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El juzgado especializado en cláusulas suelo desborda las previsiones en Gipuzkoa

La entrada de 131 asuntos duplica los cálculos iniciales y obliga a dos juezas a aunar criterios para repartirse la “enorme carga de trabajo”

La maquinaria judicial se pone en marcha mañana y las primeras sentencias se esperan para octubre

Jorge Napal - Domingo, 2 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

La magistrada jueza Eva Cerón en su despacho, donde acumula las demandas de los ciudadanos.

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La magistrada jueza Eva Cerón en su despacho, donde acumula las demandas de los ciudadanos.

donostia- La maquinaria judicial para responder a las demandas vinculadas a las cláusulas suelo comienza a andar en Gipuzkoa. El juzgado que centraliza todos los asuntos en el territorio ha recibido, a fecha de 28 de junio, un total de 131 demandas, lo que ha desbordado las previsiones, puesto que se ha duplicado así el número de procedimientos. “Salvo que haya avalancha y se nos compliquen las cosas, va a haber una respuesta rápida y en diez o quince días el ciudadano va a tener ya la sentencia”, avanza Eva Cerón Ripoll.

Ella es la magistrada jueza del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Donostia que, tras presentarse voluntaria, ha sido designada para asumir la especialización de las cláusulas suelo en el territorio. La mesa de su despacho está a rebosar. Algunas estimaciones hablan de que la cifra total podría rondar en Gipuzkoa los 900 casos. Todas las demandas del territorio, tal y como ha decretado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se centralizan aquí.

La dotación de medios materiales y personales corresponde a las Comunidades Autónomas, por lo que el Gobierno Vasco ha tenido que asumir el coste extra del plan de urgencia aprobado el pasado 27 de mayo por el CGPJ, por el que se crearon 54 juzgados en todo el Estado para resolver los litigios de las cláusulas suelo.

El juzgado que centraliza en Gipuzkoa todas las demandas no goza por el momento de exención de reparto. Es decir, la magistrada no ha sido liberada de carga de trabajo. De ahí que el Gobierno Vasco, a través de la directora de la Administración de Justicia, María Isabel Gabriel Bellido, haya facilitado dos funcionarias y una jueza en prácticas de refuerzo que se incorpora mañana, con lo cual se pone en marcha toda la maquinaria judicial.

La entrada de las numerosas demandas por cláusulas suelo ha obligado a las dos juezas a aunar criterios para repartirse la enorme carga de trabajo que les espera. Con ese fin, la agenda judicial ha sido modificada y se ha habilitado un día específico de la semana (el jueves) para dedicarlo a estos asuntos, en el que ambas juezas se ocuparán de las vistas. Un trabajo añadido que se suma a la litigiosidad tan disparada que ya de por sí se viene registrando desde que se redujeron las tasas. A estas alturas del año, esta jueza lleva firmadas 50 sentencias más que el pasado.

Acuerdos extrajudicialesLa puesta en marcha de estos nuevos órganos judiciales coincide con el fin del plazo de tres meses dado por el Gobierno para alcanzar acuerdos extrajudiciales con las entidades bancarias, un mecanismo que ha fracasado por completo y que no va a evitar la llegada masiva de procedimientos hasta la sede judicial. Jueces y abogados esperan una avalancha de demandas ante los tribunales en la que los clientes solicitarán la devolución de lo cobrado después de que las entidades les estén denegando esas mismas peticiones.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico afirman que “hay una preferencia por los tribunales porque los afectados desconfían del resultado del mecanismo con los bancos y confían más en la resolución judicial”. Las entidades son reacias a facilitar datos sobre el volumen de reclamaciones presentadas y mucho menos del resultado. Sin embargo, algunas reconocen en privado que pactan con el cliente en alrededor del 25% de los casos.

Los bancos se quejan de que algunos bufetes de abogados -especialmente los que más publicidad hacen- recomiendan a sus clientes abandonar la vía del mecanismo de resolución extrajudicial y optar directamente por la demanda. Es lo que están haciendo cada vez más afectados.

