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Catalunya y madrid inician el pulso del referéndum

Puigdemont preguntará el 1 de octubre a los catalanes si quieren una república independiente pero evita avanzar detalles por escrito, y Madrid espera su decreto para recurrirlo “todo” al Constitucional

Míriam Vázquez - Sábado, 10 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:13h

donostia- Carles Puigdemont pulsó ayer el botón rojo de la desconexión catalana por la vía unilateral. Tras los intentos infructuosos de acordar una consulta con el Estado español, el president compareció arropado por los miembros de su gobierno y por parlamentarios de Junts pel Sí y sus socios de la CUP para desvelar la fecha y la pregunta del referéndum de independencia, un plebiscito que se va a convocar sin la autorización de Madrid. “¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?” será la pregunta que están llamados a responder los catalanes el 1 de octubre. La alusión a la república se antoja una cesión a la CUP y ERC. La antigua Convergència hubiera preferido evitar los calificativos al nuevo Estado para no dar sesgo ideológico a la pregunta, aunque no es un detalle que haya provocado tensiones. La consulta tendrá lugar tres semanas después de la Diada del 11 de septiembre, una jornada relevante para la movilización independentista.

Hasta ahí llegó el anuncio de ayer. En el Govern son conscientes de que Madrid los espera con las espadas en alto para intervenir en cualquier momento y evitar que la consulta tenga lugar. Por ello, prefieren guardarse sus cartas. El president no firmó ningún decreto que pudiera ser recurrido ante los tribunales, ni explicó qué cobertura jurídica va a tener el referéndum, qué garantías ofrecerá a los funcionarios para que no se enfrenten a una sanción del Estado, o qué avales internacionales podría obtener la consulta, un último punto que no pinta demasiado bien para los intereses del Govern porque la Unión Europea no quiere implicarse. Esta ausencia de detalles es una de las razones por las cuales Podemos y los comunes no acaban de sumarse al referéndum. Lo interpretan como una falta de garantías jurídicas, aunque ayer puntualizaron que tampoco van a oponerse al derecho a decidir.

Puigdemont se centró en explicar cómo ha llegado Catalunya a este punto. Dibujó un recorrido de portazos al territorio, que ha llegado a la traumática conclusión de que el diálogo no garantiza la solución y no le queda otra que recurrir a la vía unilateral. Se remontó a la época en que la Generalitat planteaba demandas más prosaicas, como un nuevo Estatut, que fue pactado con España y recortado por el Tribunal Constitucional. “Todas nuestras propuestas han sido rechazadas o recortadas. Venimos de una larga colección de noes”, dijo. Tampoco ha sido posible acordar un referéndum con Rajoy porque, según dijo, ha respondido con un “no quiero”. Por ello, apoyándose en los mandatos del Parlament, invocó el “derecho de autodeterminación” que asiste a una “nación milenaria”, y aclaró que su gobierno se compromete a aplicar el resultado del referéndum. Planteó el derecho a decidir como una cuestión democrática, y llamó a participar pero sin pedir el sí a la independencia.

En el patio de la Generalitat, estuvo flanqueado por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y por el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, de ERC. Junqueras pronunció un discurso crítico contra un Estado que “fabrica pruebas falsas”, escatima inversiones en Catalunya y ha dejado en crisis el sistema de pensiones.

El planteamiento de los soberanistas consiste en aprobar las leyes de desconexión en el Parlament durante la segunda quincena de agosto, porque con esas normas pretenden sustituir la legalidad española por una nueva legalidad catalana, y en virtud de ese marco jurídico la consulta sería válida. Todo apunta a que la firma del decreto, por tanto, tendrá lugar en agosto. El contenido de las leyes es confidencial y se mantiene en riguroso secreto para evitar el veto del Estado, aunque han circulado algunas filtraciones a las que el Govern no da crédito. Se especula con que la firma del decreto la protagonice todo el Govern, e incluso por los parlamentarios soberanistas, para asumir solidariamente la responsabilidad.

Mientras tanto, el Gobierno español dejó correr el anuncio de ayer porque no puede actuar contra una declaración de intenciones. Sin embargo, avisó de que recurrirá todos los decretos y decisiones jurídicas que se aprueben de ahora en adelante. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, admitió que no cabe impugnar una “declaración de voluntad”, y el portavoz Íñigo Méndez de Vigo se expresó en la misma clave para rematar con un aviso: “Espero que no se firme ese decreto de convocatoria, porque sería ilegal”. El gabinete de Rajoy montará guardia en verano por si el Govern diera algún paso decisivo en agosto. El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, actuará con “toda la energía” si la situación lo requiere.

los recursosEn el Govern asumen que el recurso del Estado llegará, pero intentan demorar ese momento para que los preparativos del referéndum se encuentren avanzados y Madrid no pueda tumbarlo. En cualquier caso, el Gobierno español no tiene solo la opción de recurrir el decreto de convocatoria. Puede recurrir antes (y ya lo ha hecho) las actuaciones relacionadas con los preparativos para estrangular la consulta desde el punto de vista logístico y económico. Está actuando en tres frentes: cortando los fondos del referéndum, complicando el recuento del censo de catalanes en el exterior, y avisando a las empresas que optan al concurso.

A principios de abril, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar las partidas presupuestarias del referéndum cuando admitió a trámite el recurso del Estado. Quedaron congelados 5,8 millones de euros para celebrar procesos electorales y de participación ciudadana. Además, el president y una veintena de cargos de su gobierno quedaron advertidos de que, si no acatan esta suspensión, incurrirán en una responsabilidad penal. El propio tribunal tiene la potestad de inhabilitar a quienes incumplan sus sentencias. Los jueces suspendieron la declaración parlamentaria del 27 de julio de 2016 que abrió la puerta a la vía unilateral y que ha sido el paraguas de todas las actuaciones que han llegado después, y Madrid cree que ese puede ser un agarre para pedir inhabilitaciones en cascada en las próximas semanas.

Las empresas que optan al concurso para fabricar las 8.000 urnas también están bajo sospecha (Plastic Express y la UTE Espai World y Suministros Integrales Futbida). El Gobierno español las avisó el jueves de que las urnas solo pueden usarse para actividades legales. La Fiscalía también ha abierto diligencias sobre la campaña que ha lanzado la Generalitat en medios de comunicación para promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior. Como último recurso si el Govern saca las urnas, Rajoy contempla intervenir parcialmente la autonomía sirviéndose del artículo 155 de la Constitución española.


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