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Editorial

Pensiones a crédito

El Gobierno Rajoy busca evitar las críticas por agotar el Fondo de Reserva, no preservar este, y solo pospone el problema de la sostenibilidad del sistema, lo que permite cuestionar el pretendido concepto de “caja única”

Viernes, 30 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:02h

La aprobación por el Consejo de Ministros del Gobierno español de la concesión de un crédito de 10.192 millones de euros por el Tesoro Público a la Seguridad Social con el fin de asegurar el abono de las pensiones y hacer frente a la pagas extraordinarias de los pensionistas en 2017 elude agotar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha reducido de los 66.000 millones de euros que poseía antes de la crisis a los 15.116 de la actualidad. Ahora bien, la traslación del importe de las pensiones, al menos en parte, a los presupuestos del Estado, siquiera vía crédito, no supone en realidad un cambio de criterio del Gobierno, que busca más evitarse las seguras críticas por acabar con el Fondo de Reserva que preservar este. De hecho, el Gobierno Rajoy volverá a echar mano del mismo -extrayendo 3.514 millones- para abonar, junto con 5.986 millones provenientes del crédito, los 9.500 que precisará el sistema de pensiones en el mes de julio, dejando el fondo de reserva en 11.602 millones que, pese a que seguramente se verán reducidos de nuevo en diciembre, permitirían maquillar un nuevo déficit al final del ejercicio. La concesión del crédito, al que la Seguridad Social deberá hacer frente en diez años, no hace por tanto sino posponer el problema y camuflar el enorme efecto que la precariedad en el empleo tiene en el volumen de las cotizaciones, que además merman al ser convertidas por el Gobierno en herramienta de la subvención a la contratación, y por tanto en la sostenibilidad de las pensiones. Porque la regulación del mercado laboral a través del sistema de pensiones, mediante prejubilaciones en tiempos de bonanza y subvención de los contratos a costa del mismo en épocas de crisis, solo es posible de mantener a través de la intervención vía presupuestos y, en ese caso, la distinta aportación a los mismos dejaría en evidencia el falso concepto de “caja única” que los gobiernos del Estado siempre han pretendido defender. Lo que llevaría a la pregunta de por qué Euskadi no puede pretender no ya la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que no se ha transferido en 40 años pese a que así lo estipula el Estatuto de Gernika, sino su particular sistema de pensiones, siquiera mixto, con sus propias aportaciones tributarias, incluyendo la recaudación de cuotas y el control de las mismas.


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