Los criterios de seguimiento entre el CGPJ y las Comunidades Autónomas van a ser mensuales. El Gobierno Vasco se está ajustando a los registros de entrada y la eventual necesidad de proporcionar más medios materiales. “Empezó por goteo pero hay rumores de que se espera un aluvión. La previsión que tenemos es que las demandas se van a disparar, pero estamos tranquilas porque el Gobierno Vasco, con esos seguimientos mensuales que está haciendo para ajustarse a la realidad, nos ha garantizado que no nos van a faltar medios personales ni materiales”, confía la magistrada jueza del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Donostia.

Las demandas se ventilarán por la vía del juicio ordinario, con una primera parte escrita y otra oral, estableciendo un periodo de veinte días para contestar cada uno de los asuntos. Transcurrido ese tiempo se convocará a las partes a una audiencia previa, lo que se conoce como vistilla, para poder alcanzar un acuerdo. “Estamos ya en julio y todavía no se han podido señalar las audiencias previas. Tan pronto como se fijen, se establecerá un plazo de unos quince días para compatibilizar las agendas de los letrados. Hacia finales de septiembre se empezarán a celebrar los primeros juicios, y las primeras sentencias se esperan para octubre”, avanza la magistrada.

“Vicios” del consentimientoLos demandantes solicitan la nulidad “por vicios del consentimiento de las cláusulas”. Estas benefician a la entidad bancaria y perjudican al particular que ha solicitado el préstamo, ya que cuando los tipos bajan o el interés es negativo la cláusula impide que se traslade a la cuota mensual.

En España se declaró la nulidad y carácter abusivo de las cláusulas por sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, si bien limitaba la devolución de las cantidades ilegalmente cobradas por los bancos desde la fecha de la sentencia.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó, en sentencia inapelable de 21 de diciembre de 2016 en contra de la limitación de la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo, por lo que los bancos y cajas de ahorro están obligados a devolver todo el dinero cobrado ilegalmente desde la firma de la hipoteca inmobiliaria para la adquisición de la vivienda.

La jueza Cerón explica que los demandantes también solicitan la nulidad de los gastos derivados de la notaría, del Registro de la Propiedad y del Impuesto de actos jurídicos documentados. “La mayoría están fructificando. No puedo anticipar cuál va a ser el resultado, pero se va a tramitar lo más rápido posible respetando los trámites procesales, y se va a dar una respuesta al ciudadano, que es lo que necesita para saber a qué tiene que atenerse. El ciudadano necesita saber si los gastos de notaría, el registro de la propiedad o los intereses de las cláusulas suelo han sido abusivos, y necesita que se los reintegren. Sobre todo, por la satisfacción de decir que cuando firmó eso no sabía lo que firmaba”.

Dependiendo de la cuantía que reclamen los afectados -cuando son cantidades superiores a 3.000 euros- las demandas son susceptibles de ser recurridas en apelación, con lo cual la sentencia no sería todavía firme, aunque los ciudadanos tendrían ya a partir de ese momento una primera respuesta judicial.

cláusulas suelo

Qué son. Establecidas en los contratos de préstamo hipotecario a tipo variable, señalan un tipo de interés mínimo fijo con el objeto de impedir que las y los clientes puedan beneficiarse de una reducción de los tipos por debajo de ese porcentaje.

Fallos judiciales. El Tribunal Supremo las declaró abusivas y nulas, pero solo obligaba a devolver el dinero desde la fecha de la resolución judicial. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sin embargo, en su sentencia de 21 de diciembre de 2016, descarta este límite temporal e impone el deber de reintegrar también las cuantías anteriores.

Recursos. El juzgado de Primera Instancia nº 8 de Donostia se ha reforzado con un juez y dos funcionarios.

la cifra

900

Casos. Cifra aproximada de demandas que se esperan en Gipuzkoa, según el TSJPV.


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