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El papa Francisco pide una “solución pacífica y democrática” para Venezuela

Expresó su cercanía por “las familias que han perdido a sus hijos en la calle” y abogó por una salida “política” a la crisis

Lunes, 3 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

El papa saluda al los fieles congregados en la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus.

El papa saluda al los fieles congregados en la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus. (Foto: Efe)

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El papa saluda al los fieles congregados en la plaza de San Pedro durante el rezo del Ángelus.Un joven manifestante, con un lanzagranadas casero.

Ciudad del Vaticano- El papa Francisco pidió ayer una “solución pacífica y democrática” en Venezuela en una referencia al país latinoamericano con motivo de la próxima conmemoración, el 5 de julio, de su independencia. El pontífice manifestó que reza “por esta querida nación” y expresó su “cercanía a las familias que han perdido a sus hijos en sus manifestaciones en la calle”.

“Hago un llamamiento para que se acabe con la violencia y se encuentre una solución pacífica y democrática a la crisis”, añadió el papa ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro que asistieron al tradicional rezo del Ángelus. “¡Que nuestra señora de Coromoto interceda por Venezuela!”, concluyó el papa, que rezó a continuación un avemaría con los miles de personas que le escuchaban, al hacer alusión a la patrona del país caribeño.

El pasado 8 de junio el papa recibió en el Vaticano a los miembros de la Dirección de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), formada por seis obispos, después de que estos le pidieran audiencia para informarle sobre la situación del país. El Vaticano participó en la fracasada mesa de negociación rechazada por la oposición y el papa ha instado en diferentes ocasiones a resolver la crisis que vive la nación caribeña volviendo a sentarse.

No es la primera vez que el papa se refiere tras el rezo del Ángelus a la situación en Venezuela, pues el pasado 2 de abril hizo un llamamiento a evitar “toda violencia” y abogó por buscar “soluciones políticas” en el país.

boicot opositor a la elecciónMientras, la oposición venezolana se organizaba para tratar de boicotear el proceso electoral para la Asamblea Constituyente. La coalición opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) juramentó ayer a los Comités de Rescate de la Democracia (CRD), formados por grupos de ciudadanos que se encargarán de organizar a sus comunidades para “detener el fraude” de la Constituyente del presidente, Nicolás Maduro.

“Juramos ante Dios y la República respetar y hacer respetar los principios por los cuales se levanta esta nación: independencia, libertad y justicia, y trabajar sin descanso por la reconstrucción de nuestro país”, declaró el diputado Juan Andrés Mejías, como juramento del CRD del municipio capitalino de Baruta.

En el acto, los ciudadanos juraron también “defender la democracia”, “no dejar las calles y resistir lo necesario hasta vencer”. “Juramos desobedecer a quien oprime la nación y liberarla de una vez por todas”, aseguraron. Mejías, en compañía de otros diputados y del alcalde de Baruta, el opositor Gerardo Blyde, aseguró que este acto se estaba realizando en los 355 municipios del país. “En cada rincón del país (...) hay actos como estos, donde venezolanos y venezolanas (...) están juntos con la convicción de que la Constituyente no va”, señaló.

Dirigentes y diputados opositores desde diferentes zonas del país publicaron en las redes sociales imágenes y vídeos con los actos de formación de comités en el interior de Venezuela. Según la oposición, los CRD tienen la tarea de organizar en cada comunidad las “acciones de presión que permitan detener el fraude constituyente”, como parte de las líneas estratégicas que emanen de la MUD, aunque no detallaron si estas acciones serán o no violentas. El Consejo Nacional Electoral venezolano convocó para el próximo 30 de julio las elecciones para escoger a quienes redactarán un nuevo ordenamiento jurídico en el país a través de una Asamblea Nacional Constituyente.

La coalición opositora, en cambio, ha llamado a sus simpatizantes a seguir manifestándose en las calles, a desconocer al Gobierno y a prepararse para impedir que los centros electorales sean usados “para un fraude” el 30 de julio.

cárcel para el sabotajeEl Ejecutivo, por su parte, ha advertido de que cualquier sabotaje del proceso electoral será castigado con la cárcel, mientras que el Poder Electoral ha pedido aumentar las medidas de seguridad para ese día.

Por su parte, el defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, negó ayer que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya ampliado sus atribuciones en la sentencia que emitió el pasado martes donde explica las competencias de ese organismo, y dijo que hacer esa afirmación es una “infamia”.

“Me vi obligado por las propias circunstancias a solicitarle a la Sala Constitucional que aclarara una serie de derechos (...) en función de nuestras atribuciones”, pero decir que le quitaron “competencias al Ministerio Público (MP) es una infamia”, aseguró en una entrevista con la cadena estatal de televisión VTV.

Saab afirmó que funcionarios de la Fiscalía les negaban a los defensores que participaran o presenciaran actividades propias de investigaciones donde se presumía la violación de Derechos Humanos, participación que por ley le compete a su despacho, precisó. “¿Cómo le vas a decir, por más fiscal que seas con competencia nacional, a un funcionario policial: mire, retire a ese delegado de la Defensoría porque no puede presenciar la autopsia? Nunca lograron desalojar a ningún funcionario nuestro, pero estaba esa actitud (...) hasta obstaculizadora y negativa”, agregó. El defensor explicó que esta actitud data del año 2000 cuando se creó la Defensoría del Pueblo y que se convirtió “en una especie de costumbre”. El Supremo de Venezuela emitió el pasado martes una sentencia “aclaratoria” en la que señala que el defensor del Pueblo puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el MP y solicitar la realización de análisis forenses, entre otras atribuciones.

La decisión surge a solicitud de una “aclaratoria” del defensor y después de que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, haya cuestionado la actuación de la fiscal general, Luisa Ortega. - Efe


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