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Un duelo jurídico de primer nivel

La aportación de pruebas se convierte en una dura pugna dialéctica entre Castells e Iruin

Un reportaje de Jorge Napal. Fotografía Gorka Estrada - Miércoles, 7 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

Miguel Castells e Iñigo Iruin, ayer.

Miguel Castells e Iñigo Iruin, ayer.

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Miguel Castells e Iñigo Iruin, ayer.

fue el de ayer un duelo jurídico de primer nivel entre dos letrados apasionados por el ejercicio de su profesión, como Iñigo Iruin, que representa a la madre del menor fallecido, y el prestigioso penalista Miguel Castells, que desde el minuto uno buscó sembrar dudas entre los miembros del jurado. El juicio comenzó poco antes de las 10.00 horas con el trámite de petición de nuevas pruebas, sin la presencia del tribunal del jurado, que entró en la sala dos horas después.

Por momentos fue un debate apasionante, durante el cual Iruin se entregó a fondo para convencer al magistrado Augusto Maeso de la necesidad de incluir como prueba un informe psiquiátrico del doctor José Cabrera que descarta que Julen muriera por un acto suicida o accidente. El magistrado se pronuciará hoy al respecto.

Castells no tardó en contratacar. La aportación de pruebas de inicio del juicio oral se prolongó durante toda la mañana. El letrado de la defensa solicitó que se incluya el testimonio de los vecinos que, al parecer, escucharon “el mismo impacto seco” que su defendido, con el fin de demostrar que en ningún momento ha habido contacto entre ellos. Una prueba que demostraría que Julen cayó de la banqueta tras sufrir el accidente.

Lo que no inadmitió el magistrado fueron dos huchas similares a las encontradas en el lugar de los hechos que fueron aportadas por el abogado de la defensa. Castells consideró que las originales han podido ser manipuladas por la acusación y quiso demostrar la presión que pudo hacer Julen para quitar el tapón, lo que podría haber causado el accidente. También aportó un recorte de una revista local en la que supuestamente un compañero de Julen reflejaba los problemas familiares que podría estar viviendo el menor. Iruin le llegó a acusar de “fraude procesal”. El magistrado no admitió estas dos últimas pruebas.


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