ese texto se debe interpretar como prevención de amenazas externas en lugar de como coherción a las aspiraciones de las nacionalidades históricas recogidas en la Carta Magna. En todo caso, la (falta de) actitud del Gobierno y las instituciones del Estado -el Congreso no ha contestado aún a la carta de Puigdemont pidiendo un debate en las Cortes- y su evitación del diálogo para la celebración del referéndum con base en la legalidad constitucional que lo permitiría anuncia un choque entre la constitucionalidad de lectura única que esgrime el Gobierno Rajoy como inmutable y que Catalunya considera desacreditada desde la intervención del TC en la anulación parcial del Estatut y la legalidad internacional en la que la mayoría soberanista del Parlament fundamenta la realización del referéndum: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (refrendado por el Estado en 1977), la resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el derecho de autodeterminación, la resolución 2625 de la ONU o el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá en 1998 sobre el referéndum de independencia de Quebec. En definitiva, al Estado español le quedan 88 días para decidir si perpetúa los problemas derivados de lecturas diferentes de la legalidad por distintas legitimidades mediante imposición o los solventa con democracia.


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