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Quosque tandem...!

La fiabilidad de Rajoy

Por Carlos Etxeberri - Domingo, 11 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:09h

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Está claro que el Gobierno de Mariano Rajoy es poco fiable y que actúa a salto de mata firmando lo que se le ponga encima de la mesa con tal de mantenerse en el poder y dejando el cumplimiento de los compromisos adquiridos al albur de las circunstancias y de las conveniencias políticas del momento. Es la picaresca y tramposa manera de hacer política que practica el PP y, por ende, los partidos políticos españoles más preocupados por resolver sus problemas en el corto plazo que por sentar las bases para un escenario estable y sostenible en el tiempo.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se convirtió en el mejor exponente de esta praxis política cuando hace una semana, ante la sorpresa de los asistentes, en una conferencia pronunciada en la Cámara de Gipuzkoa, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que se pueda llevar a efecto la rebaja del peaje eléctrico que sufren las empresas vascas y que, junto con la renovación del Cupo, es uno de los puntos más importantes del acuerdo suscrito entre el PNV y el PP para apoyar los Presupuestos del Estado, que deberán ser aprobados por el Congreso a finales de este mes.

Nadal volvió a echar mano de agentes externos al propio Gobierno como la Comisión Europea o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que, en uso de sus competencias, están valorando si esta rebaja de la factura eléctrica de las empresas vascas para evitar la discriminación competitiva que sufren respecto a las estatales es una ayuda de Estado, en el primer caso, o va en contra de las normas de libre comercio al tiempo que se apela a que sea un organismo independiente el que fije las tarifas, en el segundo. No se entiende que ahora el Gobierno del PP condicione el acuerdo a contar con el plácer de la CE y de la CNMC, cuando sabedor de esta cuestión, apeló a la competencia que tiene el Ejecutivo español en la fijación de los peajes para llegar a un acuerdo con el PNV.

Nadal se escudó en la necesidad de que las dos instituciones emitan un informe favorable para que el Gobierno español pueda reducir la tarifa eléctrica y evitar la posibilidad de que la medida sea declarada ayuda de Estado. Esta es la trampa que quiere poner el Gobierno de Rajoy con el fin de evitar las presiones, -la última hace unos días desde Catalunya-, que está recibiendo por aquellos que consideran que se está realizando un trato de favor a la industria vasca, cuando la medida no solo afecta a Euskadi, sino a empresas de seis comunidades autónomas con lo que, al tratarse de un cambio tarifario en el conjunto del Estado, difícilmente se puede decir que son ayudas estatales.

Este asunto se resuelve de una manera tan simple como es la publicación de un decreto por parte del Gobierno español, que tiene potestad para ello, por el que se modifica las tarifas eléctricas para las empresas que se suministran por la red de tensión media de entre 30 y 36 kilovoltios, cuyo enganche es bastante más caro que la de 44 y 66 kilovoltios existente en el conjunto del Estado. Estamos hablando de un ahorro de unos 50 millones de euros que deberán sustraerse de los ingresos de los Presupuestos del Estado de 2018.

Esta cuestión es una de las prioritarias del acuerdo suscrito hace algo más de un mes entre el PNV y el PP, con lo que cualquier dilación en la reforma tarifaria eléctrica que pretenda Rajoy, en consonancia con lo dicho por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, debería suponer el voto contrario de los cinco diputados jeltzales a los Presupuestos del Estado y, por lo tanto, el rechazo por parte del Congreso al no conseguir la mayoría de los apoyos necesarios.

La amenaza es clara según afirman en el PNV porque no es la primera vez que el Gobierno de Rajoy ha incumplido los acuerdos firmados con los jeltzales como el que se produjo en el año 2014, cuando los diputados nacionalistas apoyaron la reforma eléctrica impulsada por el dimitido ministro de Industria, José Manuel Soria, a cambio de la reducción de un 5% de la factura eléctrica. Nuevamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) volvió a oponerse por entender que contravenía el marco jurídico y porque se podría producir un aumento del precio en el Estado o un déficit de tarifa, con lo que el acuerdo se cumplió parcialmente.

Esta es una prueba más de la indefinición histórica en la que se está moviendo la política energética del PP, que, a día de hoy, sigue manteniendo la inseguridad jurídica en la que se hallan los productores de energía renovable del Estado, al no fijar la tasa de rentabilidad razonable para el quinquenio 2020-2025, cuya revisión debe estar fijada para antes del 2019, como ya ha denunciado la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA). Es falso, en contra de lo que dice Nadal, que se pretenda el abaratamiento de la energía, cuando más del 50% de la tarifa proviene de un mix compuesto por los impuestos del Estado y los peajes fijados para retribuir al transporte y distribución eléctrica. El restante 50% es el coste de la electricidad en el mercado, que en el caso de las energías renovables supone un 10% menos por la reducción de costes estructurales que están teniendo al aumentar la eficiencia de las instalaciones.

