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El ‘caso Gürtel’ se cerrará en cinco meses tras nueve años de investigación

Un excargo de Aguirre declara que le presionaron para pagar a empresas de la trama de Correa

Miércoles, 7 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:10h

DONOSTIA- El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha rechazado prorrogar la instrucción delcaso Gürtel como le había solicitado la Fiscalía Anticorrupción y ha dado cinco meses, en concreto, hasta el 6 de noviembre, para cerrarla. De la Mata justifica esta decisión en un auto en el que recuerda que la instrucción del caso Gürtel se ha prolongado ya nueve años durante los cuales se han abierto nueve piezas. El juez, en contra del criterio de Anticorrupción, entiende que las diligencias que faltan para completar la instrucción pueden practicarse en estos cinco meses. De esas nueve piezas, una de ellas, la de la primera época, ya se está juzgando, mientras que otras procedentes de Valencia están pendientes de que se señale el juicio, por lo que solo quedarían en instrucción las relativas a Boadilla del Monte y Arganda del Rey.

En la sesión de ayer del juicio, un excargo de la Comunidad de Madrid de la época de Esperanza Aguirre testificó que le presionaron para tramitar facturas de empresas de la trama a pesar de ser más caras y que las fraccionaban para evitar concursos públicos. Tomás Criado Martín, que estuvo entre 2004 y 2012 en la Dirección General de la Mujer primero como técnico de apoyo, después como jefe del Área de Planificación y finalmente como subdirector general de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género, recordó que en un momento determinado observaron un “aluvión” de actos que se celebraban en la sede de la Comunidad de Madrid y que para ello tenían que reunirse con el entonces viceconsejero de Presidencia, el acusado Alberto López Viejo, que decía el plan eventos que se iba a celebrar. Criado añadió que a pesar de que los actos que tenían que ver con la mujer se imputaban a su departamento, él no hablaba con las empresas encargadas: “Éramos conscientes de que se estaban fraccionando pero nos obligaban y teníamos que tramitarlas y de vez en cuando recibíamos llamadas para ello”.

El testigo concretó que estas presiones las recibían generalmente de personal relacionado con López Viejo como su exasesor, el también acusado Pedro Rodríguez Pendas, y la entonces jefa de gabinete de la Consejería. Abundó en que “las empresas ya sabían que debían presentar facturas de menos de 12.000 euros para que se pudieran pagar fraccionadas sin convocar concurso público. - N.G.


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