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Ofensiva del PP para bloquear la comisión que investiga su caja B

Amenaza con acudir a los tribunales y reclama en el Congreso que las pesquisas dejen fuera la Gürtel y Púnica

Martes, 6 de Junio de 2017 - Actualizado a las 06:11h

Rajoy, con Martínez-Maíllo, en los pasillos del Congreso.

Rajoy, con Martínez-Maíllo, en los pasillos del Congreso. (Foto: Efe)

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Rajoy, con Martínez-Maíllo, en los pasillos del Congreso.

Donostia- El PP pretende que la comisión de su financiación en el Congreso deje fuera la Gürtel y Púnica y ha amenazado, además, con acudir a los tribunales para intentar paralizar los trabajos parlamentarios sobre su caja B. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, advirtió que su partido no descarta “ninguna opción” porque no piensa aceptar lo que definió como “comisiones de investigación inquisitoriales”.

Un día antes de que la Mesa de la comisión sobre la caja b del PP se reúna en el Congreso para debatir la propuesta del partido de Mariano Rajoy de paralizar el inicio de los trabajos hasta determinar, previo informe de los letrados, el periodo temporal y el ámbito institucional que se pretende investigar, el coordinador general de los popularesrecordó que un tribunal de lo contencioso en Madrid declaró nula la comisión de investigación que Podemos, PSOE y Ciudadanos quisieron poner en marcha en el Ayuntamiento de la capital para investigar toda la gestión del PP en el consistorio por no tener “objeto concreto, sino genérico, vedado a este tipo de comisiones no permanente”.

Los grupos de la oposición no se han puesto de acuerdo sobre el límite temporal en el que situar las pesquisas. Mientas que Unidos Podemos quiere fijar el inicio de la investigación en 1977, con la creación de la marca Alianza Popular, el PSOE y Ciudadanos definían el periodo para comenzar a indagar entre 2004 y 2008.

El PP defiende que la investigación se limite a esta legislatura y como mucho desde 2015, cuando por primera vez se define como delito la financiación ilegal. En caso de que se acepte esta petición, quedaría fuera el grueso de las actuaciones y los contratos correspondientes a los principales casos de corrupción que tienen a los populares contra las cuerdas en los juzgados: Gürtel y Púnica.

“¿Es legal todo esto?” se preguntó Maíllo, quien recordó que la Mesa y los portavoces de la comisión se reúnen hoy, mientras que la comisión lo hace mañana para aprobar un plan de trabajo. El PP espera que para entonces los grupos acuerden esos límites temporales, temáticos y territoriales, porque de no hacerlo, insistió, recurrirán a los tribunales.

El dirigente popular recalcó que ésta es la primera comisión “contra un partido” y el PP no piensa aceptar ni la “inquisición” ni una “causa general” contra la organización. Por eso volvió a insistir en la necesidad de un pacto contra la corrupción, al que el PP se comprometió en su acuerdo con Ciudadanos, y recordó que hay ya una comisión de calidad democrática.

El PP, además, se guarda la carta de la comisión de investigación de la financiación de todos los partidos que, en respuesta a la oposición, ha puesto en marcha en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, y que se formaliza hoy. Maíllo amenazó con llamar a la Cámara Alta a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que declaren.

De hecho, ell plan de trabajo que prepara el grupo popular incluye las comparecencias de los líderes de las demás fuerzas políticas, lo que supone que también podrían pasar por el Senado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Entiende Maíllo que los demás partidos no tendrán inconveniente, “salvo que quieran ocultar algo”, en que se investigue por ejemplo las conexiones de Podemos “con Venezuela e Irán” o que se hable de esa “persona detenida en Burkina Faso”, en alusión a uno de los principales imputados en el caso ERE.

Tanto Podemos como Ciudadanos manifestaron no tener inconveniente en comparecer en la comisión del Senado, pero coincidieron en que el PP es el único partido imputado por presunta financiación ilegal. - N.G.


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