La existencia de marcos establecidos dentro de unas líneas estratégicas bien definidas es fundamental para el desarrollo y el progreso de los países por lo que significa de aunar los esfuerzos individuales a favor de un objetivo colectivo determinado. Ese es el auzolan que nos transmitieron nuestros antepasados y que ha hecho que este país sea reconocido mundialmente por su capacidad industrial, su alto nivel tecnológico, el cooperativismo, la gastronomía, las artes plásticas, etc.

Sin embargo ese auzolan que nos caracteriza parece que no se quiere compartir cuando esta semana han coincidido en India una misión institucional y empresarial encabezada por la diputada de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Ainhoa Aizpuru, y una delegación de la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial (SPRI), liderada por su director general, Alex Arriola, con motivo de la inauguración de la planta que la cooperativa guipuzcoana Ampo ha instalado en Coimbatore.

Salvo la coincidencia en el acto de inauguración de esta nueva factoría, -en la que curiosamente, el director general de la SPRI asistió como representante del Gobierno Vasco, cuando en el mismo acto se hallaba la diputada de Promoción Económica de Gipuzkoa, que tiene un mayor peso institucional y político que el responsable de una sociedad pública, aunque pertenezca al Ejecutivo de Gasteiz-, cada una de las delegaciones han realizado por separado su propio plan de visitas institucionales y a empresas vascas instaladas en ese país, en lo que parece un contrasentido tanto de formas, en lo que se refiere a la existencia de duplicidades de todo tipo a la hora de afrontar la internacionalización de nuestras empresas, como de fondo, en lo que se refiere al modelo de país que algunos pretenden establecer.

La misión liderada por Aizpuru, estaba organizada en colaboración con la Cámara de Gipuzkoa, y contaba con la presencia de ocho empresas guipuzcoanas que buscan nuevas oportunidades de negocio en India, fundamentalmente, en sectores como fabricación avanzada y movilidad eléctrica, mientras que la encabezada por Arriola, estaba compuesta por responsables de la SPRI y se ha centrado en visitas institucionales y a compañías vascas instaladas en India.

Pero lo más llamativo de la cuestión es que Arriola ha mantenido contactos con el Center for Development of Advance Computing (CDAC), que es una entidad del Gobierno indio destinada a la digitalización de la administración pública y la ciberseguridad, y con la compañía Wipro, una multinacional india de servicios de consultoría de seguridad informática, en relación con el centro de ciberseguridad que quiere poner en marcha en Gobierno Vasco, cuando la Diputación de Gipuzkoa lleva mucho tiempo y con anterioridad a que se conocieran los planes del Ejecutivo de Gasteiz en un proyecto de este tipo de apoyo a las empresas. La pregunta que hay que hacerse es por qué en esa reunión no participó la diputada foral de Desarrollo Económico cuando, curiosamente, se encontraba en el mismo país. A qué se debe esta especie de competencia por una infraestructura en la que todas las instituciones deberían remar en la misma dirección y apoyando a los impulsores de una iniciativa que surge en Gipuzkoa, porque es en este territorio donde están las empresas más importantes de seguridad informática de Euskadi.

De la misma forma, alguien deberá de responder de manera creíble por qué la nueva Asociación de Industrias del Conocimiento y Tecnología Gaia, que se ha creado con la integración del clúster vasco de Electrónica, Informática y Telecomunicaciones del mismo nombre y la Asociación Vasca de Empresas de Ingeniería y Consultoría (AVIC), va a mantener las sedes de las dos entidades fusionadas en Donostia y Bilbao, respectivamente, cuando la agrupación de las empresas TICS tiene más socios, un total de 254 frente a 34, -la mayoría de ellos guipuzcoanos y, salvo Euskaltel, con mayor peso en el sector-, da trabajo a 11.447 personas contra 7.329 de las consultoras y factura 3.536 millones de euros respecto a los 1.266 millones de AVIC, de la que, curiosamente, un tercio de sus asociadas proceden de este territorio.

De la misma forma tampoco se explica cómo la entidad resultante de la fusión cuenta con dos presidencias, una por cada asociación absorbida, cuando en el artículo 14 de los estatutos para iniciar la integración se recoge una única presidencia. El hecho de que la asamblea extraordinaria que aprobó la fusión se celebrase este viernes en las instalaciones de San Mames Barria en Bilbao ya es premonitorio, por lo que significa de símbolo del esencialismo vizcaino, del lugar hacia donde va a escorar el nuevo clúster. En el pasado hemos visto cómo ha terminado el supuesto mantenimiento de dos sedes de una misma entidad, como en el caso de Tecnalia. Cuestión de tiempo.


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